Cuatro años han corrido desde el paso arrasador del huracán Iota sobre la isla de San Andrés y el archipiélago de Providencia (16 de noviembre de 2020). Un desastre ambiental que puso los ojos del país en un departamento históricamente desatendido, que tras el desastre quedó devastado hasta sus cimientos. En el caso de Providencia, el 98 % de su infraestructura sufrió daños. Su plan de reconstrucción, liderado por la Unidad de Gestión del Riesgo y adelantado por dos Gobiernos (Duque y Petro) ha sido blanco de críticas por la misma comunidad, aunque desde la anterior administración aseguran haberlo cumplido en un 94 por ciento.
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Es 15 de octubre de 2024. Son aproximadamente 50 raizales de Providencia los que protestan pacíficamente. Sostienen pancartas y están parados frente a las ruinas del colegio María Inmaculada, el más emblemático de la isla. Acaba de cumplir 92 años y su sede, antes de ser destruida por los vientos de Iota, era patrimonio cultural del país. Hoy, los niños están en aulas provisionales que están siendo dañadas por el comején. Cuando llueve, se mojan, y cuando hace sol, sufren mucho calor.
Una situación similar afrontan las familias que viven en las casas reconstruidas. Según ellos, la madera se está pudriendo, los techos tienen goteras y algunas puertas se están cayendo. Esto, dicen, como consecuencia del mal uso de materiales.
“Reconstruyeron toda la isla, pero con unas falencias terribles. Aquí trajeron gente que no sabía nada de cómo reconstruir con madera y lo que han dejado ha sido un gran problema para la comunidad”, dice Josefina Teresa Huffington, presidenta de la veeduría cívica de la isla.
En enero de 2021 arrancó el proyecto de reconstrucción, en cabeza de Susana Correa, directora de Prosperidad social para la época, que inicialmente contó con una asignación presupuestal de $646.218 millones de pesos. Según el presidente de Findeter en 2022, el actual ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, ese monto fue usado únicamente en viviendas, con 1.831 intervenciones. Pero levantar de nuevo la isla terminó ascendiendo a los 1.6 billones de pesos, por los sobrecostos del 40 % en temas como el transporte y la mano de obra, que se encarecen por ser en un territorio en medio del Atlántico.
Ruinas del colegio María Inmaculada, otrora patrimonio del país.
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En una auditoría de la Contraloría de junio de 2024 a esta entidad se destacó el cumplimiento de la normatividad relacionada con el manejo de los recursos. Sin embargo encontró deficiencias constructivas, que es el punto que alega la comunidad, con irregularidades por 800.466.248 pesos. De hecho, la entidad señaló que centenares de casas no han sido recibidas por estas inconformidades.
Los roces con la comunidad
Miss Josefina, como le dicen todos, interpuso una tutela que llegó a la Corte Constitucional. Y la máxima instancia de la justicia en el país le dio la razón. A través de la sentencia T-333 de 2022, el Tribunal expuso que el Gobierno Nacional incumplió los acuerdos sobre cómo debían ser reconstruidas Providencia y Santa Catalina y les negaron al pueblo Raizal su derecho a la consulta previa.
“El Gobierno incumplió los acuerdos sobre las características básicas que debían tener las nuevas viviendas, lo que llevó a que se entregaran casas incompletas e incapaces de proteger a sus habitantes ante un nuevo huracán”, dictó la Corte.
La raíz del problema radica en las molestias entre los raizales, quienes aseguran que algunas de las obras adelantadas por el Gobierno, además de las fallas técnicas, no tuvieron en cuenta sus características patrimoniales y culturales.
“El Gobierno del señor Iván Duque decidió no incluir dentro de la reconstrucción los inmuebles que habían sido declarados como patrimonio cultural del pueblo raizal en el esquema de ordenamiento territorial”, se lee en un informe de veeduría. Uno de estos bienes que desaparecieron para siempre, de hecho, fue la escuela María Inmaculada y el Teatro Midnight Dream.
La intervención total de la isla, según Findeter, costó 1.6 billones de pesos.
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Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo de este año que hizo seguimiento al plan de reconstrucción y protección de los derechos colectivos de la comunidad también mostró fallas sistémicas, no solo en infraestructura.
La entidad evidenció precariedades en el sistema de Salud. La entrega de medicamentos es crítica, porque no hay un dispensario, el servicio de ambulancia no funciona después de las 4:00 pm y en el hospital hay falta de insumos para la atención de los pacientes. Tampoco cuentan con agua potable ni con un óptimo sistema de alcantarillado. “De las 765 viviendas intervenidas hay un promedio de 400 viviendas que presentan deficiencias en el sistema de tratamiento de aguas residuales y doméstico que no fueron intervenidas por Findeter y que requieren atención urgente e inmediata”, se lee en el documento.
La Defensoría, de igual manera, alertó sobre la acumulación de más de 60.000 toneladas de escombros. En la actualidad, un sector del archipiélago funciona como un botadero a cielo abierto.
Transparencia por Colombia también ha realizado en los últimos cuatro años un seguimiento a este proceso. La principal alerta que emitió fue la falta de información -que debe ser pública y de fácil acceso- sobre la contratación en las obras e interventorías por parte de la UNGRD y el Findeter; un requerimiento expuesto en la sentencia de la Corte para garantizar la participación y veeduría ciudadana. Así mismo, atribuyó posibles sobre costos, una denuncia que hizo el presidente Gustavo Petro apenas tomó el relevo de mando.
Susana Correa, exdirectora de Prosperidad Social
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“Se han identificado sobrecostos en las viviendas entregadas, las cuales además presentan problemas estructurales y materiales de baja calidad, como se constató directamente en las visitas de campo realizadas por Transparencia por Colombia y se corroboró en el informe de auditoría de cumplimiento intersectorial 2023 de la Contraloría. Estas situaciones vulneran el derecho de los isleños a una vivienda digna”, indica la organización. Asimismo, señala que persiste el incumplimiento de compromisos cruciales establecidos en el Plan de Acción Especifico (PAE), entre los que destacan la construcción de refugios seguros y de un hospital de segundo nivel.
Protocolización de acuerdos con 10 sectores
Tras la ausencia de una consulta previa en las etapas iniciales y por lo que fueron condenados de manera principal la UNGRD, el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Providencia, el proceso se comenzó a adelantar en Providencia, en San Andrés hasta ahora no. El pasado 31 de octubre la dirección de la autoridad nacional de consulta previa del Ministerio del Interior protocolizó los acuerdos de 10 sectores con la comunidad raizal de Providencia y Santa Catalina.
El acuerdo intersectorial incluye la implementación del subregistro electrónico seguro y eficiente para Providencia, la expedición de tarjetas residenciales seguras, la instalación de un centro zonal y un centro de desarrollo infantil. Así mismo, se ordena la reconstrucción y dotación del Teatro Midnight Dream y un Centro de Contenido Cultural, atendiendo, precisamente, las demandas de la comunidad de respeto patrimonial.
SARA VALENTINA QUEVEDO
Redacción Justicia