¿por qué no es viable la idea de incorporar a los retirados de la Fuerza Públic

Buena parte de los problemas de seguridad de la capital se han traducido en la falta de pie de fuerza. Esta situación que no es nueva para la ciudad ha abierto serias discusiones entre el Gobierno Nacional y el Distrital por cuenta de los ya conocidos 1.500 oficiales que fueron financiados por la administración de Bogotá y que, según la exalcaldesa Claudia López, fueron retirados de las labores de seguridad de la ciudad cuando el presidente Petro asumió la presidencia.

Desde entonces, y no siendo la única causa, la crisis de inseguridad de Bogotá se ha venido agudizando y tanto la nueva administración distrital como el Concejo de Bogotá han planteado varias opciones para hacerle frente a la criminalidad y al mismo tiempo lograr acuerdos con la Nación para aumentar la disponibilidad de uniformados en las calles de Bogotá.

Ante el grave panorama de seguridad que atemorizó a la ciudad durante el primer trimestre del año fueron varias las voces desde distintos sectores las que plantearon soluciones rápidas a la situación.

Se escuchó de nuevo la posibilidad de crear una policía local, otros pidieron militarizar a Bogotá y otros tantos, como el concejal Julián Uscategui, plantearon la opción de incorporar a los oficiales en buen uso del retiro, de las reservas activas y de los veteranos, tanto de Policía como del Ejército, a la estrategia de seguridad de la capital.

Sin embargo está propuesta no es nueva. Desde la época de campaña, el alcalde Carlos Fernando Galán ya había planteado esta fórmula como una opción para suplir el pie de fuerza faltante.

En la actualidad, Bogotá tiene 16.656 policías, lo que se traduce en un uniformado por cada 470 habitantes. El estándar internacional de la Organización de las Naciones Unidas -ONU- es de un policía por cada 300 habitantes. Es decir, que Bogotá necesitaría más de 10.000 policías adicionales para atender los estándares internacionales y cumplir a cabalidad con su labor. Actualmente, hay más de 24.000 militares y policías con asignación salarial de retiro en la ciudad.

¿De qué se trata la estrategia?

En principio, la idea planteada por algunos concejales de Bogotá y que fue discutida con los miembros de la reserva activa de la fuerza pública y, con el mismo alcalde Galán, consiste en que los policías y militares que estén en buen uso del retiro puedan ser incorporados a la estrategia de seguridad de la ciudad para desarrollar labores administrativas y poder disponer del pie de fuerza activo, que cumple con esas funciones, y sacarlo a la calle a prestar labores de vigilancia y control.

Por otro lado, también se ha propuesto que los veteranos y retirados puedan hacer labores de calle y formar un cuerpo desarmado que ayudaría con los temas relacionados a los controles de convivencia, siendo así, como un grupo de gestores de seguridad que traen el conocimiento impartido por la Policía y el Ejército Nacional. 

En ambas figuras, los reservistas y retirados no estarían bajo las órdenes de las Fuerzas Militares sino que pasarían a ser supervisados por la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

No obstante, dicen los expertos consultados por EL TIEMPO que la aplicación de esta propuesta podría tener problemas tanto jurídicos como en la práctica. Andrés Nieto, exsubsecretario de Seguridad señaló que el Decreto Ley 1791 de 2000 establece las condiciones y normas para hacer parte de la reserva activa de la Policía y también los eventos en los que esta se podría usar.

“La reserva puede participar en eventos de carácter cívico, social, de servicio a la comunidad, capacitación, prevención y difusión de mensajes o campañas y generar enlaces entre gremios, ciudadanía y Policía. (…) En ningún momento hay una posibilidad de activar el servicio de policía por parte de civiles o personas que no estén vinculadas a la Policía Nacional. Esto incluye a las personas en uso del buen retiro”, señaló Andrés Nieto.

Por su lado, Cristian Carranza, experto en seguridad de la Universidad Manuela Beltrán, categorizó a la propuesta como ‘polémica’ debido a la reglamentación vigente. Según Carranza, es importante entender que los reservistas y los retirados son distintos y cumplen papeles diferentes.

“Los reservistas son las reservas que se tiene para cuando el jefe supremo, en este caso el presidente o el alcalde, a bien lo tengan y de acuerdo a los móviles y finalidades y una justificación constitucional detallada puedan llamar a estas personas de segunda línea a prestar el servicio a la ciudadanía”, explicó Carranza.

Según esto, los motivos por los que se autorice la activación de la reserva deben ser lo suficientemente detallados y no pueden llamarse a la ligera, en palabras del experto. De acuerdo con su concepto ese sería el primer motivo por el cual “la propuesta del alcalde y el Concejo está llamada a no prosperar”.

Ahora, en el caso de las personas retiradas al no hacer parte de institución y gozar de una pensión o cuando su salida se dio producto de una sanción disciplinaria no podrían obedecer al llamado de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Dice Carranza que, “en esa medida, los únicos que podrían ser llamados a integrarse son los reservistas y ahí hay una restricción legal bastante grande porque no estamos en tiempo de guerra expresa sino más bien en los llamados tiempos de paz”.

Dejando de lado los retos en materia jurídica, Néstor Rosanía, experto en seguridad y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, dice que esta es una idea innovadora porque “nunca se había hablado de reincorporar a oficiales en retiro”.

En esa misma vía, el experto destaca que uno de los grandes puntos a favor de la iniciativa es que los oficiales en retiro o reservistas traen consigo toda la experiencia y el conocimiento. “Ellos saben de las dinámicas de inseguridad que tiene la ciudad y, en mi opinión, esto puede funcionar muy bien”.

Ahora, para Rosanía la propuesta no está libre de retos, como por ejemplo la línea de mando que se tendría que revisar si es que la propuesta alcanza los niveles deseados de análisis para poder ser ejecutada.

“Dentro de la institución la antigüedad es lo que más pesa. Entonces no está claro cómo un oficial o suboficial superior tendría un jefe de rango inferior y más que por un tema legal esto traería muchos problemas a nivel de cultura organizacional dentro de la institucional”, añadió.

JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ 

EL TIEMPO

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