Cansados de la extorsión, ciudadanos están creando grupos de seguridad armados en zonas de Bogotá

Esa zona de la ciudad históricamente ha sido reconocida por ser uno de los epicentros del comercio de autopartes y está compuesta por locales comerciales víctimas de extorsionistas, quienes no han dado tregua. Para el cierre de 2023, en Bogotá este delito había aumentado 29,6 por ciento comparado con el año anterior, y fue la cifra más alta en todo el país. Según los datos de la Secretaría de Seguridad, para ese entonces el número de registros ascendía a los 1.730 casos.

Desde que se inició 2024 se han hecho más notorios los episodios en los que pequeños y medianos comerciantes han sido acosados por cobradores o sicarios de diferentes organizaciones delincuenciales que encontraron en la extorsión una práctica rentable. En el primer trimestre de este año ese delito aumentó 74 por ciento, al corte del 31 de marzo se registraron 516 casos.

Este diario recorrió ese sector y se encontró con diversos testimonios de la comunidad. “Nosotros tenemos que buscar la manera de protegernos y sabemos que a veces la policía no aguanta con todo y la verdad es que estamos cansados de vivir con miedo”, explicó un líder comunitario.

Hay quienes aseguran que los miembros de estos nuevos grupos de seguridad que operan a lo largo de 11 cuadras en el Siete de Agosto están uniformados y cuentan con armas de defensa personal.

Uno de los líderes de esta iniciativa le dijo a EL TIEMPO que dentro de esta forma de asociación se contaba con la participación de un “grupo élite del Gaula Militar y la Policía del CAI”.

Sin embargo, al consultar tanto con la Brigada XIII del Ejército Nacional como con la Policía Metropolitana de Bogotá sobre el apoyo a estos grupos de defensa en los barrios, negaron toda participación.

Por su lado, el Gaula Militar mediante su vocero oficial señaló que no tenían injerencia en la formación de frentes de seguridad, como se denominan los vecinos del Siete de Agosto, y que, además, ningún civil podía realizar labores de prevención de extorsión pues esto es jurisdicción única de las autoridades.

En esa misma línea, la Policía del sector aseguró que, aunque tienen una muy buena comunicación con los vecinos del sector y desarrollan trabajos articulados, ellos no hacen parte activa de ningún grupo de seguridad.

“Esas son iniciativas ciudadanas en las que solo se brinda una asistencia más oportuna y efectiva porque la comunicación es más rápida, pero la Policía no brinda equipamientos, eso es cuestión de las comunidades”, explicaron.

Según contó uno de los fundadores de este grupo, las labores que tiene a cargo son la vigilancia y el reporte de personas sospechosas y el “patrullaje” para vigilar que no haya situaciones extrañas. En caso de encontrarse con la delincuencia dan aviso a las autoridades; sin embargo, aseguran que también están “preparados para enfrentarse a ella”.

Aunque el grupo es reconocido y apoyado por la comunidad del sector del Siete de Agosto, opera casi que en la sombra y bajo la confianza de los vecinos. Al llegar no se pueden tomar fotos ni videos y prefieren no revelar sus nombres por seguridad.

Andrés Nieto, analista y exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, dice que es “preocupante” que haya grupos de ciudadanos que se autodenominen como frentes de seguridad cuando no lo son.

“Los frentes de seguridad están normados y deben pasar, no solo, por un proceso de formulación, aprobación y codificación por parte de la Policía. Incluso, un frente de seguridad puede perder su estatus si no genera acciones comunitarias, si no cumple los requisitos o si sobrepasa los límites”, aseguró Nieto.

El experto advirtió que de ser verdad la formación de este tipo de grupos en las localidades de la ciudad se estaría ante un panorama muy complejo: “Cada que la ciudadanía ha tomado las armas, acciones u organizarse para prestar servicios de seguridad han terminado en procesos de paramilitarismo”.

Según los datos y entrevistas recopiladas, los grupos de patrullaje son financiados por la misma comunidad, quienes mensualmente reúnen dinero para patrocinar las labores de protección. Además, se cree que a este grupo pertenecen veteranos, pensionados y retirados de la fuerza pública.

En barrios de Santa Fe, Candelaria y Kennedy también hay rastro de esto. Sin embargo, la situación allí es diferente porque la presencia de estos grupos o “frentes de seguridad” es menos latente.

En el barrio techo de Kennedy, por ejemplo, dicen los líderes comunitarios que han tenido que comprar “bates” para defenderse de los ladrones y de quienes han llegado al barrio a dinamizar el delito y la venta de estupefacientes. Uno de ellos reconoce tener un arma traumática para defenderse del crimen.

El fenómeno de creación de grupos de seguridad en Bogotá podría detonar una “guerra” entre la ciudadanía y los criminales. Orlando Carrillo, especialista en seguridad ciudadana, explicó que el aumento en este indicador es preocupante, porque la intención de la ciudadanía de hacer justicia por sus propios medios podría generar aún más problemas que soluciones.

“Es entendible que los ciudadanos demuestren el disgusto porque el sistema judicial no ha sido contundente en la administración de justicia (…); sin embargo, hay que tener en cuenta que el hecho de tomar la justicia por mano propia no es una formalidad, ya que, por el contrario, se podría ver inmerso en delitos como las lesiones personales y otros que sean la consecuencia de la ira”, explicó.

Y es que el panorama de inseguridad en la ciudad es tan volátil e incierto que, incluso, el gremio de comerciantes Fenalco asegura que una de las formas para frenar la crisis que los azota es permitir que los tenderos y empresarios, que tengan salvoconductos vigentes, puedan circular y usar sus armas para defenderse del delito.

“Hay una propuesta y es quitar la restricción del porte de armas con salvoconducto, que muchos de los comerciantes tienen, pero que no pueden usar debido a la legislación actual. Yo creo que a los comerciantes que tienen un arma con salvoconducto se les debería permitir portarla, y así los delincuentes lo pensarían dos veces antes de cometer muchos delitos”, anotó Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá-Cundinamarca.

EL TIEMPO conversó con Jesús Miranda, líder de un frente de seguridad y defensor de la implementación de la legítima defensa, quien explicó que esto es necesario porque debe haber alguien que tenga una reacción inmediata ante las situaciones de criminalidad. 

“Yo coordino un grupo de vigilancia que está armado, y usamos las armas traumáticas para disuadir al delincuente (…); a veces, las autoridades se demoran o, incluso, no llegan”.Miranda señaló que en algunos frentes de seguridad de la ciudad los integrantes “andan con armas letales o traumáticas” que les permitan contener la delincuencia.

Según él, no hay un apoyo efectivo de las autoridades, lo que los lleva a armarse para poder resguardar la integridad de sus comunidades. En otros casos, los ciudadanos han optado por contratar esquemas de seguridad suministrados por empresas privadas. ​​

JONATHAN TORO ROMERO​
REDACCIÓN BOGOTÁ
EL TIEMPO