Presentan informe sobre riesgos del posacuerdo con Farc


La Defensoría del Pueblo presentó el informe “Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo”, realizado con el apoyo técnico y financiero del programa de derechos humanos de USAID Colombia.

 “Con el apoyo de la entidad, hemos podido concluir este informe que será una herramienta invaluable para que la Defensoría del Pueblo, a través del SAT, tenga una línea de base para trabajar por las comunidades”, aseguró desde Tumaco, el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera,

El defensor Negret resaltó además la importancia que tiene el Pacífico colombiano —donde recientemente se crearon dos regionales— y de hacer este lanzamiento desde Tumaco, precisamente donde están las problemáticas. “La Defensoría del Pueblo que yo encabezo, hará lo posible por estar en las veredas”, agregó.

El evento contó con la participación de Lawrence Sacks, director de USAID Colombia, quien manifestó que la comunidad no debe sentirse sola, porque la entidad a su cargo seguirá trabajando en la región junto con la Defensoría del Pueblo.

Recordó la directora que actualmente la USAID trabaja con 57 gobiernos municipales y seis departamentales para crear planes de desarrollo más inclusivos, acceder y movilizar fondos nacionales para proyectos agrícolas y de infraestructura, y facilitar alianzas e inversiones en cadenas de valor clave para mejorar el bienestar económico de los hogares rurales, con especial atención a restituidos familias y beneficiarios de la titulación de tierras.

Asimismo facilita las Asociaciones Público Privadas (PPP) para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. El financiamiento del sector público proviene de entidades colombianas a nivel nacional, departamental y municipal y no de USAID.  Hasta la fecha, los PPP han comprometido más de  US$31 millones con 94 socios y beneficiado a casi  11,400 productores.  

Asimismo se movilizan un total de US$65.9 millones  de los sectores público y privado para mejorar la productividad y el acceso a los servicios de infraestructura pública. En este mismo sentido, se apoya los  esfuerzos del Gobierno de Colombia para restituir tierras a las víctimas de conflictos, otorgar a los ciudadanos la propiedad legal de la tierra, facilitar insumos a la legislación para otorgar titulaciones masivas, establecer tecnología que acelere la restitución y la formalización, garantizando que las mujeres y las comunidades étnicas se beneficien de estas políticas, y que las intervenciones de tierra y desarrollo rural cumplan con las regulaciones ambientales.

 




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