El presidente Gustavo Petro volvió a plantear su tesis de la necesidad cambiar la estrategia para la lucha contra el narcotráfico y la droga. Para el primer mandatario, son varias las pruebas de que la guerra contra los estupefacientes ha fracasado y debe pasar a un enfoque de reducir la demanda y no la oferta.
En su discurso en la cumbre Latinoamericana y del Caribe sobre drogas, realizada en Cali, el mandatario recalcó: “La política de la guerra contra las drogas ha fracaso, si la seguimos, vamos atener un millón de muertos más y quizás la muerte de nuestras democracias”.
En ese sentido señaló que el modelo de guerra contra las drogas, que habría sido importado desde Estados Unidos, “ha hecho víctima a todas las sociedades latinoamericanas”. En ese sentido, el mandatario cuestionó el silencio del continente, “de una manera vergonzante, hemos sido más papistas que el papa”, y hasta afirmó que la región ha sido “cómplice de un genocidio”.
Bajo esas críticas, dijo que el encuentro al que convocó tiene como objetivo que “América Latina hable consigo misma y no repita los discursos oficiales”. Luego, pasó a reiterar su tesis de que debe cambiarse la estrategia.
El presidente cuestionó que se busque es reducir la oferta y no la demanda. “Recortar la oferta por decreto es la guerra contra las drogas no tiene sentido. Estados unidos y Rusia demostraron que no se puede acabar el mercado por decreto”, aseveró el mandatario.
En ese sentido señaló que el objetivo debe pasar por solucionar situaciones sociales que llevan a los consumos problemáticos. “Si aumenta demanda, cae el precio. Se acaba el narcotráfico. ¿La demanda se reduce con el precio? No, depende de factores de gente que se vuelve adicta”, señaló.
“El antídoto en contra del consumo de drogas es el”, comentó el presidente, que señaló que buena parte de los problemas de drogas en el mundo vendrían del modelo económico: “Rompiendo las familias, apareciendo la soledad, la soledad es el mayor factor de consumo de drogas. No es solo por culturas, sino por el modelo económico. El capitalismo en sus fases más tardías genera soledad”.
Dicho discurso se dio en el marco del lanzamiento de la nueva política antidrogas del gobierno, que fue creada desde el Ministerio de Justicia.
La estrategia antidrogas del gobierno Petro
La nueva política de drogas fue construida por el Ministerio de Justicia, y su primer eje es la transformación territorial bajo un ‘Modelo de Intervención Integral para el Tránsito a Economías Lícitas’, con el cual se busca eliminar progresivamente la dependencia de las comunidades y de los territorios a las economías ilícitas relacionadas con drogas.
Aquí se habla de que la estrategia se inicia con la contención de la expansión de los cultivos de uso ilícito –otorgando un tratamiento diferencial a los pequeños agricultores– y continúa con una serie de intervenciones para llevar bienes y servicios públicos y crear alternativas económicas legales en las regiones.
Para esa contención de la expansión de los cultivos se requiere que los cultivadores se comprometan a no expandir las áreas sembradas, y allí se priorizará la erradicación voluntaria. Del otro lado, la erradicación forzosa se aplicará solo en los cultivos que no sean de “pequeño cultivador”, a los que amplíen su área después de la publicación de esta política o que sean sembrados después de esta fecha; así mismo, a los que tengan infraestructura para la producción de cocaína, o incumplan compromisos de sustitución.
La erradicación forzada por parte de la Fuerza Pública solo se hará en cultivos grandes, que se extiendan, que tengan infraestructura para producir cocaína, o que incumplan acuerdos de sustitución.
El segundo eje de la política es sobre el cuidado ambiental de territorios afectados por la economía de las drogas ilícitas. En este se habla de mitigar y corregir los impactos ambientales por la producción ilegal de drogas y de las estrategias para enfrentar el narcotráfico. En ese sentido, se impulsarán acciones como el manejo forestal sostenible y la economía regenerativa.
El tercer eje se llama ‘Atención a población en condición de vulnerabilidad frente a mercados urbanos de drogas’, e incluye como acciones estratégicas, entre otras, prevenir la vinculación de población vulnerable a las economías de las drogas; y promover medidas sancionatorias diferenciales para personas vulnerables en contextos urbanos que hayan cometido delitos relacionadas con drogas.
En cuarto lugar, la política presenta medidas frente al ‘Consumo de sustancias psicoactivas desde el cuidado integral, la salud pública y los derechos humanos’. En ese punto se habla de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA), en especial en niños.
También se plantean estrategias para las personas con dependencia a las drogas, para quienes se garantizaría atención con una ampliación de la oferta de servicios, incluso se habla de usar bienes extinguidos al narcotráfico para tener salas de consumo supervisado. Así mismo, se incluyen estrategias de reducción de riesgos y daños por consumo, como el testeo de drogas.
El quinto eje es ‘Afectación a los actores estratégicos y de alto valor del sistema del narcotráfico’ e incluye medidas para que la Fuerza Pública genere condiciones de seguridad para la transformación territorial mediante el desmantelamiento de laboratorios, el aumento de la interdicción, el control de insumos y precursores químicos, afectación del lavado de activos y la lucha contra la corrupción. Esto por cuanto la política de drogas reconoce que el proceso de tránsito a economías lícitas debe ir acompañado de una estrategia de seguridad y paz territorial.
El sexto componente de la política es ‘Regulación justa y responsable’, y en ese se habla de avanzar en la regulación de usos terapéuticos, científicos, nutraceúticos, médicos, y demás fines lícitos de la planta de coca. Para evitar que esto genere un crecimiento de los cultivos, se plantea comenzar “con iniciativas controladas por el Estado, en articulación con comunidades que manifiesten su voluntad de transitar a la legalidad y cuyos cultivos sean anteriores a la publicación de esta política”.
El séptimo eje tiene que ver con una transformación para cambiar los imaginarios sobre las drogas promoviendo información basada en evidencia, herramientas culturales y artísticas, la reivindicación de los territorios más afectados por el narcotráfico, entre otros.
Finalmente, el último eje de la política se titula ‘Diplomacia internacional para el cambio’, y habla de promover nuevas discusiones globales sobre las drogas, y plantear la revisión del marco jurídico internacional al respecto.
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