¿está en riesgo la conectividad de los capitalinos?

El robo de cable de cobre se ha convertido en el dolor de cabeza de las autoridades en Bogotá durante el último año. Y es que bandas criminales se han dedicado a cortar las redes que conectan a la ciudad con el servicio de internet dejando a localidades completas sin servicio este servicio, incluso, por más de 24 horas. 

En el último hecho, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a cinco de estos delincuentes que robaban 300 metros de cable de cobre con los que se conectaban más de 1200 líneas telefónicas y 400 familias a internet en las localidades de San Cristóbal y Toberín, al norte de Bogotá.

A pesar de que fueron sorprendidos en flagrancia, usando además prendas oficiales de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), un juez de control de garantías los dejó en libertad esta semana por considerar que la “conducta” cometida era un “delito menor”.

Es justamente esa concepción que hay sobre la “poca” importancia del robo de cableado de cobre en la ciudad la que tiene en alerta a empresas de telecomunicaciones como ETB, Movistar, Claro y Tigo.

“Cada una de estas células criminales que roban nuestra infraestructura no solo nos afecta a nosotros como telco sino que defrauda el servicio esencial de la conectividad de los hogares, las empresas, las MiPymes y negocios, los colegios, hospitales y la seguridad ciudadana. Los tiempos de la justicia nos tienen que acompañar para no dejar solos a los bogotanos”, afirmó Alex Blanco, presidente de ETB.

Según los datos recopilados por este diario, solo en el primer trimestre de este año se habían presentado 42 eventos de robo de cable de cobre reportados por una de las empresas prestadoras del servicio. Dicha vandalización del mobiliario de las telecomunicaciones dejó sin conexión a 695 clientes y representó pérdidas económicas a la compañía que superaron los 1.632 millones de pesos. Se estima que si se cuentan todos los eventos reportados por todas las compañías esta cifra podría superar los 500 casos.

Por el lado de los datos de Movistar, en 2023 los robos reportados llegaron a 818 y los hogares, empresas, entidades públicas y privadas de todos los sectores de la economía que salieron afectadas fueron 16.654, lo que generó una pérdida millonaria de más de 9.361 millones de pesos.

Cada una de estas células criminales que roban nuestra infraestructura no solo nos afecta a nosotros como telco sino que defrauda el servicio esencial de la conectividad de los hogares. Los tiempos de la justicia nos tienen que acompañar para no dejar solos a los bogotanos

Andrés Nieto, exsubsecretario de Seguridad de Bogotá y quien estuvo encargado de coordinar las mesas de trabajo con las cabezas de compañías como Claro, ETB, Movistar y Tigo, señaló que este fenómeno tuvo un crecimiento de 152 por ciento en 2023 y que en la ciudad hay al menos 17 bandas identificadas que se dedican al robo de cobre.

Según sus datos, en 2023 se recibieron reportes de 2.400 eventos en toda la ciudad de forma oficial (las compañías aseguran que fueron más de 4.000) y de todos los operadores de internet, lo que llevó a que se realizaran 50 operativos con un resultado de 410 capturas de individuos por el delito de receptación. También se allanaron 83 chatarrerías, de las cuales 10 fueron cerradas porque participaban en el negocio de comercialización de cobre.

De acuerdo con la información oficial, entregada por las autoridades, las zonas más afectadas por este flagelo en Bogotá son: San Cristóbal, Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Suba, Teusaquillo, Chapinero, Soacha y la Sabana Occidente.

Y es que como EL TIEMPO ya lo ha venido investigando y contando, el mercado ilegal de cobre en la ciudad ha venido teniendo un repunte impulsado por los altos precios de este mineral en el comercio internacional. No obstante, hay una mezcla de factores que también alientan el aumento de la conducta delictiva, partiendo de la falta de regulación y el enorme bache jurídico que hay frente al cómo se debería castigar este delito.

El problema de fondo

Lo primero que hay que tener en cuenta para empezar a desenredar el problema jurídico que envuelve a este delito es que hay varios caminos de maniobra, tanto para los denunciantes como para los mismos delincuentes.

EL TIEMPO se contactó con los líderes de seguridad de tres de las principales compañías de telecomunicaciones de Bogotá: ETB, Movistar y Claro y todos coincidieron en que es un fenómeno que está descontrolado. Y que a pesar de que han hecho un repliegue del cableado de cobre para ser sustituido por líneas de fibra óptica todavía no ha sido posible detener la avanzada de los criminales, pues “entran a las recámaras y cortan todo lo que ven, luego de cortarlo sí es que se dan cuenta que no es cobre sino fibra óptica, y ese material no vale nada en el mercado”.

En primera medida, explicó Andrés Nieto, experto en seguridad, que la conducta delictiva para este hecho está tipificada como “hurto a mobiliario público” lo que, ante los ojos de la ley, es un hurto simple. Ahí, nace el primer problema de la cadena pues, se excluye de la valoración legal, el efecto que dicho “robo simple” puede tener sobre las comunidades.

Por su lado, Oscar Manuel Trujillo, penalista e investigador criminal de la Universidad Manuela Beltrán, indicó que para poder analizar lo que pasa con este delito y la laxitud de los jueces en estos casos hay que tener en cuenta el valor del bien hurtado que puede ser una “menor cuantía”.

“La pena para hurto oscila entre 38 y 48 meses lo que implica que si entra en el primer cuarto de estás dos cantidades de meses, la persona puede optar por el beneficio penal en el que se suspende la ejecución de la pena mediante la libertad que se otorga cuando el delito es menor a cuatro años”, explicó Trujillo.

Otro escenario que plantea el penalista es que si el juez analiza el caso bajo los preceptos del artículo 55 del Código Penal sobre las circunstancias de menor punibilidad también habría beneficios para los ladrones de cobre. “Este artículo dice que por condiciones de marginalidad de la persona imputada se le hace una suerte de atenuante en el juicio que se hace de la individualización de la pena”, anotó.

Teniendo de presente la visión de estos dos expertos, también hay que tener en cuenta que dentro de la legislación colombiana no hay nada que contemple al robo de cobre como un delito. Sin embargo, señalan los expertos, que una vía podría ser la denuncia por receptación que, aunque no recaería sobre quien se lo roba, sí podría afectar al segundo eslabón de la cadena que son las bodegas y algunas chatarrerías que son las que compran el cobre robado.

Si bien este es uno de los caminos jurídicos, lo cierto es que debe haber una denuncia del dueño del cable que se robaron, es decir, las compañías de telecomunicaciones. Tras esta alerta ante las autoridades se debe iniciar una investigación que realiza la Policía en compañía de un perito especializado que pueda certificar, primero, que el cable pertenece a la compañía que denunció y, segundo, que ese mobiliario hurtado contiene cobre y que esa fue la razón primaria de su robo.

La pena para hurto oscila entre 38 y 48 meses lo que implica que si entra en el primer cuarto de estás dos cantidades de meses, la persona puede optar por el beneficio penal en el que se suspende la ejecución de la pena mediante la libertad que se otorga cuando el delito es menor a cuatro años

“Aquí lo que hay que tratar de hacer es encontrar una conexión jurídica entre quien se roba en cobre, la afectación al servicio público que esto genera y la legalización de este material para exportación en una ciudad como Bogotá que no tiene licencias mineras ni chatarrerías o empresas con permisos para exportar el mineral”, explicó el experto.

Pero la gran pregunta que surge de todo esto, y que los analistas catalogan como el eslabón perdido, es ¿cómo se legaliza el cobre robado para que luego pueda ser exportado? La cadena es la siguiente: el delincuente roba los cables de cobre, luego los vende en bodegas o chatarrerías, estas a su vez los funden y los entregan a las empresas encargadas de exportarlos, pero, no es claro cómo entre la fundición y la exportación se legaliza el material.

Este panorama complicado sumado a la necesidad de evolución en la prestación de servicios de conectividad en las grandes ciudades ha llevado a que las empresas de telecomunicaciones replieguen sus redes de cobre y las cambien por cableados de fibra óptica acorde a los estándares internacionales.

No obstante, estas rápidas estrategias no han menguado el problema, pues los delincuentes, que no tiene la capacidad de diferencias entre el cobre y la fibra óptica siguen cortando los cables sin importar lo que llevan por dentro y el resultado de esto es la misma desconexión y afectación para los usuarios finales del servicio.

Adicionalmente a esto, las organizaciones explican que el problema no es menor, pues en casos como el de Movistar, han sido tan reiterados los eventos de corte de cable de cobre que se llega a un punto de no retorno en el que la que ya es imposible la reparación y deben replegar todas sus redes y desconectar a toda una zona de la ciudad de sus servicios.

El acceso al internet es un derecho fundamental

Según la resolución de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en internet, adoptada en julio de 2018, el acceso a internet fue catalogado como un derecho humano universal.

“El documento oficial reconoce los derechos de las personas a estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión. De conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se exhortó a los estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y el el desarrollo de medios de comunicación en todos los países”, como quedó consignado en la relatoría presentada en el Consejo de Derechos Humanos.

Teniendo en cuenta este precedente, EL TIEMPO consultó con juristas para indagar sobre la posibilidad de obtener penas o medidas más estrictas para los criminales que, por robar cobre, dañan las conexiones a internet de los ciudadanos.

Explican que, si bien, el robo de cobre ha generado una afectación a la prestación de un servicio público catalogado como fundamental, el proceso judicial para argumentar que hay una violación a un derecho internacionalmente reconocido tendría que pasar al campo de las demandas, y como muchas veces los ciudadanos afectados no pueden identificar a los actores criminales, serían las compañías las que deben demandar ante la Ley a los receptadores del cobre, a las fundidoras o en caso de que se tenga plena identificación, a los delincuentes que se roban los cables.

Y aunque no parece una acción compleja de realizar requiere que las compañías puedan probar el nivel de afectación a la ciudadanía y, sobre todo, la violación explicita al derecho fundamental de estar interconectados mediante el acceso a internet. “El proceso es largo, engorroso y muy costoso para el sistema judicial, por eso muy pocos o casi que ningún juez le daría vía libre a un proceso de estos”, explicaron los analistas. 

JONATHAN TORO ROMERO

Redacción Bogotá

Más noticias de Bogotá