Los testimonios de los jóvenes y las familias cuando describen los escenarios en donde hay consumo desbordado de drogas o muertes por sobredosis de drogas son escalofriantes. Carolina* contó cómo murió su hermano Andrés, de solo 21 años, el 23 de noviembre de 2022, en un sótano del centro durante una rumba.
“Fue a una fiesta organizada por un conocido empresario que alquila recintos, contrata artistas y vende entradas sin considerar aforos. Mi niño murió en ese lugar y fue dejado por personal de seguridad en la clínica San Ignacio”, narra la mujer.
A Andrés le hicieron 25 minutos de reanimación sin éxito. El diagnóstico fue aún más devastador. “Los médicos nos dijeron que había muerto por un paro cardiorrespiratorio debido a una sobredosis de droga. Nunca nos hubiéramos imaginado”.
Carolina dice que muchas familias no denuncian por temor al escarnio público, pero, precisamente, de eso se aprovechan los organizadores de estos eventos. “Creemos que detrás de esto hay una mafia. Muchos jóvenes inexpertos en el consumo de drogas han salido afectados de fiestas hechas por los mismos organizadores, a quienes solo les importa lucrarse, pero muy poco la salud de los jóvenes”.
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Los jóvenes se inician en el consumo en estas fiestas, en donde más que el trago pulula, el agua, las bebidas energizantes y las diminutas bolsas, que circulan de mano en mano en medio de ráfagas de luces y el estridente ruido. Al cierre del evento, como prueba de una noche desenfrenada, el piso queda cubierto por decenas de plásticos.
A los 12 años, Lorena* probó la droga, lo hizo en uno de esos eventos masivos. “Comencé siendo una niña, pero conocí la heroína cuando iba a fiestas de música electrónica. En ese momento, uno no piensa que la diversión se puede convertir en una pesadilla”, cuenta.
El negocio
La dinámica es la siguiente. Algunos empresarios de la música contratan a artistas emergentes en diferentes géneros musicales, alquilan bares o bodegas, muchos sin papeles en regla, o en sitios donde no están permitidos este tipo de espectáculos y venden entradas superando los aforos, siendo conscientes de que va a existir consumo de drogas.
Y los asistentes, por otro lado, a sabiendas de que los controles de ingreso de drogas son imposibles, camuflan las sustancias en sus prendas de vestir, mezclan y son ignorantes en los efectos que estas producen. Esa es la combinación perfecta de la tragedia o, por lo menos, la de dos familias esta semana en el bar Studio 64, en Chapinero. Andrés y Miguel murieron de una sobredosis y la mezcla de sustancias les desencadenó un paro cardiorrespiratorio.
Ambos jóvenes estuvieron en manos de médicos que lucharon por sacarles un soplo de vida, ambos fueron a un evento que muchos criticaron por exceso de asistentes, poca ventilación y dificultad para hidratarse y, para terminar, sin una asistencia especializada para urgencias. Dejaron un hueco inmenso en sus familias. No saben cómo superar esta tragedia.
Todos lamentaron los hechos, pero nadie se hizo responsable. No ha sido el único caso, hay más, pero el tema es tabú y tiene varias aristas. Según la Alcaldía de Chapinero, el establecimiento en mención nunca solicitó los permisos para el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA), que son necesarios cuando se realizan este tipo de eventos masivos con artistas o DJ, sobre todo, si se sobrepasa la capacidad del recinto. “Esto se corroboró en la reunión con la Policía”.
Familiares de las víctimas por sobredosis piden más control sobre fiestas clandestinas.
Dirección de Seguridad Ciudadana Policía Nacional
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Nunca llamaron a la Policía, tampoco se comunicaron con los bomberos y mucho menos a la Alcaldía Local
A este se le suma que el establecimiento tampoco activó en sistema de riesgos o emergencias. “Nunca llamaron a la Policía, tampoco se comunicaron con los bomberos y mucho menos a la Alcaldía Local”.
Después de esa tragedia con estos dos jóvenes, las autoridades anunciaron que tomaron medidas con un evento similar. La Secretaría de Seguridad suspendió de manera temporal un establecimiento que pretendía realizar un evento con más de 500 personas sin cumplir requisitos.
¿Qué se consume?
Según el ‘Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá’, realizado por la Secretaría de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga, durante el 2022, a través de la ejecución de 10.912 encuestas, que representan alrededor de 6,5 millones de habitantes de la capital, la marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo. El 14,95 por ciento de las personas declaran haberla fumado una vez en la vida. La cocaína es la segunda, con el 4,74 por ciento. El consumo actual de bebidas alcohólicas ha aumentado en 3,51 puntos porcentuales con respecto al estudio del 2016.
De acuerdo con Julián Quintero, del proyecto Échele Cabeza, cuando se dé en la cabeza, no solo hay un aumento del consumo de alcohol, sino que el de sustancias ilegales se está iniciando, en promedio, a los 20 años. “El cannabis es lo que más consume después del cigarrillo y el alcohol”.
Luego hay otros consumos que tienen alertas como la cocaína. “Sin embargo, se ha reducido frente a sustancias de síntesis como el éxtasis, MDMA o tusibi”. Según el experto, también hay una especie de boom por el consumo de hongos psicodélicos y el uso del vaporizador. “No hay que olvidar que al final lo que están consumiendo las personas es nicotina, que es un estimulante, y como no está regulado, la gente puede portarlo en cualquier momento en un bar o evento”.
Además, hay una tendencia llamativa en el mercado por los tragos destilados artesanales, como el chirrinchi, el biche del pacífico o el bolegancho. Y también existe un consumo significativo de medicamentos sin prescripción, sobre todo, los que se conocen como los hipnóticos.
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La cocaína es la segunda, con el 4,74 por ciento.
Los jóvenes suelen mezclar y desconocen los efectos y daños
A su consumo sin educación previa se le suma la calidad, pues hay graves problemas de suplantación. “Por ejemplo, hemos visto en los últimos años cómo el éxtasis o el MDMA está siendo suplantado con catinonas, que también son estimulantes, pero no dan tanta sensación de amor y de empatía”.
Otra alerta es por el componente del tusibi, que viene cambiado constantemente. “En las últimas muestras hemos encontrado medicamentos hipnóticos y oxicodona. La base del tusibi es Ketamina, un depresor, y si usted le suma otro, se pone altamente riesgoso”.
De otro lado, la cocaína que se consume en Colombia, según Quintero, es de mala calidad. “Ahí siempre está la alerta del levamisol. Afecta los riñones, la piel, las vías respiratorias y el hígado”. Finalmente, la última alerta, y una de las más graves, son las prácticas de consumo. “Los jóvenes suelen mezclar y desconocen los efectos y daños, son policonsumidores, y en el tema de la dosificación, no entienden que hay dosis que generan impactos”. Además, muchos no se hidratan, es decir, no se preparan para la fiesta.
Educación, clave para evitar más tragedias en la fiesta
Según Julián Quintero, del proyecto Échele Cabeza cuando se dé en la cabeza, frenar el ingreso de drogas a los eventos o evitar su consumo es imposible. “Los organizadores no las pueden quitar, la policía debe respetar la dosis personal y hay muchas denuncias de mujeres que fueron abusadas en requisas”. Por otro lado, la institucionalidad no tiene capacidad de control y eso queda demostrado a la luz de las recientes tragedias. Para el programa, lo único efectivo es el diálogo, la educación para el autocuidado del consumidor y el productor de los eventos. “No se puede ser un jugador pasivo”.
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Empresarios deben asumir su parte
La Secretaría de Gobierno confirmó que durante 2022 realizaron 19.195 visitas a este tipo de establecimientos y cerraron o suspendieron a 4.027 por inconsistencias en la normativa. Este año ya van 825 visitas y 209 cierres y suspensiones. Pero, según residentes de varios sectores, “esto es un chiste” porque más se demoran en sancionar que en volver a activar los eventos.
El equipo de jurídica y de inspección y vigilancia de la entidad explicó que los empresarios deben revisar la complejidad de su evento ante la página del Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones en www. sire.gov.co/suga e ingresar a módulo clasificador de complejidades y dar respuesta de las condiciones reales de su evento. “Si es de baja, las entidades realizarán una verificación de la información”.
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Para los de media y alta complejidad debe hacerse un registro diez días antes de la realización del evento. “Ahí informan sobre sus planes de emergencias y contingencias, salud y de primeros auxilios, manejo de tránsito, seguridad y los requisitos administrativos y normativos para darle cumplimiento a todos los requisitos y lograr una autorización”.
El Idiger, Los Bomberos, las alcaldías locales, Movilidad, la Policía, la Secretarías de Seguridad, Salud y Gobierno verifican estos documentos y autorizan o no el evento. “Todo para garantizar la seguridad de las personas”. Cuando los establecimientos de comercio o los empresarios no cumplen con la normatividad, hay diferentes sanciones, tanto de carácter policivo como administrativo. Al dueño del establecimiento se le podrá cerrar su establecimiento desde tres a diez días y al productor del evento imponer multas que van desde los 100 a los 900 millones de pesos, de acuerdo al aforo.
Pese a esto, residentes de sectores como Chapinero, que prefirieron ocultar su identidad, dijeron que hay una complicidad de las autoridades a la hora de hacer vigilancia y control. “Es normal ver que llega la policía, habla con los dueños y no pasa nada”.
CAROL MALAVER
SUBEDITORA BOGOTÁ
Escríbanos a carmal@eltiempo.com si usted tiene una historia de esta problemática
*Nombres cambiados por solicitud de las familias víctimas
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