el complejo panorama de la nueva carta que se juega el presidente Gustavo Petro

En apenas una semana, desde el nombramiento de Juan Fernando Cristo en el Ministerio del Interior, el gobierno del presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa tres mecanismos diferentes, todos extraordinarios, con un solo objetivo verdadero: modificar normas legales y constitucionales que, en concepto del jefe de Estado, se atraviesan en el camino de sus reformas sociales o en la implementación del acuerdo de paz.

Primero, Cristo planteó una asamblea nacional constituyente, pero por vía institucional, en un giro del camino extralegal que venían sugiriendo el presidente Petro y el excanciller Álvaro Leyva. Esta semana, en medio de sus primeros contactos para tratar de ambientar la constituyente, Cristo aseguró que el Gobierno no descartaba figuras como el referendo o el plebiscito.

Y el jueves, en su visita al Consejo de Seguridad de la ONU, el Presidente sorprendió con la idea de utilizar el fast track legislativo (en plata blanca, menos debates y aprobación exprés en el Congreso) para modificar la ley e incluso la Constitución. “Un procedimiento de fast track nos llevaría a reducir los plazos del tiempo para cumplir con efectividad el acuerdo de paz firmado. Lo vamos a presentar a la sociedad colombiana y al Congreso, pero quisiéramos dejarlo aquí, refrendado ante ustedes”, dijo el mandatario esta semana en Nueva York.

Finalmente, Petro no denunció (como lo había anunciado) la supuesta negativa del Estado colombiano a cumplir el acuerdo con las Farc. Tampoco invocó ante el Consejo de Seguridad el ‘poder constituyente’, una posibilidad que según Leyva estaba implícita en el pacto del 2016. El jefe de Estado pidió una prórroga de 7 años más para el cumplimiento de lo pactado y habló de la necesidad de destinar más recursos a la implementación y al desarrollo de las zonas de conflicto, puntos que analistas y expertos coinciden en apoyar.

Pero la idea de Petro de revivir el fast track –que se usó hace siete años como mecanismo extraordinario para aprobar normas claves para sacar adelante no la implementación, sino la negociación misma de paz–, las vías que planteó para lograr más recursos para la implementación y su idea de crear un supertribunal por encima de la JEP –y al que además podrían acogerse narcos relacionados con el conflicto– encendieron alarmas. Especialmente, en sectores políticos que advierten que varios de esos puntos son los mismos que el mandatario ha intentado imponer en los últimos dos años y que ahora muestra como imprescindibles para cumplir el acuerdo de paz.

Altas fuentes de la Casa de Nariño y miembros del Pacto Histórico aseguran que aunque sí conocían la esencia de los ocho puntos planteados por Petro ante el Consejo de Seguridad, la idea de utilizar el fast track no estaba en el radar, salvo el de algunos funcionarios de entera confianza del Presidente. Antes del jueves, Petro tan solo había hecho referencia a la figura para cuestionar la forma en que fue aplicada en 2016 y para decir que no necesitaba de ella. Esto último fue en un trino días antes de posesionarse: “Nuestro fast track es el mensaje de urgencia que todos los presidentes desde 1991 han utilizado para darle más rapidez al trámite de leyes”.

Un detalle llamativo es que la nueva ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, había hecho mención del mecanismo en un foro tres meses antes de asumir el cargo. Allí señaló que la sentencia de la Corte Constitucional sobre el fast track supuestamente abría la puerta a una “flexibilidad” constitucional con miras a implementar un acuerdo de paz.

Nuestro fast track es el mensaje de urgencia que todos los presidentes desde 1991 han utilizado para darle más rapidez al trámite de leyes.

El ministro Cristo, quien en la misma posición como jefe de la cartera política del gobierno Santos sacó adelante el fast track y las leyes de paz, aseguró este viernes que la propuesta “todavía está en borrador”.

Lo cierto es que el gobierno del presidente Gustavo Petro suma al debate político una nueva figura que en esencia se aparta de la vía ordinaria de las reformas (cuatro u ocho debates –en el caso de cambios a la carta política– en el Congreso y posterior control de las cortes), y la ha utilizado como plataforma para esa presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un foro clave que, señalan los expertos, no tendrá incidencia porque la ONU no se mete en temas de política interna, que en esencia fueron los que tocó Petro en Nueva York, y porque la declaración radicada ante el Consejo de Seguridad no obliga ni al Congreso ni a las cortes a estar necesariamente de acuerdo con las posiciones del mandatario.

Y como en el caso de la constituyente, del plebiscito o del referendo, el eventual paso por el Congreso de una propuesta de fast track sería accidentado. La discusión y luego el control de la Corte Constitucional tomarían al menos un año.

Por eso, en el entorno del ministro Cristo hay voces que insisten en que el camino para sacar adelante iniciativas clave para el Gobierno es tratar de concertar con todas las fuerzas políticas una agenda base y pensar luego en mecanismos no extremos, como el mensaje de urgencia para acelerar su paso por el Congreso. Es decir, sacar adelante el ‘acuerdo nacional’ que el propio Petro propuso hace más de un año, pero en el que no ha avanzado por cuenta de la polarización política.

Un Congreso expectante

Mientras que la oposición de entrada le cerró la puerta a la posibilidad de implementar un fast track, en otras colectividades esperan que el Gobierno presente el alcance de lo planteado ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

En el Centro Democrático, crítico de ese mecanismo desde el gobierno de Juan Manuel Santos, insistieron en que se trata de un atajo del Gobierno para implementar sus reformas sociales. “Constituyente o fast track. Cualquiera de estos atajos que pretende el presidente Petro tendrían que ir a debate dentro del Congreso. Veremos cuáles partidos y congresistas permitirán avanzar en semejante destrucción de la Constitución. Aquí decimos no rotundo”, aseveró el representante Hernán Cadavid.

En la misma línea se pronunciaron congresistas de Cambio Radical. El senador Carlos Fernando Motoa aseguró que si se trata de implementar el acuerdo de paz, más allá de mecanismos que no están en la Constitución, se necesita voluntad política. “Las fallas en la implementación no son de índole normativa, sino política. Por lo cual, el discurso del presidente Petro carece de sentido y como muchos temíamos, fue un mea culpa que minará la confianza de la comunidad internacional y de los propios firmantes en lo pactado”, dijo.

Las directivas liberales, partido en el cual hay algunas voces en contra, prefieren aguardar y por ahora no emitir una postura. Fuentes cercanas a las directivas rojas le dijeron a este diario que están analizando la cantidad de propuestas lanzadas por el jefe de Estado en los últimos meses para pronunciarse. Dicen que son tantas las propuestas y narrativas promovidas desde la Casa de Nariño que es necesario esperar si finalmente hay una en concreto.

Incluso aliados del presidente Petro prefieren guardar distancia y no se la juegan por ahora. Es el caso del representante de Alianza Verde Jaime Raúl Salamanca, quien tiene el guiño de la Casa de Nariño para presidir la Cámara de Representantes en la legislatura que se inicia el 20 de julio.

Es una de las alternativas que se tienen para tramitar el acuerdo nacional. Estamos a la expectativa de qué se propone, producto del diálogo entre los sectores políticos en el Congreso, los sectores económicos y la sociedad civil.

“Es una de las alternativas que se tienen para tramitar el acuerdo nacional. Estamos a la expectativa de qué se propone, producto del diálogo entre los sectores políticos en el Congreso, los sectores económicos y la sociedad civil. La herramienta fue muy útil en la implementación de los acuerdos del proceso de paz. No debemos descartar ninguna alternativa, siempre y cuando la misma sea producto de la discusión amplia y democrática”, señaló.

En ‘la U’, partido que está en la independencia, hay voces divididas. “Todo lo que sea para avanzar en la implementación y que signifique el consenso del Congreso bienvenido sea”, dijo el senador José Antonio Correa, quien hizo énfasis en que acompañarán todo lo que esté enfocado en la implementación del acuerdo, siempre y cuando haya consenso político.

“Cada día nos sorprende más el presidente Petro. A todas luces pareciera haber o existir un interés del Presidente de pasarse por la faja la Constitución”, opinó por su lado Juan Felipe Lemos, también senador de ‘la U’.

Naturalmente, en la bancada oficialista van a ojos cerrados con la idea. “Es una propuesta sensata y necesaria para avanzar en la implementación de los acuerdos de paz. Necesitamos que el Congreso se comprometa en lo que le corresponde para que, no es que se niegue el debate, sino que el debate se haga a tiempo”, señaló el representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico. 

Las propuestas de Petro

Gran parte de las propuestas planteadas por el presidente Petro durante su discurso no son nuevas y ya habían sido mencionadas por él en otros escenarios.

En primer lugar, Petro planteó la modificación de las normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo para poder incluir la financiación de infraestructuras e inversiones públicas en los territorios priorizados por el acuerdo de paz. El Presidente sostuvo que esto es necesario para apalancar la “inclusión territorial al desarrollo”, uno de los tres puntos que en su criterio son el eje del acuerdo, junto con la reforma rural y la verdad judicial.

La propuesta de hacer cambios en el presupuesto –que se da en medio del debate de autonomía fiscal que han planteado varios gobernadores– ya había sido mencionada por el jefe de Estado, la última vez, en abril de este año. En esa ocasión dijo que las vigencias futuras “reproducían la desigualdad” y que la inversión pública se había concentrado “alrededor de las ciudades más ricas”. “La inversión pública son 4G concentradas territorialmente alrededor de las ciudades más ricas, y solucionando problemas que tienen que ver no con la población, sino con los sectores pudientes”, dijo en aquel momento el Presidente. 

De hecho, a principios de este año, desde el Ministerio de Hacienda publicó un borrador de decreto en el que se le daba facultades especiales al Presidente para que aprobara cambios en los proyectos de inversión que comprometían vigencias futuras, documento que en su versión final tuvo que ser modificado ante las críticas que generó. Esto ocurrió justo cuando el Presidente sostenía una dura polémica con Bogotá por el diseño del metro, megaproyecto en el que la Nación tiene comprometidos billonarios recursos y que el jefe de Estado insiste en modificar.

“Las vigencias futuras son irrevocables y les dan seguridad a los concesionarios que adelantan proyectos de infraestructura y a quienes los financian. Modificar las vigencias futuras generaría incertidumbre y parálisis en la inversión”, advirtió el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares, señala por su lado que sí se necesitan flexibilidades en el manejo del presupuesto para poder adelantar proyectos en las regiones priorizadas por el acuerdo.

El Presidente extendió al área del cumplimiento del acuerdo su idea de crear inversiones forzosas, que ya había planteado frente a la crisis económica y que los técnicos no comparten: “Las inversiones forzosas para la sustitución (son) de nuevo una idea que genera ineficiencia en la asignación del crédito, lo desincentiva y lo hace más costoso”, señaló en X el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo.

El jefe de Estado propuso también una “reforma agraria que contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa rápida de tierras”, un tema que se ha asociado al polémico artículo de ‘expropiación exprés’ que se coló en el Plan Nacional de Desarrollo y que está demandado ante la Corte Constitucional.

Las demoras en los procesos de compra de tierras para reforma agraria, dice Jorge Bedoya, presidente de la SAC, son una realidad. Pero advierte de los riesgos que se abrirían si se eliminan mecanismos que garanticen los derechos de propiedad legítima.

“Existe la expropiación administrativa, respetando la Constitución y el debido proceso. La exprés no existe en el ordenamiento jurídico colombiano”, señaló la exministra de Agricultura Cecilia López, quien salió del gabinete precisamente por oponerse a esa polémica iniciativa.

Y el presidente Petro llevó a la ONU su idea de crear un supertribunal superior a la JEP, además con facultades para procesar a organizaciones de delincuencia común como el ‘clan del Golfo’. Ya el año pasado, Petro y Leyva habían hablado en Nueva York de un supuesto “desvío” de la JEP, en lo que fue interpretado como una invasión del Ejecutivo a esa jurisdicción. Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la U. Libre, asegura que la propuesta “implica desconocer el propio acuerdo de paz, así como desconocer las competencias de Justicia y Paz”, lo que representa una contradicción con el discurso oficial de que lo que se busca es, precisamente, cumplir lo pactado en 2016.

MATEO GARCÍA, JUAN LOMBO Y CAMILO A. CASTILLO 

Redacción Política