Carlos Ochoa dejó la Asamblea Nacional tras defenderse en el Pleno


Carlos Ochoa, extitular de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), se defendió durante 14 minutos, en el Pleno de la Asamblea Nacional, aunque disponía de tres horas. Esto durante la sesión 504, el 12 de marzo del 2018, en la cual los legisladores tramitaron un juicio político en su contra. 

Empezó asegurando que se dirigía a los ecuatorianos, no a la Asamblea. “He sido convocado por cumplir la ley (de Comunicación), una ley que valga la pena recordar aprobó esta Asamblea, incluso algunos de los que la aprobaron aún ocupan su curúl, ese es mi delito, cumplir con la ley que ustedes aprobaron“, manifestó con tono desafiante. 

Agregó: “Yo no he traicionado a nadie… Concluyo las funciones con la frente en amplio, amplia, en alto, mirándoles a la cara. ¿Pueden ustedes hacer lo mismo? Vuelvo a mi pueblo, al que me debo, como el periodista sencillo y altivo que soy, al que no pudieron amedrentar”.

No estaba previsto que haya un debate acalorado. Los bloques habían acordado por separado votar a favor de la censura política de Ochoa.

La lectura del informe del proceso duró casi tres horas, culminó a las 19:49. El texto contenía 85 páginas.

Ochoa empezó su defensa a las 19:50 y la terminó a las 20:04. El exfuncionario manifestó durante su intervención: “Soy culpable de actuar con mano firme y sentido de justicia para sancionar a medios que ofendían a la gente, a la mujer, de reducir la violencia, de impedir la difusión de imágenes dolorosas y de defender los derechos de las minorías”. 

Además, el exsuperintendente lamentó que antes de escuchar sus argumentos en el proceso interpelatorio, ya se le “declaró culpable”.

El siguiente en hablar en el Pleno fue Fabricio Villamar, asambleísta por Creo-SUMA.  El legislador responsabilizó a Ochoa “de haber incurrido en abuso de autoridad, de implementar un modelo restrictivo de derechos”. 

Villamar agregó que la Asamblea censura a Ochoa “por amedrentar a medios por pensar diferente, violentar los derechos humanos, prepotente y arbitrario”. 

A las 20:42 intervino el asambleísta Homero Castanier, de la misma bancada, en reemplazo de Lourdes Cuesta. El legislador expresó que el exsuperintendente “no solo irrespetó normas constitucionales, los derechos humanos, atribuciones como servidor público, sino también logró beneficios propios como persona natural”. 

Castanier también señaló que Ochoa “actuó con discrecionalidad y permitió que en las sabatinas se expresen más de 170 insultos discriminatorios”. 

A las 21:06 se informó en el Pleno de la Asamblea que Ochoa no se encontraba en la institución. 

El debate se abrió para todos los legisladores. María Mercedes Cuesta, María José Carrión, Mae Montaño, Verónica Arias,  Cristina Reyes, Patricio Donoso y Luis Fernando Torres intervinieron. 

Después se tiene previsto que se vote por la moción de censura. Se necesitan al menos 70 votos para aprobarla.

A las 21:06 se informó en el Pleno que Ochoa dejó la Asamblea. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Tras defenderse Ochoa dejó la Asamblea. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

El miércoles último, el Consejo de Participación transitorio cesó a Ochoa, al ejecutar una sanción de destitución dictada por la Contraloría.

Sin embargo, el control político del Legislativo está vigente hasta un año después de que los funcionarios dejan sus cargos y, en ese lapso, aún se puede aplicar la censura. Esto significa que se responsabiliza políticamente a Ochoa por las irregularidades suscitadas en la Superintendencia.

Una vez destituido -y con una virtual censura política encima- el exfuncionario todavía tiene pendientes dos posibles sanciones: una por su administración en la Supercom y otra por su trabajo en el canal incautado Gamavisión.

En el caso del canal y el examen de Contraloría que devino en su destitución, el exfuncionario todavía no ha logrado desvirtuar dos glosas por USD 122 185. Hasta este domingo se debe concretar si Ochoa tendrá que pagarlas o no.

Además, tiene una denuncia por la presunta falsificación y uso de documento falso. La Supercom, bajo la dirección de Ochoa, imprimió leyes con un error en el articulado. Y con base en este contenido dictó 11 sanciones. La pena estipulada para este tipo de delitos es de cinco a siete años de cárcel.

Ramiro García, abogado que representa a la parte acusadora en ese caso, dijo que todo “está en la cancha de la Fiscalía”. No hay plazo para que la entidad empiece la instrucción fiscal.

La destitución y la censura de Ochoa se concretaron a siete meses de que finalizara su período. Fue electo en octubre del 2013 y debía estar cinco años en el cargo. Fue el primer titular de la Supercom, tras la aprobación de la LOC.

Bajo su administración, la Supercom impuso 429 multas. Estas sanciones fueron aplicadas tanto por la matriz como por sus seis intendencias zonales.

Desde su creación, esta institución estuvo involucrada en varias polémicas. Una de las más recientes fue la multa de USD 3 750 a siete medios de comunicación, incluido EL COMERCIO, en abril del 2017.

Las empresas fueron señaladas por una supuesta censura previa, al no replicar un artículo del diario argentino Página 12 titulado: ‘Lasso, el magnate de las offshore’, que fue publicado durante la campaña presidencial del año pasado.

El Tribunal Contencioso y Administrativo declaró nula la resolución que pesaba contra diario La Hora por este caso. El abogado de ese medio, Santiago Guarderas, explicó que esta resolución aplica solo para este rotativo. Sin embargo, es un precedente judicial para anular el resto de sanciones.

Desde el 2014, primer período completo en que la Supercom aplicó la LOC, la entidad ha tramitado 1 233 procesos administrativos, de los cuales el 51% se inició por una denuncia. En los demás casos la entidad actuó de oficio.

Esa capacidad para empezar procesos por iniciativa propia, y utilizada solo en ciertos casos, fue otra de las pruebas que se sumaron para el juicio político, aduciendo que la norma se aplicó con discrecionalidad.

En enero del 2014, por ejemplo, la activista política Martha Roldós presentó una denuncia en contra de los medios públicos. El caso fue archivado. Ochoa dijo que la denunciante no completó la documentación. Pero los interpelantes reclamaron que el proceso no se haya iniciado de oficio.




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