En la Cámara de Representantes fue radicado un proyecto de ley que busca impedir que hechos como los ocurridos durante la campaña con el alcalde Daniel Quintero, que fue separado del cargo por la Procuraduría, se vuelvan a repetir. Pero también les abriría la puerta a la participación en política de los funcionarios públicos.
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Varios congresistas del Partido Liberal apoyados por el alcalde Quintero presentaron este miércoles la propuesta para inicie su trámite en el Legislativo.
El representante Andrés Calle, uno de los autores del proyecto, dijo que Colombia es uno de los pocos países en donde existe la prohibición para que los funcionarios públicos pueda intervenir en política.
“A través de esta iniciativa se le busca dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 127 Constitucional el cual le confirió al Congreso la facultad de reglamentar la participación de los servidores públicos en actividades de los partidos, movimientos políticos y controversias políticas”, señaló Calle.
Según el articulado, solo podrán participar en estas actividades de forma pública y visible, los miembros de la rama Legislativa, la rama Ejecutiva, aquellos pertenecientes a los órganos autónomos e independientes y los particulares que desempeñen funciones públicas.
Sin embargo, se establece que los funcionarios y empleados que se desempeñen en la rama judicial, en órganos de control y organismos de seguridad permanecerán con la prohibición.
Así las cosas, lo que se plantea es que los servidores públicos no vean limitantes a inscribir militancia o registrarse a partido o movimiento político; participar en la elaboración de documentos institucionales o de campaña política; participar en en simposios, actos públicos, conferencias, foros, congresos, convenciones, debates que organicen partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos, usar prendas, distintivos o publicidad de partidos o movimientos políticos, estén o no relacionadas con un candidato y socializar propaganda, publicidad de partidos o movimientos políticos.
“Hay que reglamentar, en materia política qué puede y qué no puede hacer un funcionario público. La Constitución estableció quienes no pueden participar en política y le dijo al Congreso que hay que regular”, señaló el representante liberal Germán Rozo.
Lo que si no podrán hacer, de acuerdo con el proyecto, es Integrar, con voz o voto, órganos de dirección o administración de los partidos o movimientos políticos;
aceptar vocerías del partido o movimiento político y utilizar bienes del Estado, información reservada o recursos del erario para participar en el desarrollo de las actividades o controversias políticas.
Tampoco podrán recibir contraprestación por la actividad política ni apoyar o rebatir actividades o controversias políticas en las instalaciones de las oficinas públicas o en desarrollo de las funciones de su cargo.
“El proyecto plantea varios aspectos de la participación como qué límites tendrán. Es regular algunos aspectos que están muy sueltos“, dijo Rozo.
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#ParticipacionEnPolitica o #LeyQuintero, es aclarar una zona gris. Por supuesto que prohibe usar los bienes públicos, los recursos del estado y su posición jerárquica para coaccionar a los subalternos. En países como México, Perú, Chile y Estados Unidos participan sobre la mesa.
— ANDRÉS CALLE (@AndresCalleA) July 28, 2022
Por su parte, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, se refirió a la posibilidad de que los funcionarios públicos participen en política.
“Creo que en Colombia el sistema democrático debe permitir que los funcionarios público se sigan expresando de manera libre, en el marco de las regulaciones constitucionales y legales, tanto como lo hicieron en campaña. Lo que ocurre es una suerte de hipocresía en el sistema político y hay que tratar de reconocer lo que en la práctica sucede para evitar las persecuciones políticas de órganos de control”, manifestó Caicedo.
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