En la ciudad de Bogotá, en plena carrera Séptima, a la altura del Museo Nacional, hay un edificio de más de 30 pisos con ventanales oscuros y columnas blancas. Cualquier transeúnte podría pensar que es una construcción normal y corriente. Sin embargo, tiene un elemento diferencial: la primera planta está plagada de carteles y pancartas.
Los reclamos giran en torno a puntos como la nivelación salarial, cumplimientos de normas de seguridad en el trabajo, mantenimientos locativos y bonificación salarial. Los sindicatos insisten en que estas problemáticas no son nuevas, y que, hasta que no sean atendidas, la huelga no se levantará.
“Este es un aspecto que se refiere al rezago histórico al que se ha visto expuesta a esta entidad y al desconocimiento que los diferentes gobiernos en los últimos 30 años le han dado a este Ministerio del Trabajo. Esto nos ha llevado a un olvido que consideramos debe dejarse”, explicó Gerson Cifuentes, presidente nacional del Sindicato de Trabajadores Defensores del Mérito (Sintramérito).
Y, como era de esperarse, el día a día de los trabajadores también se transformó. Según cuenta Óscar Acevedo, miembro de las organizaciones sindicales, las labores arrancan a las cuatro de la mañana con preparaciones logísticas “para organizar todo lo que son carteleras, sillas, mesas, pancartas, micrófonos y listados de asistencia”.
En este punto, empieza la jornada. “Se brindan informes, se dan charlas sobre temas sindicales, se recibe la lista para corroborar la asistencia y al final de la jornada, a las 4 p.m., se da un breve informe para culminar. Así es básicamente cada día”.
Luego de esto, un grupo más pequeño de miembros y líderes sindicalistas se quedan para recoger los elementos y realizar un balance de la situación en los 32 departamentos, y a eso de las 9 p.m. salen para sus casas.
La organización es clara. Tienen rutas para transportar a los funcionarios, registros de ingreso y salida, carpas, parlantes y delegados en cada oficina a nivel nacional para comunicar la hoja de ruta de la huelga, todo financiado con recursos de los sindicatos.
Es así como saben que 2.017 funcionarios se encuentran en cese de actividades y que, además, la asistencia en el país, excluyendo Bogotá, es del 100 por ciento. En la capital “hay una asistencia promedio del 60 por ciento porque hay más presiones por parte de los jefes, directores y subdirectores. Hay un poco de miedo de ser visto apoyando la huelga”, dijo Acevedo.
En Bogotá hay una asistencia promedio del 60 por ciento porque hay más presiones por parte de los jefes, directores y subdirectores
De hecho, hubo cinco sindicatos que decidieron continuar sus actividades con normalidad, y la relación de este grupo con el resto de la entidad “ha sido un poco tensa”. Según explica Acevedo: “Después de una reunión entre la administración y los sindicatos, se le solicitó que, por respeto, se retiraran de la mesa. La administración también le solicitó que se retiraran y ellos se salieron de la mesa, lo que conllevó que pudiéramos avanzar en el diálogo”, puntualizó.
Las respuestas de la ministra:
Uno de los primeros pronunciamientos oficiales se dio el 31 de mayo, fecha en la que se decretó la huelga, en donde Ramírez dijo que respeta el derecho a la asociación sindical, pero pidió que se levantara el cese de actividades.
“Esperamos que suspendan esta acción y permitan que, así como a ellos se les dan las garantías como huelguistas, también los demás funcionarios del ministerio puedan tener su derecho al trabajo”, aseguró.
En ese mismo comunicado estableció que la entidad está siempre dispuesta a dialogar y recalcó el papel de la mesa de negociación.
De igual forma, el pasado 4 de junio el Ministerio del Trabajo informó la aprobación de la bonificación especial por compensación establecida en el acuerdo sindical 2023-2025, uno de los puntos que reclaman los sindicatos. Esto fue visto como un mecanismo para avanzar en las negociaciones.
A pesar de esto, Maritza Manrique argumenta que la aprobación no fue “totalmente cierta” puesto que la bonificación se debe dar año a año y el 50 por ciento se tenía que pagar en marzo, pero a ellos les informó que “el pago sería en la vigencia 2024, o sea, en cualquier momento y, además, no quedó establecido que va a ser año a año”. Asimismo, argumentan que, aunque han solicitado cuatro veces el documento para estudiarlo, no han obtenido respuesta del Ministerio.