Este miércoles se decidirá el futuro del presupuesto que presentó el Gobierno para el 2025. Las cuatro comisiones económicas, dos de Senado y dos de Cámara, se reunirán para votar el monto que pidió el Ejecutivo. Son 523 billones los que se solicitaron, pero en el Congreso se ha advertido que habría un desfinanciamiento de al menos 12 billones y crece el apoyo a la tesis de que debe reducirse.
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Desde ya se sabe que se estudiará una proposición liderada por los conservadores, sobre todo el presidente del Senado, Efraín Cepeda, que pedirá que se ajuste el monto a 511 billones de pesos. La intención es evitar el trámite de una ley de financiamiento -reforma tributaria- que no cuenta con un ambiente favorable en el Legislativo.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la radicación de la tributaria que busca 12 billones de pesos.
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La propuesta que precisamente le llevó el senador conservador al presidente Gustavo Petro en la reunión que tuvieron la semana pasada fue bajar el monto y aprobar un presupuesto que no esté desfinanciado. Luego el Congreso sí podría estudiar una reforma tributaria sin la presión de tener que cubrir un ‘hueco’. Los recursos obtenidos de ese cambio fiscal serían agregados con una adición presupuestal.
Esa fórmula tuvo buen recibo en algunos sectores del Ejecutivo, pero no en su cabeza, el presidente Petro. Así lo han evidenciado sus trinos desde la noche del lunes. Ante la propuesta de reducir el presupuesto, el primer mandatario llegó incluso a poner sobre la mesa la aprobación del presupuesto por decreto, una potestad constitucional que tiene pero que le quita la legitimidad y los consensos que le dan la vía legislativa.
“Parece que el presupuesto como dice la Constitución y la ley, saldrá por decreto”, fue la primera advertencia del mandatario en sus redes sociales, que luego retomó su tesis en la jornada del martes.
“Si el Congreso no aprueba el presupuesto, la Constitución dice que el gobierno lo decreta”, reiteró Gustavo Petro, que aseguró que si no se tramita la reforma tributaria que ha planteado su gobierno se tendrá que recortar el gasto público, aunque advirtió que no se tocará a “los pobres y el gasto social”.
La propuesta del primer mandatario no fue bien recibida por sectores políticos y especializados, a pesar de que es una potestad constitucional que se le otorga. Por ejemplo, la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano reconoció que está entre los poderes presidenciales asumir la promulgación del presupuesto por decreto pero no tendría sentido hacerlo por el monto original, desfinanciado, debido a que de igual manera no hay ambiente en el Legislativo para impulsar su reforma tributaria.
El Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó la reforma tributaria este 10 de septiembre del 2024
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En un mismo sentido habló el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. “Presidente, piense con cabeza fría. Si expide el presupuesto a la brava y por decreto se queda sin financiamiento, lo cual no le sirve de nada pues en enero tendría que recortarlo”, dijo el funcionario durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Luego puso en duda las intenciones de lograr los 12 billones por la ley de financiamiento, pues aseveró que esos recursos tendrían un fin de “mejorar su favorabilidad”.
Las posiciones de la senadora y de Cárdenas tienen eco en las comisiones económicas del Senado, que rechazarían el monto actual. Esto implicaría que hay altas probabilidades de que este miércoles se devuelva el presupuesto al gobierno Petro para que modifique la cifra pedida.
Los caminos son los siguientes para este escenario: que se acepte la proposición de los conservadores de bajar el monto a 511 billones, que no tendría acogida por los lados de Cámara, por lo que es poco posible; la segunda opción, y la que tienen más cabida, es que algunas de las comisiones no acepten el monto propuesto por el Gobierno y por ende se devuelva el proyecto al Ejecutivo para que lo cambie.
El gobierno Petro, por ley, tendría hasta el 15 de septiembre para allegar una nueva propuesta de monto. De no hacerlo, se encaminaría para presentar el presupuesto por decreto, como lo permite la Constitución si no hay aprobación de la ley de presupuesto antes del 20 de octubre.
En la tarde de este martes hubo reunión con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y los ponentes de la reforma tributaria para buscar acuerdos. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo le confirmaron a EL TIEMPO que al momento del cierre de esta edición no se habían llegado a los acuerdos necesarios para evitar que el país se encamine a un presupuesto aprobado por decreto, un hecho del que no hay antecedente en el último tiempo.