Alerta expropiación sigue viva en el Plan Nacional de Desarrollo – Sectores – Economía

Aprobado ya el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro en las plenarias de Cámara y Senado son varias las alertas que se mantienen vivas, como la de que el Ejecutivo pueda tener la posibilidad de expropiar tierras para dar cumplimiento a la reforma rural.

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Lo que quedó es una proposición sustitutiva que busca facilitar procesos de compra de tierras por oferta voluntaria con una serie de mecanismos. Aunque en un inicio era el artículo 55, en el texto final pasó a ser el 61.

Algunos congresistas han tildado el artículo como un riesgo para la propiedad privada, como la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. Incluso, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, lo demandará ante la Corte Constitucional y pidió que se “revise con lupa” puesto que podría tener una figura de expropiación que pondría en riesgo la propiedad privada en el campo.

Algunos temores, como el del representante conservador Wadith Manzur, se enfocan en el apartado número 5 del artículo. “En aquellos casos en los que los propietarios no procedan a la venta, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adelantará el análisis de la explotación económica del predio, requiriendo a su propietario por una única vez, para que proceda a la enajenación de aquellas áreas que no se encuentren bajo aprovechamiento económico y que excedan la extensión de las unidades agrícolas. Cuando el propietario no acceda a la enajenación, la ANT aplicará los procedimientos agrarios a los que haya lugar”, dice el punto en controversia.

Para Manzur, esto podría ser aprovechado para expropiar, sobre todo, al gremio ganadero. Según el representante, hay una “animadversión” hacia dicho sector, por lo que se podría evaluar que no hay aprovechamiento económico y activar “procedimientos agrarios a los que haya lugar”.

Los funcionarios del Gobierno defienden el artículo y dicen que no se utilizará para expropiar. Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), le dijo a este medio que los colombianos pueden estar tranquilos, ya que todos los procesos se van a hacer con cuidado. “Si las personas no quieren vender, no venden. Este agiliza la parte administrativa, pero conserva todas las garantías legales”, señaló.

Por su parte, la jefa de Gabinete, Laura Sarabia, afirmó a través de su cuenta de Twitter que, como lo reafirmó el Presidente, la iniciativa del Gobierno nunca fue la ‘expropiación exprés’. “Lo que necesitamos son procedimientos expeditos para comprar la tierra”, señaló.

Otros puntos aprobados

Uno de los cambios más importantes que trae la hoja de ruta del gobierno Petro es la creación de un sistema de transferencias para apoyar a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, bajo la dirección del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Se creará ya en firme el programa Renta Ciudadana y el de Hambre Cero.

Gracias a la aprobación del proyecto, el Presidente tendrá cuatro facultades extraordinarias por el término de seis meses. Podrá modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción, intervenir el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, crear una entidad pública para fomentar el mejoramiento de los caminos vecinales y hacerle cambios al Grupo Bicentenario, que reúne a las principales entidades financieras públicas del país.

Otro de los artículos que se salvaron fue el del polémico giro directo, que fue cuestionado porque “mantenía viva la reforma de la salud en el PND”. Según el texto aprobado, la Adres, en nombre de las EPS, “realizará el giro directo de los recursos de las Unidades de Pago por Capitación (UPC) de los regímenes contributivo y subsidiado, destinados a la prestación de servicios de salud, a las instituciones y entidades que presten dichos servicios y que provean tecnologías incluidas en el plan de beneficios, así como a los proveedores”. Es decir, la Adres pagará directamente a clínicas y hospitales, sin tener que pasar por las EPS.

Sin embargo, este artículo no aplicará para las EPS adaptadas del Estado y aquellas que en su desempeño financiero cumplan con el patrimonio adecuado (es decir, que no tengan problemas financieros o estén bajo vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud).

Por tanto, EPS como Nueva EPS, Compensar, Sura, Salud Total o Sanitas seguirán recibiendo y manejando recursos, mientras que otras como Asmet, Saludvida, Savia Salud o Dusakawi ya no los manejarían.

En el sector educativo, uno de los principales cambios tiene que ver con el Icetex. Los artículos 126, 127 y 128 establecen la posibilidad de que se pueda condonar capital de deuda de los usuarios, ya sea por pago adelantado, excelencia académica o por ser cuentas de difícil pagabilidad.

Entre tanto, el polémico ‘mico’ con el que el Gobierno intentó colar una vía legal para cambiar el diseño de la primera línea del metro de Bogotá se hundió.

En la conciliación de la propuesta, se estipuló que la Nación podrá financiar en más del 70 por ciento proyectos férreos de transporte masivo. No obstante, se desligó de “los costos asociados a soterrar los proyectos en los que la evaluación costo-beneficio establezca esta como la mejor alternativa”.

Corrupción y obras fallidas, advierte la CCI

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) dijo que el Plan Nacional de Desarrollo aprobado en el Congreso representa “un duro e histórico revés” para el sector. Esto, debido a que seis artículos (79, 98, 99, 277, 351 y 366) incorporados “no solo allanan el camino para expandir la corrupción, sino que también abren un enorme boquete para que prolifere la entrega de obras civiles fallidas, con bajísimos estándares de calidad”.

De igual manera –según la CCI– ponen en riesgo a la industria de las pymes de ingeniería en las regiones y “son caldo de cultivo para que la contratación especializada quede en manos inexpertas”.