Mientras que los sectores económicos especializados ven con recelo y hasta han catalogado como un peligro para la sostenibilidad fiscal del país el proyecto que reforma el Sistema General de Participaciones (SGP) –la bolsa de dinero que se destina directamente de los ingresos corrientes de la Nación a departamentos y municipios–, en la clase política hay filas cerradas en torno a la iniciativa, tanto que todo apunta a que la que puede ser la reforma constitucional de mayor impacto en las últimas décadas será aprobada en menos de dos semanas.
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Del Centro Democrático al presidente Gustavo Petro, además del presidente del Senado, Efraín Cepeda, en todos los partidos se ven defensores a ultranza del proyecto. Incluso, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, llegó a decir en diálogo con EL TIEMPO que el país está frente a la expresión del “verdadero acuerdo nacional”. En sus siete debates –de los cuales al menos cuatro pasaron por debajo del radar de la opinión pública– apenas ha recibido cinco votos negativos y para su debate final no se avizora un cambio en el ambiente receptivo.
La Comisión Primera de la Cámara aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones.
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En esencia, el proyecto recoge un reclamo de décadas de las regiones para tener acceso a mayores recursos sin depender del guiño de los funcionarios nacionales, incluso de segundo nivel en Bogotá. Pero en plata blanca también implicará que billonarias partidas terminen, si no manejadas, al menos en una zona de mayor influencia para los poderes políticos locales y regionales y sus socios en el Congreso.
Por eso, la reforma ha sido imparable y también por eso hay alarmas encendidas sobre los controles que serán necesarios para evitar que los corruptos encuentren un billonario abrevadero. Al hablar con ponentes y conocedores de la iniciativa, la mayoría apunta a que el arrollador paso de la reforma se debe a que se dieron las condiciones propicias para el trámite y en ella confluyeron los intereses de al menos tres sectores muy distintos.
Solo basta con ver cómo se fueron sumando apoyos paulatinamente. Por un lado están los autores iniciales. El ahora ministro Cristo y los senadores de su antiguo partido, En Marcha, (Guido Echeverry y Jairo Alberto Castellanos) venían trabajando la propuesta desde 2022. La presentaron en el segundo semestre de ese año y se hundió por falta de trámite en los tiempos previstos.
Se volvió a presentar en marzo de este año. Uno de los primeros apoyos importantes del proyecto llegó con el entonces presidente del Senado, Iván Name. Este venía impulsando su tesis de federalismo y provincias autonómicas, e incluso logró que se incluyera en el plan nacional de desarrollo un artículo relacionado con este tema. Como parte de la difusión de su tesis hizo varios foros. En uno de ellos estuvo el ahora ministro del Interior exponiendo el alcance de la iniciativa que ahora está a una sola discusión de reformar la Constitución. Como presidente del Senado, el apoyo de Name fue importante en un primer momento. Incluso algunos llegaron a identificar el proyecto con este, pero realmente venía de En Marcha.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, estuvo durante el debate.
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El segundo impulso significativo fue el de la Federación Nacional de Departamentos (FND). Los gobernadores entrantes llegaron con un énfasis en mayores autonomías y el proyecto coincidía en esa línea. Aunque inicialmente iban a presentar un proyecto propio, vieron que esta iniciativa tenía los principales objetivos que se plantearon desde la primera cumbre de gobernadores, hecha en Cartagena.
“El Congreso mayoritariamente está de acuerdo y pues los gobernadores lo hemos impulsado porque tenemos la lucha histórica de la descentralización. Es decir, el SGP es la materialización de cómo se descentraliza los recursos del Gobierno Nacional y las competencias y les damos más a nuestros territorios para poder operar”, dijo en diálogo con este diario el gobernador de Boyacá y presidente de la FND, Carlos Amaya.
El último apoyo que llegó fue el del gobierno del presidente Gustavo Petro y se hizo en tres tiempos distintos. Por un lado, el Ministerio de Educación venía trabajando con Fecode en una propuesta de descentralización de mayores recursos para la educación a nivel regional. Como la reforma del Sistema General de Participaciones ya estaba circulando en el Congreso y se acomodaba a buena parte de lo que pedían, se sumaron a ella. Igualmente, el Ministerio de Salud vio con buenos ojos que hubiese más recursos para las regiones y que asuman muchos temas de salud que actualmente son del orden nacional.
La segunda ronda de apoyos se puede encuadrar en la llegada de Juan Fernando Cristo al Gobierno. Este era uno de los autores de la iniciativa y su posesión en el Ministerio del Interior terminó de emparejar el camino de la propuesta. El propio ministro dio señas de la gestión que haría a su favor en el primer discurso que dio como funcionario, cuando habló de que uno de sus objetivos era “avanzar en la profundización de la autonomía territorial y un fortalecimiento de las capacidades fiscales de los departamentos”. Incluso, cercanos al ministro le comentaron a este diario que había aprovechado esos primeros encuentros con el mandatario para exponerle el proyecto.
Con la asistencia de gobernadores avanzó el debate en el Senado.
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El apoyo final llegó hace poco más de un mes. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexánder López, se opusieron con vehemencia a la propuesta y enviaron al Congreso sendos conceptos en su contra. La polémica llegó a una de las máximas instancias del Ejecutivo, el consejo de ministros. Allí, el presidente Petro se terminó decantando a favor de la reforma, aunque pidió hacer algunos cambios, entre ellos bajar el monto que se les entregaría a los departamentos y municipios de los ingresos corrientes de la Nación, se pasó del 46,6 a 39,5 por ciento, y el periodo de transición, que se aumentó de 10 a 12 años.
El visto bueno presidencial solo entró a confirmar la ausencia de oposición en el Congreso. En su primera vuelta, la reforma del SGP apenas tuvo tres votos negativos, dos en Senado y uno en la Comisión Primera de Cámara. Aunque los del Pacto Histórico eran conscientes de las objeciones presentadas por Hacienda, acompañaron el proyecto. Luego, con el sí de Gustavo Petro, se pavimentó el camino. Solo se han presentado dos votos negativos, el de Paloma Valencia y el de Humberto de la Calle, quien aclaró que votó de forma negativa en el sexto debate porque se votó el articulado en bloque.
Mientras que la senadora Angélica Lozano, quien había propuesto transferir el 36 por ciento y no el 39, tiene varios reparos. Entre ellos, que en el texto no quede como requisito que la ley de competencias que se hará posteriormente deba tener aval fiscal: “Es peligroso y termina excepcionando en la Constitución a un proyecto de ley de la obligación que tienen todos los proyectos con impacto fiscal y apropiaciones”.
Expertos explican la gran acogida de la siguiente forma: “Hay una razón fundamental, los congresistas en sus territorios no los miden y no ganan votos por sus discursos de control político en el Congreso o las leyes. Hay un punto determinante y es llevar recursos y crear obras. La vara es la influencia en la gestión de recursos para las demandas sociales”, dijo el profesor Jairo Libreros, de la Universidad Externado. En esa línea, concluyó: “Con este proyecto de reforma, todos los congresistas pueden decir que están en capacidad de llevar esos recursos”.
JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO
Redacción política