En Puerto Asís (Putumayo) el Gobierno Nacional presenta el inicio de la destrucción progresiva de cerca de 14 toneladas de material de guerra entre explosivos, granadas y armas de fabricación casera de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), mejor conocida como la disidencia de José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, el grupo surgido de la fragmentación de la ‘Segunda Marquetalia’ que contiene alrededor de 2.500 hombres en armas en Putumayo y Nariño.
José Vicente Lesmes, conocido como ‘Walter Mendoza’. Foto:Oficina del Consejero Comisionado de Paz
El comienzo de este proceso de destrucción de material bélico, que se acordó en mayo de 2025 y tendrá una duración máxima de tres meses, tuvo lugar un día antes del evento protocolario de este miércoles en el corregimiento de Piñuña Negro, a tres horas de Puerto Asís. Allí la Fuerza Pública destruyó cerca de 4 toneladas.
El procedimiento -el segundo de estas características que logra concretar el Gobierno dentro de la ‘paz total’ después de el del Frente Comuneros del Sur- continuará en dos puntos reservados en Nariño en las siguientes tres semanas. Para eso, se suspendieron temporalmente operaciones militares ofensivas y especiales de Policía de manera microfocalizada en las zonas.
“Luego de múltiples obstáculos y tergiversaciones, hemos llegado aquí con el compromiso de la destrucción de 14 toneladas de material bélico. Ayer en el Putumayo se destruyeron cerca de 4 toneladas. En el curso de las siguientes dos o tres semanas continuaremos en Nariño. Estas operaciones demandan de una fase de preparación, ubicación de los terrenos, traslado del material por parte de la fuerza irregular a los puntos, de garantías de seguridad circunscrita a esos desplazamientos”, señaló el jefe de la delegación del Gobierno en la mesa, Armando Novoa.
Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno. Foto:Sergio Acero Yate. EL TIEMPO
Una vez finalizado cada procedimiento de recepción, la Fuerza Pública tendrá 15 días para rendir informes sobre las acciones adelantadas, resultados obtenidos y contingencias presentadas. Habrá acompañamiento permanente de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) quienes, junto a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz efectuaron unas visitas técnicas previas a los departamentos citados.
“Esto es una muestra de la voluntad de paz que tenemos todos los guerrilleros de la Coordinadora”, sostuvo José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza.
Las negociaciones incluyen otros acuerdos como la creación de Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZCIUT) donde ingresarán preliminarmente 120 hombres sin armas ni uniformes (60 en Nariño y 60 en Putumayo).
Armando Novoa y ‘Walter Mendoza’, en rueda de prensa. Foto:Cortesía.
Para Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, será importante que las comunidades impactadas por la presencia de este grupo armado tengan una voz más fuerte en las negociaciones y exijan las transformaciones territoriales que se requieren.
“En estos momentos este grupo está ejerciendo unas dictaduras locales en zonas como Tumaco. Es decir, donde están haciendo presencia ejercen unas dictaduras locales ejerciendo imposición de normas a las comunidades”, indicó González.
Previo al inicio del sexto ciclo de diálogos, el Gobierno decidió suspender las conversaciones tras la asonada contra un grupo de soldados que realizaba un operativo para destruir un laboratorio de procesamiento de cocaína en la vereda Siloé, en Villagarzón (Putumayo) a inicios de septiembre. La misma se retomó por falta de pruebas concluyentes de la responsabilidad del grupo armado en el hecho, el cual en un comunicado condenó la asonada, pero no negó su autoría.
Tras el evento protocolar, Novoa y su equipo se quedarán en Puerto Asís hasta el viernes para avanzar en los 11 protocolos que conforman el proceso de las Zonas de Ubicación Temporal. El objetivo es que en marzo del próximo año logre ingresar el 50 por ciento de los guerrilleros que integran la CNEB. Es decir, alrededor de 1.000.
“Si hay voluntad política el tiempo creo que es suficiente, pero no depende solo del Gobierno. Depende también de cómo el actor armado se para en el territorio. Yo diría que 10 meses es suficiente para un acuerdo definitivo (de dejación de armas)”, concluyó Novoa.
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Enviado Especial de EL TIEMPO
Puerto Asís (Putumayo)