La Contraloría de Bogotá realizó en la mañana de este miércoles una visita fiscal a las obras de la planta de tratamiento de aguas residuales Ptar Salitre para verificar las condiciones de operación, el estado de la construcción y de los equipos, al igual que el programa de mantenimiento y las garantías.
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La diligencia fue encabezada por el contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, quien estuvo acompañado del delegado del Medio Ambiente de la Contraloría General, Gabriel Jurado. El pasado 25 de julio, la Procuraduría General también realizó una visita a la planta y advirtió riesgos en la operación de la planta y fallas en algunos equipos, falta de garantías de estos y de manuales de operación
A partir de la visita fiscal, el Contralor distrital le solicitó a la Empresa de Acueducto que informe sobre el estado técnico, el funcionamiento y las garantías de todo el componente y la maquinaria que debe recibir en septiembre próximo, cuando se tiene prevista la entrega del proyecto por parte del contratista, el Consorcio Expansión Ptar Salitre (CEPS).
“Sin perjuicio de la orden judicial que exista, desde la Contraloría de Bogotá consideramos que la CAR, como entidad contratante, y el Acueducto, con base en las cláusulas contractuales y con criterio técnico, deben dejar todas y cada una de las constancias sobre el estado de los equipos que van a recibir, teniendo en cuenta que hay informaciones de posibles daños prematuros”, dijo el contralor Ruiz.
Y agregó que en caso de inversiones dobles o adicionales injustificadas por parte del Acueducto, por una mala ejecución contractual del Consorcio, la entidad “no dudará en sancionar a las firmas que integran el consorcio para proteger el patrimonio de los bogotanos”.
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El Delegado del Medio Ambiente de la CGR, por su parte, señaló que a la Contraloría General le preocupa, entre otras cosas, que “la situación de conflictividad contractual entre la CAR, el Acueducto y el consorcio CEPS, lleve a la paralización de la planta, lo cual sería nefasto para el río Bogotá y se constituiría en una grave amenaza ambiental”.
La visita fiscal fue ordenada dentro de una auditoría conjunta de las contralorías General de la República (CGR) y de Bogotá, desde donde viene ejerciéndose control fiscal sobre las inversiones realizadas por la Nación y el Distrito en el proyecto que hace parte del megaproyecto para la descontaminación del río Bogotá.
En desarrollo de la auditoría de las contralorías de Bogotá y General, el ente de control de la capital prevé un acompañamiento especial a la Empresa de Acueducto durante el proceso de recepción, puesta en operación y mantenimiento.
A pesar de no contar con facultades de control preventivo, la Contraloría de Bogotá ha decidido evaluar la información (…).
Cabe recordar que desde el 16 de diciembre de 2021, el Acueducto de Bogotá recibió y empezó a operar la Ptar por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no sin antes advertir que la planta no está en condiciones de operar. CEPS, por su parte, ha señalado que la planta está operando y que cumple los parámetros de tratamiento. La obra fue contratada por la CAR, por valor de 1,5 billones de pesos y un plazo de 5 años.
El ente de control aclaró que en el plan de trabajo de la acción conjunta se estableció que no le corresponde a esta entidad la fiscalización del contrato 803 de 2016 para la construcción de la Ptar Salitre, dado que fue suscrito entre la CAR y CEPS, y como tal no involucra recursos del Distrito, sin perjuicio de que al final del ejercicio deban compartirse los análisis y conclusiones por parte de la CGR.
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“A pesar de no contar con facultades de control preventivo, la Contraloría de Bogotá ha decidido evaluar la información del Banco Mundial, del interventor, de la acción popular que cursa en el Tribunal de Cundinamarca y de la EAAB, a fin de establecer el estado de las maquinarias y sus condiciones de funcionamiento. Ello, con miras a detectar tempranamente riesgos y, una vez el proyecto sea recibido completamente por la EAAB, establecer futuras responsabilidades en caso de que la EAAB deba realizar gastos que no se encuentren justificados o que hayan debido ser asumidos por el contratista de la CAR”, señaló el organismo de control distrital.
REDACCIÓN BOGOTÁ
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