Priorización de casos, otra papa caliente para la JEP – JEP Colombia – Justicia


La puja para definir los criterios de priorización de casos que serán investigados por la Justicia Especial para la Paz (JEP) empezó ayer con una audiencia pública en la que organizaciones de víctimas, expertos jurídicos y académicos sustentaron por qué debe ampliarse o limitarse la propuesta que la misma JEP presentó hace dos semanas.

Si bien estaba claro –incluso en el acuerdo de paz con las Farc– que era imposible que todos los hechos del conflicto armado quedaran en la órbita de la justicia transicional, la discusión arranca con muchos ruidos porque centenares y eventualmente miles de víctimas terminarán excluidas.

La JEP planteó siete factores determinantes para que un caso sea elegido sobre otro: la vulnerabilidad de las víctimas, el impacto diferenciado en los pueblos étnicos, la representatividad de los presuntos responsables, la gravedad de los hechos, la magnitud de la victimización, la representatividad de los hechos y la disponibilidad de información.

Ayer la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Desaparecidos manifestaron su preocupación por el borrador que construyeron los magistrados de la JEP.

Según la Procuraduría, existe un gran riesgo de que las víctimas no organizadas –las cuales en principio no pueden presentar sus casos a la justicia especial mediante informes– vean menoscabados sus derechos.

“Con la experiencia de Justicia y Paz (la jurisdicción nacida hace una década del proceso de paz con los paramilitares) quedó claro que se necesitan espacios para que esas víctimas de forma individual entreguen la información que tienen. La JEP no solo no puede excluirlas sino que no puede renunciar a sus datos”, dijo la delegada del procurador Fernando Carrillo.

El Ministerio Público también se opone a que uno de los criterios de priorización sea la existencia previa de información sobre un caso. De acuerdo con esa posición, cuando los informes o declaraciones sean insuficientes es necesario que la Sala de Reconocimiento de la Verdad vaya más allá para garantizar conclusiones concretas sobre los hechos.

En la misma vía, Soraya Gutiérrez, representante del Colectivo de Abogados José Alvear, dijo que la disponibilidad de información debería operar en un sentido contrario; es decir, que los casos menos documentados y en los que las investigaciones no han logrado nada o casi nada sean los primeros estudiados por parte de la JEP. Insistió también en que ser víctima de crímenes de Estado debería ser considerado un aspecto de mayor vulnerabilidad.

La falta de investigación formal y el elevado número de archivos generan un alto índice de impunidad, dijo Byron Góngora, representante del Movimiento Nacional de  Víctimas de crímenes de Estado, y quien coincidió con Gutiérrez en que los hechos del conflicto que no han sido investigados hasta hoy deberían ser los que avoque de manera prioritaria la JEP.

Por su parte, el vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calderón, llamó a la nueva jurisdicción a adoptar un sistema de priorización que permita la participación eficaz de las víctimas, así como a “ejercer de forma activa su labor de investigación previa para nutrir y contrastar la información que se obtiene con los informes”, pues aseguró la Sala de Verdad no puede limitarse a actuar con solo lo que digan terceros.

Calderón, al igual que la Procuraduría, hizo un llamado a incluir una forma de impugnar las decisiones de la JEP sobre la selección de casos. Y reiteró que para ello es necesario que se explique a las víctimas por qué su caso no fue seleccionado.

Por su parte, Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, también criticó criterios como vulnerabilidad de las víctimas y la representatividad de los responsables, que según dijo llevarían a la exclusión de muchos casos de desaparición forzada. Afirmó que las personas que han sufrido ese delito no necesariamente pertenecieron a comunidades vulnerables y que en esos casos casi siempre se desconoce quiénes son los culpables.

Monzón también hizo un llamado a la JEP para que condicione los beneficios de personas que reconozcan que participaron en desapariciones forzadas a la entrega de información que permita encontrar los restos de las personas desaparecidas.

Berta Lucía Fríes, líder de las víctimas de El Nogal, afirmó por su lado que el criterio de vulnerabilidad no puede limitar el acceso a la justicia especial: “Seguramente muchas personas no creen que las víctimas del Nogal sean vulnerables”, señaló. Hizo énfasis en que la priorización no puede redundar en discriminación por razones de condición económica.

Y en el mismo sentido dijo que por impacto de los hechos no solo para las víctimas sino para el país en general, el de El Nogal debería ser uno de los casos que asuma la JEP. También pidió que el documento final sea más claro al definir que significa el término “gravedad de los hechos”.

Con esas posiciones, los nuevos magistrados empezarán a trabajar en los ajustes de su propuesta de criterios de priorización. La magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, puntualizó que si bien es imposible aclarar todos los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, los colombianos pueden estar seguros de que la selección de procesos garantizará la mayor justicia para las víctimas.

JUSTICIA Y PAZ




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