Hay incertidumbre en el país por la nueva reforma tributaria que radicará el gobierno de Gustavo Petro este lunes ante el Congreso para poder financiar los 26,3 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación del 2026 que todavía no tiene.
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Si bien el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha venido dando pistas de los nuevos impuestos que está contemplando y que irían desde revisar el impuesto a las ventas (IVA) hasta poner más tributos a los licores o a los denominados impuestos ‘saludables’, aún no hay certeza de quiénes serán los que tengan que empezar a pagar más.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, en el Congreso. Foto:Mauricio Moreno. El Tiempo
En la presentación del Presupuesto ante el Congreso, el ministro dijo esta semana que su idea es poder revisar de manera integral los beneficios tributarios del IVA, que son las deducciones, exenciones y tratamientos especiales que tienen los contribuyentes, tales como los productos exentos o excluidos del impuesto. Sin embargo, señaló que solo se mirarán los aplicados al consumo de bienes y servicios de las personas con mayores ingresos. “No vamos a tocar la canasta familiar en los ajustes tributarios”, aseguró.
Esta afirmación genera dudas entre los diferentes expertos. Para José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, modificar los beneficios o exenciones de IVA termina tocando, sobre todo, a la clase media. “Por donde se mire, la propuesta claramente toca a buena parte de los colombianos”, sentenció.
En la misma línea, Gonzalo Hernández, exviceministro de Hacienda y profesor de Economía de la Universidad Javeriana, señaló que no es claro aún cuál será el diseño de esos impuestos y que la separación de bienes de acuerdo con los ingresos de sus consumidores es un reto.
“Me pregunto si la propuesta terminará siendo parecida a la del exministro Carrasquilla (Alberto), modificando los bienes que están exentos de IVA. Sería ciertamente algo paradójico en términos políticos. En todo caso, dudo de la viabilidad técnica y política de la reforma si el propósito es cubrir 26 billones de pesos que en este momento no están financiados en la propuesta del Presupuesto, cifra a la que hay que sumar otras necesidades que deberían atenderse para tener una ruta fiscal sana. Tiene que haber recorte del gasto”, aseguró.
Igualmente, Ávila puso sobre la mesa esta semana la propuesta de subir el gravamen al consumo de los licores y el tabaco, los cuales ya suponen hoy en día ingresos tributarios clave para los diferentes departamentos. Y es que el mayor recaudo de las regiones proviene en la actualidad de los tributos ligados al ‘vicio’, como la cerveza y los licores, vinos y aperitivos.
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Otro punto que se revisaría será el de los impuestos sobre renta y patrimonio. En ese sentido, la propuesta será explorar la posibilidad de fortalecer su progresividad mediante la revisión de las tarifas aplicables a los tramos más altos de ingreso, es decir que estas personas podrían terminar pagando más.
Ministro de Hacienda, Germán Ávila, presente el Presupuesto del 2026 ante el Congreso. Foto:Mauricio Moreno. El Tiempo
Igualmente, el ministro Ávila dijo esta semana que se buscará generar nuevas dinámicas del impuesto al carbono, al consumo y de los impuestos ‘saludables’. Precisamente, en la última tributaria, de finales del 2022, ya se gravó a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, estos últimos empezaron a pagar una tarifa de 10 por ciento en el 2023, de 15 por ciento en el 2024 y de 20 por ciento en este 2025.
“Hablar de tarifas adicionales a los impuestos saludables claramente toca a buena parte de los consumidores en nuestro país porque ese tributo no solo genera inflación, sino que afecta al consumo de todos los colombianos. Además, la propuesta va en la dirección de imponer tributos que afectan a los pequeños empresarios, como es el caso de los de carbón”, manifestó Restrepo.
Si bien esta semana no los anunció, en junio el ministro Ávila aseguró en la presentación del ‘Marco fiscal de mediano plazo’ que el proyecto buscaría revisar otras propuestas inspiradas en la tributaria que se les cayó al exministro Ricardo Bonilla y luego a Diego Guevara, como el IVA a los juegos de suerte y azar en línea o los impuestos a las plataformas digitales y a las iglesias. Igualmente, dijo que se revisaría un impuesto especial de carbón y petróleo y se plantearían alivios tributarios.
De forma complementaria, en ese momento también se indicó que podrían evaluarse nuevos esquemas impositivos sobre actividades o productos que generan externalidades negativas, tales como el uso de plaguicidas, la emisión de ruido y dispositivos como los vapeadores.
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¿Es viable?
Más allá de los impuestos que tendrá la reforma, la discusión también es si logrará pasar o no en el Congreso, pues no hay ambiente entre las diferentes bancadas y hasta el propio presidente del Senado, Lidio García, ha repetido en diferentes ocasiones que no le ve posibilidades a una tributaria ad portas de unas elecciones.
Este es el segundo año consecutivo en el que el Gobierno decide presentar un presupuesto desfinanciado y atado a la aprobación de una tributaria. Si bien el año pasado quedaron inciertos 12 billones, los cuales se tuvieron que congelar porque no se logró aprobar la reforma en el Congreso y todo salió vía decreto, este año la cifra que está en veremos llega a 26,3 billones de un monto total de 557 billones de pesos.
El Presupuesto del 2026 está desfinanciado por 26,3 billones de pesos. Foto:iStock
Tampoco hay que olvidar que en la discusión de hace tres años también hubo alertas sobre la desfinanciación del presupuesto debido a que se incluyeron ingresos por 10 billones de pesos que vendrían gracias a un proyecto de ley de arbitramento de litigios de la Dian que nunca se aprobó.
Igualmente, existe preocupación debido al aumento del gasto en el presupuesto propuesto y hasta el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) aseguró hace unos días que el Gobierno cambió su plan y ahora prevé un mayor gasto primario por 18,2 billones para financiar recursos adicionales de salud (7,2 billones) subsidios de energía y gas (5,7 billones) e inversión (5,9 billones).
“Inquieta que la nueva estrategia fiscal pretenda financiar gastos persistentes vía fuentes transitorias o inciertas; todo lo demás constante, se incrementaría el desequilibrio estructural”, dijo el organismo independiente que vela por el cumplimiento de la regla fiscal.
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La nueva reforma se presenta en un momento en el que las alertas fiscales no cesan. En junio el Gobierno se vio obligado a abandonar su propio compromiso adquirido por ley de no gastar en exceso y activó la denominada cláusula de escape que le permite hasta por tres años saltarse las metas fiscales. Así, de prever que el déficit fiscal cerraría este año en 5,1 por ciento del PIB se pasó a un 7,1 por ciento, y la proyección del 2026 quedó en 6,2 por ciento.
Además, cada vez hay mayor preocupación por la caja con la que cuenta el Gobierno para poder reaccionar ante posibles choques externos. Según un reporte del equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, alcanzó el mínimo histórico de 1,8 billones el pasado 8 de agosto, lo que “escasamente cubre dos días de operación”.
Además, la Contraloría General de la República también ha venido haciendo alertas sobre los riesgos fiscales y presupuestales que tiene en estos momentos el país. De un lado, indicó que el recaudo tributario se encuentra por debajo de las metas establecidas, lo que puede llevar a una “desfinanciación” del gasto que conllevaría mayores ajustes presupuestales o mayor endeudamiento.
Según el ente de control, a junio de 2025 el recaudo llegó a 135,4 billones de pesos, lo que equivale al 44,1 por ciento de la meta anual. Si bien presentó un aumento de 6,9 por ciento frente al de junio del año pasado, si se compara con la meta estimada por la Dian tiene una desviación de 12,4 billones de pesos.
Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor. Foto:MAURICIO MORENO EL TIEMPO
Por otra parte, la Contraloría dice que le preocupa la ejecución del gasto, pues del total presupuestado solo se ha obligado el 37,7 por ciento hasta junio, registro ligeramente inferior en 0,3 puntos porcentuales respecto al de igual periodo del 2024.
De hecho, durante el foro ‘La riqueza de la Nación: ¿dónde se produce, ¿quién la administra y en qué se invierte?’, organizado por la Federación Nacional de Departamentos y EL TIEMPO, el vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga, advirtió que si no se aprueba la ley de financiamiento para cubrir los 26,3 billones de pesos y el recaudo no repunta en el segundo semestre, el desbalance total podría exceder los 40 billones de pesos.
Por el momento, para César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, el recorte que hay que hacer en el Presupuesto del próximo año para que pueda ser viable es de esos 26 billones de pesos que desde ya sabe que son “inconveniente e innecesarios” de conseguir.
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Gasto inflexible
Para el ministro Ávila, las decisiones del Presupuesto del 2026 están determinadas por el “altísimo” grado de inflexibilidad que tiene el gasto y que representa 509 billones de pesos de los 556 billones de pesos totales.
“El servicio a la deuda representa 102 billones de pesos, lo que supone el 15,9 por ciento total del Presupuesto; las pensiones llegan a 88,3 billones de pesos (15,7 por ciento), y los gastos de personas, a 46 billones de pesos (12 por ciento). De estos últimos, el 81 por ciento corresponde a pagar al sector Defensa, Policía, Rama Judicial, JEP y órganos autónomos”, explicó.
Además de ello, aseguró que un altísimo porcentaje del déficit lo explican decisiones que están fuera del Plan Nacional como el ‘hueco’ del subsidio a los combustibles, el gasto en subsidios de energía y gas y lo que han tenido que pagar por el crédito que el país asumió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en medio de la pandemia.