La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz presentó este miércoles ante la opinión pública el Programa de Protección Integral (PPI), el cual fue promulgado por el presidente Gustavo Petro mediante el Decreto 0638 publicado el pasado 10 de junio. Este documento, una deuda que tenía el Estado con los excombatientes, tiene como objetivo coordinar, junto con las entidades competentes, la implementación de medidas orientadas a la protección de los integrantes del partido Comunes, así como de los firmantes de paz en proceso de reincorporación y de sus familias.
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“Esta política reconoce, además, que proteger va más allá de estas medidas tradicionales de seguridad dura como escoltas, carros blindados, etcétera. Y pasa por una mirada mucho más integral de la seguridad humana”, señaló Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
El decreto se expide en un contexto crítico: según datos de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, con corte a marzo, se han registrado 460 crímenes contra firmantes del acuerdo de paz desde su firma. Además, su publicación ocurre casi tres años después de que la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU-020, declaró el estado de cosas inconstitucional debido a la crisis de seguridad que enfrentan los desmovilizados.
El decreto había sido firmado el pasado 10 de junio por el presidente Gustavo Petro. Foto:Unidad para la Implementación del Acuerdo
El Programa de Protección Integral contempla tres tipos de medidas articuladas: las orientadas a garantizar la libertad respecto del miedo, centradas en la protección frente a amenazas directas a la seguridad y la integridad física; las que buscan la libertad respecto de la necesidad, enfocadas en satisfacer necesidades básicas y atender factores económicos, sociales y ambientales que generan riesgos; y las medidas para vivir en dignidad, dirigidas a reducir la discriminación y la exclusión, promoviendo el empoderamiento de la población beneficiaria, especialmente en espacios de participación política.
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Con el decreto también se crean las Instancias Tripartitas de Protección y Seguridad (ITPS), tanto a nivel nacional como territorial. Estas instancias estarán integradas por representantes del Gobierno, de la población beneficiaria y de la Misión de Verificación, quienes tendrán la misión de coordinar, monitorear y garantizar la implementación efectiva del programa.
La ITPS Nacional será presidida por la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, y contará con representantes de entidades como el Ministerio del Interior, la UNP, la Policía Nacional, la ARN y los firmantes del acuerdo. En paralelo, las ITPS territoriales funcionarán en municipios y departamentos priorizados, con funciones similares, pero adaptadas a las realidades de cada uno de los territorios.
Firmantes de paz venían solicitando la creación del programa. Foto:Prensa ARN Colombia.
Otra de las tareas de la Unidad de Implementación del Acuerdo será convocar mesas, solicitar informes, hacer seguimiento y asegurar la articulación con otras instancias como el Comité de Impulso a las Investigaciones, la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) y el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep).
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“También trabajaremos muy fuertemente en nuestras estrategias contra la estigmatización, que es uno de los aspectos más fuertes por los cuales hoy hay amenazas y muchas veces homicidios a quienes dejaron las armas en el 2016”, añadió Miller.
Este programa había quedado establecido en el artículo 12 del Decreto Ley 895 de 2017 y era una deuda pendiente del Gobierno.
CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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