Luego de ventilar el tema por meses, y de tomar algunas medidas al respecto, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, presentó esta semana a líderes políticos del país la propuesta formal para prohibirles las redes sociales a los menores de 16 años. La acotación de edad (que estaba entre los 14 y 16 años) era el tema de debate por el que antes no se había presentado el proyecto, que se radicará en el Parlamento a finales de este mes.
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La decisión sobre el límite de edad se tomó luego de que el Gobierno hizo unas pruebas, pero a nivel nacional no es claro cuáles fueron los parámetros que se usaron para determinar los 16 años. Tampoco a nivel mundial hay un consenso sobre el tema. Y Australia abre el debate sobre la edad con este proyecto de ley. Desde 1998, la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (Coppa, por su sigla en inglés) de EE. UU. ha sido una guía no solo para ese país, sino para el resto del mundo, para imponer un control sobre el acceso a la información digital por parte de niños y niñas.
Con base en la ley Coppa, páginas web y redes sociales piden el requerimiento de la edad para prohibir el acceso digital a menores de 13 años, pero esta medida es fácil de burlar al cambiar el año de nacimiento, ya que no hay otros métodos de verificación.
De acuerdo con las declaraciones del primer ministro australiano, las empresas serán las que deben resolver cómo impedir el acceso a sus redes sociales a los menores de 16 años en un plazo de un año, tras la aprobación de la ley, que tiene gran favorabilidad. Tampoco se permitirá la navegación por estas aplicaciones a quienes tengan el consentimiento de sus padres.
“Las redes sociales están haciendo un daño de verdad a los niños y voy a terminar con esto”, prometió Albanese ante la prensa australiana. Hace unos meses también dijo que quería ver a los niños en las playas y en los parques, y no consumidos por el celular. Y frente a esa afirmación, Snapchat, una de las empresas que tendrán que adaptarse a la futura ley, manifestó que, más que hablar de prohibición, el enfoque debería situarse en la educación. “Nadar tiene riesgo, pero no se prohíbe a los jóvenes ir a la playa, por el contrario, se les enseña a nadar”, se lee en el comunicado de Digi, el nombre del conglomerado al que pertenece la compañía.
Snapchat, Instagram, X, Facebook, TikTok, incluso LinkedIn y WhatsApp serían algunas de las aplicaciones de redes sociales vetadas para los menores.
Uso de las redes sociales
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Las razones detrás
El primer ministro australiano no es ajeno a una realidad que desborda a los padres e instituciones educativas: la de niños embelesados por una pantalla, haciendo scroll y dando refresh indiscriminadamente, incapaces de soltar el celular, revisando el aparato cada vez que suena una notificación, aceptando amistades sin tener una noción de quién es la otra persona detrás del perfil, recibiendo información sin filtro.
“A mí me salen cosas en el celular que no quiero ver. Y no soy un adolescente de 14 años. Las chicas jóvenes ven imágenes de determinados tipos de cuerpos que tienen un impacto real”, también dijo Albanese.
Para 2017, uno de cada tres usuarios de internet era menor de edad. En España y EE. UU., el porcentaje de menores que afirman usar redes sociales es del 98 y 95 por ciento, respectivamente. Las cifras, a nivel general en países, son similares. Pese a que las redes tienen una restricción para menores de 13 años, niños entre los 8 y los 12 años han manifestado en un 38 por ciento usarlas. Según un estudio de la plataforma Qustodio aplicado a menores entre los 4 y los 18 años de EE. UU., España, Reino Unido y Australia, el año pasado los niños pasaron en promedio cuatro horas al día frente a una pantalla, que es el equivalente a dos meses del año.
Hablar sobre los dispositivos, las redes sociales y los menores de edad es un imperativo a nivel social y Australia está poniendo el debate más de presente con esta propuesta agresiva que les delega toda la responsabilidad a las empresas tecnológicas, las cuales, por su historial, poco han hecho para evitar llegar a la situación en la que estamos.
A partir de este año, la discusión alrededor de los efectos de las redes sociales en la salud mental de los menores de edad se profundizó luego de que el Senado de EE. UU. citó a una audiencia a los CEO de las grandes tecnológicas como Meta y TikTok para que respondieran sobre los daños causados a los niños atribuidos al uso de sus aplicativos.
Los casos expuestos en la audiencia tocaban temas como abuso sexual infantil, suicidio y pensamientos suicidas, muerte por participación en retos virales, bullying, autolesiones, explotación sexual, entre otros. Y aunque Mark Zuckerberg pidió disculpas por los dramas de cada familia que participó de la audiencia, en 2021 una exfuncionaria de Facebook filtró 21.000 documentos a The Wall Street Journal en los que se evidenció el conocimiento de la empresa sobre los efectos nocivos que ejerce el uso de sus aplicaciones.
Entre otras conclusiones de la investigación del medio neoyorquino está que Facebook ha sido consciente de la toxicidad que representa Instagram –empresa que pertenece a Meta– para los jóvenes, e incluso ha lanzado estrategias para atraerlos más a su plataforma.
Además de los problemas mencionados, se suman las relaciones negativas entre el uso de las redes y el aprendizaje, el rendimiento y compromiso académico; el uso problemático de estas plataformas que replican comportamientos adictivos y afectan, por ejemplo, el sueño; la falta de relacionamiento social; el desarrollo de cuadros depresivos o de ansiedad; el desconocimiento sobre la explotación de datos; el consumo de contenidos violentos, abusivos, que generan estrés o enfrentan a niños y niñas con estereotipos de género, que los impulsan a buscar un ideal de belleza que no es sano y real; el compararse constantemente con la vida de otros; el perder la noción de realidad. Todo esto se ha documentado en investigaciones académicas, casos de estudios, denuncias y percepciones de los profesionales de la salud y la psicología.
Los reparos
Como es usual, este tipo de propuestas encuentra aplausos y detractores. Unos creen que es la mejor solución, debido a que poco se ha hecho para controlar el consumo de contenidos digitales; otros consideran que es una medida populista y paternalista, pues hay poca evidencia sobre la eficacia de la prohibición. Además dicen que el veto impulsa a buscar otros métodos menos seguros para acceder a las redes.
“Soy un firme defensor de la propuesta. Abordo esta cuestión como psicólogo clínico que ofrece tratamiento a niños y adolescentes que padecen trastornos alimentarios. Hay investigaciones que nos indican que, desde que han aparecido las redes sociales, ha habido un aumento (de los casos) en los últimos 12 años. No estamos tratando de decir que las redes sociales sean la única causa, pero sí han desempeñado un papel importante”, dijo Simon Wilksch, investigador de la Universidad Flinders y médico especialista en trastornos alimentarios, a SBS News Australia.
La investigadora en ciberpsicología Diana Ximena Puerta-Cortés comparte la idea de la prohibición, pero complementada con pedagogía. “Esta medida puede ser positiva en la medida en que se acompañe del componente educativo, para que los cuidadores de los niños comprendan que un teléfono celular no es un elemento de ocio para los menores. También hay que entender que la socialización a través de los medios electrónicos no es primordial en esas edades, a diferencia de otros procesos que sí son importantes estimular, como es el pensamiento crítico, la memoria, la atención, la flexibilidad cognitiva y la empatía”.
En la otra orilla, los que critican la propuesta agregan que esta desconoce los beneficios que pueden traer las redes en los menores, limita derechos de las infancias como la libertad de expresión y acceso a la información, le quita agencia a esta población, entre otras consecuencias. ReachOut, una plataforma digital que ayuda a conectar a jóvenes con profesionales de la salud mental, sostiene que el 73 % de los adolescentes de Australia buscan apoyo para estos temas en las redes. “Nos preocupa que los jóvenes encuentren formas alternativas y menos seguras de conectarse en línea, lo cual podría alejarlos del apoyo que necesitan”, manifestó Jackie Hallan, directora de ReachOut.
“El proyecto amenaza con causar graves daños al excluir a los jóvenes de una participación significativa y saludable en el mundo digital”.
En octubre, 140 académicos australianos y de otros países firmaron una carta expresando su desacuerdo con la propuesta que tildaron de una “solución demasiado tosca”. “El proyecto amenaza con causar graves daños al excluir a los jóvenes de una participación significativa y saludable en el mundo digital”, dijo por su parte Daniel Angus, director de la unidad de investigación sobre medios digitales de la Universidad Tecnológica de Queensland.
Otro punto a resaltar de los contra es que, para garantizar que los menores de edad no entren a las plataformas, estas deben de introducir mecanismos de identificación a través de datos personales o biométricos, lo que vulneraría la privacidad de todos los usuarios de las redes.
Red Papaz se alinea un poco con la postura del Gobierno australiano que busca poner en cintura a las empresas tecnológicas, recordando que Naciones Unidas les ha pedido mayores responsabilidades a la hora de proteger a los niños y niñas. “La forma en cómo los menores de edad se tienen que regular en su uso de las redes sociales no debe recaer únicamente en los padres, mucho menos en ellos”, apuntó Alejandro Castañeda, coordinador del Centro de Internet Seguro Viguías de Red Papaz.
A su juicio, un punto medio es que haya aportes de parte y parte. Es decir que las plataformas tengan métodos más rigurosos y estrictos para verificar la edad de quien quiere crear un usuario sin vulnerar la privacidad. Y también está el acompañamiento de los padres durante el acercamiento a las redes sociales, no solamente en términos de alfabetización digital (crear un perfil, publicar, agregar un contacto, etc.), sino de enseñar habilidades socioemocionales. “Hay que educarlos para que hablen cuando se sientan en peligro o incómodos con algo”, dijo Castañeda.
Esta organización que trabaja en pro de los derechos de la niñez también recomienda la necesidad de escuchar los jóvenes, quienes también tienen herramientas para conversar lo que les preocupa al navegar por las plataformas digitales. Catalina Moreno, codirectora de Karisma, recuerda que la Convención de los derechos de los niños les reconoce agencia a estos. “Cuando les restamos agencia y de una vez determinamos que la forma de abordar este problema es prohibiéndoles la entrada a las redes esto les quita autonomía“, dijo.
“La evidencia científica sí muestra la necesidad de que las entidades regulatorias tomen medidas para convivir con los aparatos tecnológicos, así como lo hicimos con el cigarrillo y el licor. La regulación no debe de ser prohibición, sino una base que promueva un uso controlado y consciente de las redes por parte de adultos, niños y la sociedad en general”, opinó Margareth Lorena Alfonso, doctora en Ciencias de la Educación y el Deporte de la Universidad de La Sabana.
Recordando las legislaciones que hubo alrededor del cigarrillo y el licor, Karisma propone otras alternativas que vayan por esa vía. “Hay otras medidas que se pueden implementar para que las plataformas sean mas conscientes de los daños que ocasionan sobre las personas. Por ejemplo, se les podría exigir un fondo de reparación colectiva a los daños en materia de salud que ocasionan los contenidos de terceros que se publican en sus redes. Así tal cual ocurre con el impuesto al cigarrillo”, dijo Moreno.
Ya que muy seguramente el Parlamento australiano aprobará la ley, este país se convertirá en el laboratorio de implementación de medidas más estrictas para el acceso a las redes sociales por parte de menores.
Australia ha dado otros pasos hacia su propósito de garantizar una mayor seguridad digital. Este año también sacó una ley para combatir la desinformación que le permite multar a las tecnológicas que no cumplen sus obligaciones. Con estas determinaciones, el país oceánico se ratifica como el pionero en la protección digital a través de una serie de regulaciones que hoy concentran la atención mundial y que otros países siguen, como Colombia, donde en el Congreso se tramitan cinco propuestas legislativas parecidas.
NATALIA TAMAYO GAVIRIA
SUBEDITORA DE DOMINGO
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