Esta semana se volvió a agitar el debate por la financiación de las obras de infraestructura en Antioquia a raíz de una propuesta que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la cual provocó el rechazo del Gobierno Nacional, pero encontró un apoyo en el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón.
El exmandatario propuso que un millón de antioqueños aportaran de a un millón de pesos cada uno, a título de donación o préstamo, para terminar vías claves del departamento que terminan beneficiando a todo el país.
La idea fue descartada por el presidente Gustavo Petro, quien dijo que es mejor que “quienes sean pudientes y se hayan enriquecido más con la construcción de carreteras 4G paguen la valorización”.
Esta iniciativa tampoco le suena a la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), cuyo presidente, Juan Martín Caicedo Ferrer, comentó que “no haría sentido que algunos ciudadanos que no usan las infraestructuras las financien. La bondad filosófica del peaje es que justamente lo paga quien utiliza la obra”.
Además, el vocero gremial señala que prefiere la opción institucional, basada en el principio que consagran las 4G, que se inspiraron en las llamadas, en principio, ‘Autopistas de la montaña’, lideradas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Y explicó que “ese principio que se convirtió en referente para América Latina, no es otro que el de una especie de delegatura que el Estado pone en manos de privados, para que construyan, operen y mantengan las obras y las carreteras, y que para hacerlo se financien y remuneren con las tasas de los peajes”.
Unidad Funcional 5 de Pacífico 3
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Toda esta discusión surgió a raíz de que en el decreto de yerros que publicó el Ministerio de Hacienda hace un mes para garantizar el presupuesto para obras de infraestructura en el país, no se incluyeron 2,5 billones que se necesitan para concluir varios proyectos en Antioquia.
“Por qué tanta malquerencia del Gobierno Nacional con Antioquia. Es incomprensible esa negativa de entregarnos los recursos para finalizar las vías 4G que le sirven a todo un país”, cuestionó el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón.
Una de las obras que están en vilo es el tramo 2 del túnel del Toyo, que tiene a cargo el Instituto Nacional de Vías (Invías) y contempla una longitud de 19,5 kilómetros, siendo el más extenso de Latinoamérica.
Aunque se reporta un avance del 79 por ciento en 12 kilómetros que fueron priorizados, hacen falta 650.000 millones de pesos para intervenir los 7,5 kilómetros restantes, donde se deben construir tres túneles, siete puentes, 5,6 kilómetros de vías a cielo abierto y pavimentos.
Si el Gobierno Nacional no garantiza estos recursos, el proyecto se podría paralizar en agosto de este año y se retrasaría la entrada en operación del túnel del Toyo, afectando la competitividad del departamento y el transporte de carga.
El dinero que falta
El secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, explicó que en enero de 2025 comenzará a funcionar Puerto Antioquia en el golfo de Urabá, y por su cercanía con Bogotá, la mayoría de la carga del país entrará por esta terminal, pero para que esta conexión se pueda dar es necesario finalizar las obras asociadas al túnel del Toyo, que es el más largo y profundo de América.
También hacen falta 900.000 millones de pesos para concluir varias conexiones de la vía 4G Pacífico 1 y así reducir los tiempos de recorrido, pues actualmente los transportadores de carga tienen que tomar rutas más largas para llegar al Urabá y la costa Caribe.
Estas conexiones son el intercambiador de Primavera (un tramo de 3,2 kilómetros entre Caldas y Amagá), un bypass de 400 metros en el sector de Líbano (reduciría el tiempo de viaje en 25 minutos) y el túnel doble de Sinifaná (facilitará la conexión con las vías 4G Pacífico 2 y 3).
A esto se suman los 150.000 millones de pesos que se requieren para el intercambio vial La Seca, que permitirá agilizar el tráfico por la doble calzada Bello-Hatillo, y 800.000 millones de pesos para atender todos los puntos críticos y construir taludes en la vía Medellín-Bogotá, en el tramo Santuario-Cañoalegre.
En 2023 la ANI tuvo que pagar 5 billones de pesos de multas a las concesionarias del país por falta de tráfico debido a que no se han terminado algunas vías 4G.
Si no se realizan estas obras clave para el departamento, el secretario de Infraestructura asegura que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tendría que asumir un costo de operación de tráfico muy alto. “Es mejor pagar para terminar las vías que pagarles a las concesiones por falta de tráfico”, dice.
Adicionalmente, recordó que en 2023 la ANI tuvo que pagar 5 billones de pesos de multas a las concesionarias del país por falta de tráfico debido a que no se han terminado algunas vías 4G. Solo a las concesiones de Antioquia les pagaron 1,1 billones de pesos.
Y aunque el Gobierno ha planteado el cobro de valorización como una opción para financiar obras de infraestructura en el país, el secretario de Infraestructura señala que su implementación aún es incierta y podría tardar varios años.
Por lo tanto, manifiesta que es necesario y urgente que el Gobierno Nacional apropie los recursos en el presupuesto porque, de lo contrario, estas vías nacionales se podrían retrasar más de un año.
Otra solución que había planteado la Gobernación de Antioquia a esta situación fue la cesión al departamento del contrato de la Vía al Mar –que incluye el túnel del Toyo– y la transferencia de la infraestructura vial de las Rutas Nacionales 25 y 60. Sin embargo, esta propuesta también la descartó el Gobierno Nacional.