Durante la pasada feria de telecomunicaciones de Andicom se debatió sobre la conveniencia o no del proyecto de Ley de Internet Solidario, una propuesta desde el Ministerio de las TIC que busca cerrar la brecha digital declarando el acceso a la red como un derecho fundamental.
Según un comunicado público de la entidad, “la iniciativa contempla que los hogares de estratos 5 y 6, junto con grandes empresas comerciales e industriales, aporten un 30 por ciento adicional en su factura de Internet fijo, con el fin de subsidiar la conectividad de los sectores más vulnerables”.
En palabras del actual ministro de las TIC, Julián Molina, “el acceso a Internet no debe ser un lujo, sino un prerrequisito para la inclusión social, la equidad y la participación plena en la vida económica, política, educativa y cultural. Con este proyecto lograremos asegurar el derecho fundamental que tienen todos los colombianos de acceder a Internet de calidad y así disminuir la pobreza de Internet, que en Colombia se calcula en un 22 por ciento”.
El articulado propone que los hogares de estrato 1, inscritos en el Sisbén A, con acceso a energía y con estudiantes activos, reciban un subsidio de hasta el 55 por ciento en su factura de Internet fijo. Asimismo, “el Ministerio TIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) definirán una tarifa especial solidaria, estimada en $35.000 mensuales, para nuevos usuarios de estrato 1”.
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Sin embargo, expertos del sector de las telecomunicaciones plantean dudas sobre si esta es la vía más efectiva, sugiriendo que existen mecanismos alternativos que podrían lograr el mismo objetivo sin generar distorsiones en el mercado.
¿Es necesaria esta Ley de Internet Solidario?
El debate se centra en encontrar la fórmula más eficiente para conectar a millones de colombianos que aún permanecen offline. Para analizar las implicaciones del proyecto, Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, y Lucas Gallitto, presidente de GSMA para Latinoamérica, expusieron sus perspectivas en entrevista con EL TIEMPO durante Andicom, coincidiendo en la nobleza del objetivo, pero difiriendo en el método propuesto por la ley.
Ambos expertos concuerdan en que cerrar la brecha digital debe ser una política de estado prioritaria. No obstante, advierten que la implementación es clave y que el proyecto de ley actual podría ser un paso en la dirección equivocada. Samuel Hoyos, de Asomóvil, considera que el fin es loable, pero la discusión debe centrarse en la efectividad de las herramientas.
El proyecto de ley ‘Internet Solidario’ establece una tarifa más económica al estrato uno. Foto:iStock
“Compartimos el objetivo, creo que tiene que ser una política de estado para cerrar la brecha digital, pero discutamos cómo”, afirmó Hoyos, quien argumenta que en lugar de crear una nueva ley, se podrían optimizar los recursos ya existentes, como el Fondo Único de las TIC (FUTIC).
Este fondo, que se nutre de aportes de las empresas de telecomunicaciones, recibe anualmente cerca de 2 billones de pesos. “Lo que hemos dicho es que hay un vehículo que ya está creado y que lo que necesitamos es voluntad para que esos recursos que están allí se focalicen y se destinen de manera prioritaria a llevar conectividad a los hogares más pobres”, explicó el presidente de Asomóvil sugiriendo que este camino no implicaría aumentar las tarifas a los usuarios.
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Por su parte, Lucas Gallitto, de GSMA, señaló que la discusión no se trata de “buenos o malos”, sino de incentivos económicos. Argumenta que es necesario adaptar las políticas públicas a la realidad actual del ecosistema digital. Uno de los puntos clave de su análisis es el concepto de ‘Fair Share’ o contribución justa.
Gallitto sostiene que las grandes plataformas de contenido (OTTs), como Netflix, Google, Disney, Facebook, YouTube o Meta, etc., que generan la mayor parte del tráfico en las redes, deberían contribuir también al sostenimiento y expansión de la infraestructura.
El proyecto de ley ‘Internet Solidario’ establece una tarifa más económica al estrato uno. Foto:iStock
“No tienen un incentivo a la eficiencia en el uso de la conectividad”, y utilizó la analogía de alguien en casa que deja las luces encendidas porque no paga la factura de la luz. Según estudios citados por Gallitto, hasta un 30 por ciento del tráfico generado por estas plataformas no es solicitado por el usuario, como publicidad o transmisiones de video a una calidad superior a la que el dispositivo puede reproducir.
Entre tanto, Samuel Hoyos considera que es fundamental que “otros actores del ecosistema digital que usan la infraestructura de telecomunicaciones y no aportan para que esa infraestructura crezca, lo hagan”.
Seguridad jurídica para las TIC
Otro de los puntos de fricción del proyecto de ley es la propuesta de regresar a un régimen de servicios públicos domiciliarios para el internet, un modelo que, según Samuel Hoyos, representa un retroceso. “Volver al régimen de servicios públicos domiciliarios, en donde estuvimos hace unos años, es un retroceso. La institucionalidad que hemos construido, la de tener unos reguladores técnicos e independientes, ha funcionado” y esto ha permitido atraer miles de millones de dólares en inversión que se necesitan para cerrar la brecha digital de conectividad.
Gallitto de GSMA complementa esta idea destacando el exitoso caso de Brasil, donde se utilizaron las subastas de espectro radioeléctrico no solo para recaudar fondos, sino para imponer ‘obligaciones de hacer’, es decir, que las empresas ganadoras se comprometieron a desplegar infraestructura en zonas no conectadas como parte del pago.
“Brasil destinó un altísimo porcentaje del valor del espectro para desplegar redes en zonas donde la gente más necesitada requiere de internet, este es un modelo de colaboración público-privada que podría replicarse acá”, afirmó.
De otro lado, la fórmula financiera de cálculo del subsidio para el internet de los más pobres sufre de situaciones incontrolables, toda vez que, a diferencia del monopolio de la luz, el agua o el gas, en donde los usuarios no pueden cambiar de empresa por mejores tarifas, como sí ocurre en telecomunicaciones, las cuentas de la facturación y, por tanto, recolección de subsidios, no sería única, sino variable afectando la eficiencia y cumplimiento del objetivo de darle internet todos los meses a los más pobres.
Incluso, el hecho de que el proyecto de ley contemple solo conexiones de carácter fijo y no móvil, es considerado como otro aspecto que complicaría su eficiencia y desincentivaría la inversión en redes fijas en Colombia.
JOSÉ CARLOS GARCÍA R.
Editor Multimedia
@JoseCarlosTecno