Es precario avance de reparación integral a víctimas: Personería


La Personería de Bogotá reveló que la implementación de las principales medidas de reparación integral a las víctimas por el conflicto armado radicados en la Capital aún es muy precaria. Los indicadores en indemnizaciones, estabilización socioeconómica, vivienda y atención psicosocial a los afectados están solo entre el 1.7% y el 8,4% de avance.

Esa grave situación fue analizada por la Comisión Distrital del Ministerio Público para la Justicia Transicional, conformada por la Personería Distrital, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, quienes determinaron, además, que existen falencias en la articulación interistitucional, demoras de hasta 112 días en la atención de emergencia y falta de respuesta efectiva a la entrega de ayudas humanitarias e indemnizaciones a los afectados.

Ante esta situación, el Ministerio Público pidió medidas inmediatas a las autoridades, especialmente a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV) y la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas del Distrito.

En torno a la reparación económica, reconocido por la Ley 1448 de 2011 en cabeza de la UARIV, encontramos que entre 2009 y el primero de marzo de 2018, el Gobierno nacional ha invertido más de $231.000 millones para el pago de indemnizaciones de víctimas radicadas en la Capital. Sin embargo, solo se ha garantizado el goce efectivo de este derecho al 8,4% del total de la población víctima, es decir, 30.681 personas con hechos victimizantes susceptibles de indemnización, faltando aún 334.569 de ellas.  

La Ley de Víctimas estipuló un periodo de diez años para garantizar el derecho a la reparación económica de las víctimas; no obstante, a este paso, para pagar el total de indemnizaciones restantes en Bogotá, el Gobierno necesitaría por lo menos de 98 años más. Así mismo, la Unidad está incumpliendo la orden de la Corte Constitucional (Auto 206 de 2017) de informar a éstas las condiciones de modo, tiempo y lugar para acceder a la reparación por vía administrativa.

En materia psicosocial, el porcentaje de atención entre el 2014 y el 2017 no supera el 1,7% del total de víctimas incluidas en el régimen subsidiado de salud, con corte al 28 de febrero de 2018. Pese a que el Distrito ha hecho esfuerzos financieros para avanzar en esta tarea y ampliar la cobertura, con focalización puerta a puerta, la cifra de población víctima que ingresa y culmina programas de atención psicosocial resulta irrisoria. La Comisión del Ministerio Público pidió nuevas medidas para superar esa situación.

La estabilización socioeconómica no se escapa a esta realidad. De las cerca de 243 mil víctimas que se encuentran económicamente activas, entre 2012 y 2017, solo el 5.4% se ha beneficiado de programas de formación para el empleo. El 1.7% han sido remitidos a ofertas de empleo, y el 2,1% ha recibido apoyo para el fortalecimiento empresarial.

Para lograr esto, el Distrito invirtió $17.668 millones, con el agravante de que no existe medición alguna del impacto obtenido en torno a la superación de la línea de indigencia y de pobreza de esta población, tal como lo ordena la Corte Constitucional para garantizar el goce efectivo de este derecho.

La restitución en materia de vivienda para víctimas en la ciudad sigue estancada. Entre 2013 y 2017 se han entregado 2.283 subsidios de vivienda, que representa tan solo 2.6% del total de hogares de familias víctimas estimados en la ciudad de Bogotá.

Las víctimas se ven sometidas al peregrinaje institucional entre la Alta Consejería y la UARIV, por la ausencia de medidas que garanticen una transición entre la ayuda humanitaria inmediata y la atención humanitaria de emergencia, exponiéndolas a estar, en promedio, 112 días sin ningún tipo de ayuda, generando mayor vulnerabilidad y violación al debido proceso.

En la atención con enfoque étnico no encontraron medidas concretas para materializar el derecho al retorno del pueblo Emberá, que requiere acciones y un cronograma específico de responsables de nivel territorial y nacional. Entre tanto, se están vulnerando los usos y costumbres de la población víctima del conflicto.




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