El presidente Gustavo Petro no asistió al lanzamiento del programa de ‘Jóvenes en paz’, evento que se llevó a cabo en Manrique, en Medellín. El primer mandatario estaba agendado para encabezar el lanzamiento, pero al final no cumplió con la cita y fue la vicepresidenta Francia Márquez la que lideró la celebración.
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De acuerdo con Casa de Nariño, el mandatario canceló su visita para seguir con las reuniones de planeación estratégica. Desde este lunes, el presidente ha estado reuniéndose con sus ministros y otros funcionarios para hacer un seguimiento a lo hecho en 2023 y lo que viene para el próximo año.
El lanzamiento del programa de ‘Jóvenes en paz’ fue liderado por la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, y por el viceministro de la juventud, Gareth Sella. Además de los discursos destacando el programa, hubo distintas muestras artísticas.
El programa de Jóvenes en Paz ha sido polémico desde el inicio, puesto que el presidente ha dicho que su enfoque es el pago de hasta un millón de pesos a jóvenes para que estos se alejen de la delincuencia. Esto ha sido asumido por distintos sectores de forma negativa, como una forma de incentivar la criminalidad. Sin embargo, el gobierno ha insistido que no es así, y que lo que se busca es otorgar oportunidades para que los jóvenes no caigan en redes del crimen.
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“Hay jóvenes que hoy las redes criminales están cooptando y les están pagando por matar, por asesinar. Este programa entonces busca sacar a esos jóvenes de ese círculo de la violencia. La mayoría son hijos de mamás cabeza de familia. La mayoría de esos jóvenes son negros, indígenas, campesinos empobrecidos. El que el Estado hoy esté desarrollando un programa para atender a esta juventud no puede verse como un incentivo a la delincuencia”, dijo la vicepresidenta Márquez en anteriores ocasiones.
A pesar de las críticas, desde el decreto inicial se ha hecho la claridad que el enfoque principal del programa no es el pago de dineros, sino una ruta de atención para los jóvenes entres los 14 y 28 años que “se encuentran en situación de extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados adinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado”.
El programa es por un mínimo de seis y un máximo de 18 meses, pero se deja estipulado que las entregas monetarias, que no superan el millón de pesos mensual, será por un máximo de 12 meses. El centro del programa, de acuerdo con lo dichos por la Presidencia, es tener componentes de educación y formación, trabajo social por el municipio en el que vive el beneficiado, acciones de emprendimiento, empleabilidad, acciones de construcción de paz, atención integral de salud y un acompañamiento socio-legal.