¿Cómo articular las peticiones de tierra de los indígenas con los derechos legales de otras comunidades y de la industria cañera, motor del empleo y economía regional?
Decenas de miles de hectáreas entre las cordilleras Central y Occidental en el norte del Cauca y el sur del Valle, que se cuentan entre las tierras más productivas del país y son el principal enclave cañero de Colombia, serán el laboratorio de una de las estrategias del presidente Gustavo Petro para aclimatar su proyecto de ‘paz total’: los diálogos regionales.
Hace una semana, tras un nuevo episodio de violencia contra una de las haciendas cañeras, Petro escribió en su cuenta de Twitter: “Toda solución al conflicto por las tierras debe pasar antes que nada por el diálogo. Invito al movimiento indígena, a Asocaña y a los movimientos sociales del norte del Cauca a iniciar el primer diálogo regional de Colombia por la paz”.
Asocaña, que es uno de los grandes gremios del sector, respondió de inmediato al llamado: “Estamos listos para iniciar el diálogo regional de Colombia por la paz. El norte del Cauca es una región potencia para el país, en la cual queremos seguir trabajando unidos por su productividad, progreso y desarrollo económico y social”. Y Acin, el movimiento indígena del norte del Cauca, también asegura que quiere avanzar en esa vía.
La renovación pública de la voluntad de diálogo es un avance, si bien, como lo sostienen el exsenador indígena Feliciano Valencia y Claudia Calero, presidenta de Asocaña, hace rato que los dos sectores tienen contactos permanentes. Incluso han desarrollado decenas de proyectos sociales y productivos conjuntos que demuestran que la convivencia no solo es posible sino que aporta para todos.
Y la activa intervención del Gobierno Nacional en esa mediación tampoco es nueva: Miguel Ceballos, el alto comisionado para la Paz de la administración Duque, estuvo dedicado al tema del Cauca por casi dos años. Y en el gobierno Santos funcionarios como Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras, y el ministro del Interior Aurelio Iragorri hicieron lo propio. Todo esto en el marco de décadas de recurrentes bloqueos de la carretera Panamericana y de mingas hacia Popayán, Cali y Bogotá, así como de centenares de ‘compromisos de carretera’ –la cuenta va en 1.201, muchos de ellos relacionados con la entrega de tierras– que o han avanzado poco o se quedaron en el papel.
Más allá de las tierras
El anuncio de Petro sobre el primer escenario de sus diálogos regionales tiene como antecedente el polémico nombramiento de uno de los más duros dirigentes del Comité Regional Indígena del Cauca (Cric), Giovanni Yule, como director de la Agencia de Restitución de Tierras, que se encarga de reparar a víctimas del conflicto y quien tiene fuertes resistencias en el sector agroindustrial del Valle y del Cauca porque hasta hace poco tiempo estuvo participando en varias ocupaciones de fincas.
Y aunque el llamado del presidente electo ha sido claramente a un diálogo en el marco de la ley, el carácter de la disputa por las tierras ha agitado el fantasma de la expropiación que él ha tratado de alejar desde la campaña electoral. Un fantasma que, asegura el exdirector de la Agencia de Tierras Miguel Samper, “no existe porque toda decisión sobre tierras legítimamente poseídas implica el cumplimiento estricto de un proceso administrativo reglado por la ley que, al final, termina en revisión de los jueces, que no dependen del gobierno”.
Pero si en algo coinciden todos los actores en la zona y los analistas es que resolver el complejo problema por las tierras, especialmente en el norte del Cauca, requiere de miramientos que van mucho más allá de la simple posesión de una o miles de hectáreas.
Entre otras razones, porque no hay tierra cultivable suficiente para satisfacer todas las demandas; porque las comunidades indígenas tienen un plan sostenido de invasión –ellos le llaman ‘recuperación’ o ‘liberación’ de la Madre Tierra– que usualmente pasa por encima del derecho de los poseedores legales; porque en todos estos años ha faltado control sobre el uso y productividad de tierras y partidas presupuestales que han sido entregados; porque además de los indígenas (que internamente han tenido enfrentamientos entre misak y nasas) y los ingenios cañeros hay otros actores claves en ese pulso, como las comunidades negras y campesinas, y porque, como sucede en otras regiones del país, hay grupos ilegales que tienen sus propios intereses en la región –tienen cultivos de marihuana y coca en zonas de resguardos y tierras de comunidades afro– y a los que les conviene mantener la conflictividad.
Casi 50.000 empleos
El Cauca tiene casi 3 millones de hectáreas, de las que unas 55.000 están sembradas con caña en el norte del departamento. Este año van 800 hectáreas de cañicultores afectadas por las invasiones y cerca de 6.400 en las últimas dos décadas para esa agroindustria, que es clave para el desarrollo y el empleo en esa zona del país. Son 21 fincas afectadas desde 2005 en los municipios Guachené, Padilla, Corinto, Miranda y Caloto y centenares de familias desempleadas, muchas de ellas de origen afro.
La Agencia Nacional de Tierras informa que las comunidades indígenas –que representan el 28 por ciento de la población total del departamento– han recibido en el Cauca 202.000 hectáreas con títulos ya formalizados, y hay pretensiones por otras 570.000 hectáreas. De las hectáreas ya formalizadas, señala la ANT, unas 64.000 tienen una vocación claramente agrícola. “Los resguardos indígenas del departamento del Cauca tienen mayor presencia en bosques naturales y áreas no agropecuarias”, dice un documento de esa entidad.
Feliciano Valencia asegura que la mayor parte de las tierras de los indígenas están en zonas no aptas para el trabajo y que por eso están tratando de buscar “el plan”. Un terreno llano que hoy está en el norte del Cauca y que se proyecta hacia el Valle, departamento en el que los nasas, dice su líder, también tienen pretensiones.
“Esas tierras fueron nuestras, de nuestros ancestros, y así está demostrado en las cédulas reales y títulos coloniales de 1700 y 1843”, afirma el exsenador. Una posición que tiene fuertes críticos, como la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien sostiene que la visión de los cabildos es que el resto de los colombianos, “y especialmente los caucanos, por razones étnicas, no tienen derecho a la propiedad”. La congresista dice que no solo las grandes haciendas sino fincas “de una, dos y tres hectáreas” están invadidas y que en esas ocupaciones “les matan las vacas y les destruyen lo poco que tienen a campesinos pequeños, a comunidades afrodescendientes y a propietarios que están en la agroindustria como los ingenios azucareros del Valle”.
Frente a una problemática real –la falta de tierras cultivables– que no solo sienten los indígenas sino los campesinos y los afros, se anteponen también los derechos e intereses de los trabajadores de los ingenios y de sus propietarios, así como la salud de la economía caucana.
En el departamento hay cerca de 350.00 hectáreas cultivadas, la mayoría de estas destinadas al cultivo de la caña de azúcar, café, plátano, maíz tecnificado y caña panelera. La caña de azúcar representa el 19 por ciento del área sembrada del Cauca, lo que convierte a este cultivo en uno de los pilares de la actividad económica de esta región.
Según el gremio que reúne a los ingenios azucareros más importantes, esta industria representa el 20,2 por ciento del PIB industrial, 13,7 por ciento del PIB agrícola y el 8,5 por ciento del PIB total. Además, genera 48.000 empleos directos e indirectos, es decir, el 10 por ciento del personal ocupado del departamento.
El año pasado, el azúcar fue el principal producto de exportación del Cauca, junto con el café. El primer sector representó el 67,2 por ciento del total de las ventas externas del departamento, mientras las segundas, el 27,5 por ciento.
Solo en Miranda, la contribución de la agroindustria de la caña a las finanzas del municipio, por concepto de ICA y predial, representa el 72,26 por ciento del total de los impuestos; en otros municipios como Corinto y Padilla, ese porcentaje alcanza el 41,55 y el 21,56 por ciento, respectivamente.
Con esas cifras puras y duras, ¿realmente les sirve al Cauca y a los caucanos, incluidos los mismos indígenas, jugar a poner en jaque la industria de la caña? Y: ¿no hay una contradicción con la política agraria anunciada por el presidente electo de perseguir las tierras improductivas al abrir un espacio que podría tornar miles de las hectáreas más agroindustrializadas de Colombia en zonas sin cultivos o con apenas cultivos de pancoger, como se ha visto en otras áreas cañeras invadidas?
Esas son preguntas que deberán tener presente tanto las comunidades como el nuevo Gobierno. Lo cual, señalan las fuentes, no implica que no se deban atender las exigencias de las comunidades indígenas, afro y campesinas.
¿Cómo se explica que en los últimos 20 años, los indígenas del Cauca tengan más tierras, pero que muchas comunidades sigan con tantas necesidades básicas insatisfechas?
Una primera realidad, casi de bulto, es que la gestión de los proyectos productivos y de los millonarios recursos entregados por el Gobierno a estas comunidades, en las últimas décadas, no ha sido la más eficiente. Los controles sobre esa gestión son pocos, e incluso al interior de ellas hay quejas por falta de transparencia en la información relacionada con muchos de esos proyectos.
Hemos venido trabajando hace más de un año en el ‘Pacto caucano por la vida, los derechos humanos, el territorio y la paz
El enorme atraso en vías secundarias y terciarias, que impide llevar las cosechas a los mercados, la falta de sistemas de riego modernos, la falta de capacitación en temas del agro y la inexistencia de cadenas productivas funcionales en la región –todos temas de las negociaciones de las mingas de los últimos años– también contribuyen a esta situación.
Y tampoco se ha avanzado en un plan de compra de tierras en otros departamentos, como Caquetá, que se empezó a discutir desde el gobierno Santos y siguió en el de Duque, pero frente al que los indígenas no terminan de convencerse.
El primer gobernador afro en la historia del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, acoge la idea del diálogo: “Hemos venido trabajando hace más de un año en el ‘Pacto caucano por la vida, los derechos humanos, el territorio y la paz’: ese es un espacio que hoy ofrecemos para la articulación que requiere el Presidente en el marco del llamado a conciliar”. Ahora, se espera que el Gobierno mande la siguiente señal sobre la ruta por la que apuesta para el Cauca.
¿Qué dicen los afros de las diferencias por tierra?
Las comunidades indígenas recibieron de manos del Gobierno Nacional el predio San Rafael en 2007, como una de las compensaciones por la masacre de El Nilo (1991). Paradójicamente, el cumplimiento de una orden de la justicia desató desde entonces un enfrentamiento con el Consejo Comunitario Afro Zanjón de Garrapatero, que queda entre Santander de Quilichao y Buenos Aires. Se necesitaron siete años para que cesara el choque de etnias por 517 hectáreas de terreno.
Los afros, con menos resonancia, también han tenido sus diferencias y carencia de tierras. Pero piden que no se afecten sus actividades laborales, en especial, en la agroindustria de la caña. Pero no será sencillo porque desde hace ya varias semanas se ha reactivado la zozobra, tras la presencia de encapuchados que quemaron cultivos en la finca Ucrania, en Padilla.
Los indígenas aseguran que su lucha por la tierra también es la de las comunidades negras y campesinas. Entre tanto, líderes afros, a nombre de trabajadores de la agroindustria, llaman a un diálogo en el que quepan todos.
Yanet Mosquera, defensora de derechos humanos y de comunidades negras, expresa: “Hay discusiones, pero no solo en el norte caucano, porque tierra necesitamos todos. Hay que llegar a un acuerdo porque hay quienes tienen más y otros que no tenemos nada. No se trata de quitarle a nadie su propiedad o tierra, pero el Gobierno debe mirar cómo se compra para que podamos tener territorios colectivos o territorios propios, porque las comunidades que estamos en los valles interandinos sufrimos por tierras”.
En las últimas décadas se han registrado tensiones por tierras entre comunidades negras y los nasas y misak en municipios como Suárez –tierra de la vicepresidenta Francia Márquez, de quien se espera juegue un papel clave en los diálogos regionales en el Cauca– , Buenos Aires, Santander de Quilichao, Caloto, Guachené, Corinto, Miranda, Padilla, Puerto Tejada y Villa Rica. Todos ellos, a la vez, municipios con importantes extensiones de caña.
Rosana Mejía, consejera mayor de Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), lo resume así: “Lo primero es entender el contexto étnico y cultural. La propuesta (de Petro) es alentadora, pero le falta una pata. Al presidente se le olvidó que el territorio donde los empresarios tienen sus negocios es ancestral, es de la gente negra”.
NACIÓN, ECONOMÍA Y POLÍTICA
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