El expresidente César Gaviria hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que las Fuerzas Militares sean dirigidas por hombres con trayectoria profesional y así devolver la confianza en estas instituciones.
El pronunciamiento del exmandatario, director del Partido Liberal, se da a propósito de la denuncia de supuestos nexos de altos funcionarios del Ejército y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con la disidencia de las Farc liderada por alias Calarcá.
El general del Ejército Juan Miguel Huertas. Foto:archivo particular
Según una investigación de Noticias Caracol, el general del Ejército Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal, y Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aparecen en chats, correos, fotos y cartas de cabecillas de esta organización criminal.
Para el expresidente Gaviria, quien en un comunicado divulgado este lunes 24 de noviembre expresó su más profunda preocupación ante las denuncias, “de comprobarse, estaríamos ante una interferencia criminal inaudita, que exige transparencia absoluta, acción inmediata de las autoridades competentes y un compromiso firme del Gobierno para esclarecer cada detalle en beneficio de la institucionalidad y la confianza ciudadana”.
Wilmar Mejía, funcionario de la DNI; el disidente de las Farc alias Calarcá. Foto:Archivo particular
El exmandatario añade que “si altos mandos civiles o militares han facilitado, tolerado o encubierto estas actuaciones, estaríamos ante una ruptura gravísima del orden institucional. No se trata solo de una acusación electoral: es la sospecha de que estructuras criminales han permeado la toma de decisiones, manipulado estrategias de seguridad y condicionado políticas públicas bajo el pretexto de la ‘paz total’ ”.
Por esta razón, el director del Partido Liberal pide al presidente Petro que “adopte medidas firmes y devuelva la conducción de las Fuerzas Armadas a mandos con trayectoria profesional, integridad comprobada y sin vínculos con disidencias. Parece cada vez más claro que recuperar la confianza ciudadana solo será posible con oficiales de reconocido prestigio, incluidos generales en retiro como el general Jorge Enrique Mora, capaces de ofrecer garantías reales de transparencia, seguridad y defensa institucional”.
Este es el pronunciamiento completo del expresidente Gaviria
Resulta indispensable manifestar mi profunda preocupación frente a los hechos expuestos recientemente. Se han presentado conversaciones filtradas entre integrantes de las disidencias de las Farc. Según el material divulgado, estas comunicaciones contendrían referencias a presuntos aportes ilegales para la campaña presidencial de Gustavo Petro, así como menciones directas a la vicepresidenta Francia Márquez. De comprobarse, estaríamos ante una interferencia criminal inaudita, que exige transparencia absoluta, acción inmediata de las autoridades competentes y un compromiso firme del Gobierno para esclarecer cada detalle en beneficio de la institucionalidad y la confianza ciudadana.
El expresidente César Gaviria se pronunció sobre la descertificación de Estados Unidos a Colombia. Foto:Archivo particular
Sin embargo, lo verdaderamente alarmante va más allá de la eventual financiación irregular. Las conversaciones sugieren canales activos de comunicación y cooperación entre actores del crimen organizado y funcionarios estatales, revelando una posible infiltración dentro del propio Gobierno Nacional. Si altos mandos civiles o militares han facilitado, tolerado o encubierto estas actuaciones, estaríamos ante una ruptura gravísima del orden institucional. No se trata solo de una acusación electoral: es la sospecha de que estructuras criminales han permeado la toma de decisiones, manipulado estrategias de seguridad y condicionado políticas públicas bajo el pretexto de la “paz total”.
Lo que le ha ocurrido al presidente Petro con subalternos muy cercanos a él, que terminan actuando como facilitadores o cómplices de las acciones de las disidencias de las Farc, es de la mayor gravedad. El presidente debe revisar con urgencia la confianza que deposita en algunos funcionarios responsables de decisiones que involucran a alias Iván Mordisco, Calarcá, Catatumbo y ciertos generales del Ejército, así como a miembros de organismos de inteligencia que hoy concentran un poder desproporcionado y peligroso. Resulta especialmente alarmante la presencia e influencia de un ciudadano extranjero de origen chino; Jixing Zhang, que según diversas denuncias, estaría ofreciendo millonarios recursos y sofisticado armamento, tanto en Colombia como en Venezuela. Este hecho exige una explicación inmediata y una investigación rigurosa por parte de las autoridades competentes.
Las actuaciones del alto comisionado para la paz también generan profunda preocupación. Su rol, lejos de ejercer control y exigir responsabilidades, parece haberse convertido en el de un “perdonador oficial”, dedicado a aliviar o justificar públicamente las acciones de alias Mordisco, incluso en hechos tan graves como los ocurridos en Támesis (Antioquia) y en el Cauca. Surge entonces una pregunta ineludible: ¿cuáles son los argumentos, informes técnicos o de inteligencia que sustentan la sorprendente decisión de eximir a Mordisco de responsabilidades evidentes? Esta opacidad en la información, sumada a pronunciamientos que contradicen la gravedad de los hechos, hace aún más urgente que el Gobierno explique cuáles son las fuentes, criterios y análisis que guiaron tales afirmaciones.
La presencia de actores extranjeros, las actuaciones y las denuncias sobre intermediaciones irregulares obligan a que se abra una investigación inmediata y pública. A esto se suma la inacción de la Fiscalía frente a hechos gravísimos cometidos contra oficiales del Ejército y la nula investigación sobre las incautaciones, un silencio institucional difícil de comprender y que raya en la complicidad y favorecimiento, supuestamente amparada en una interpretación distorsionada de la política de “paz total”. La justicia no puede ser selectiva ni funcional a ningún actor armado.
Confiamos en que el presidente Petro adopte medidas firmes y devuelva la conducción de las Fuerzas Armadas a mandos con trayectoria profesional, integridad comprobada y sin vínculos con disidencias. Parece cada vez más claro que recuperar la confianza ciudadana solo será posible con oficiales de reconocido prestigio, incluidos generales en retiro como el general Jorge Enrique Mora, capaces de ofrecer garantías reales de transparencia, seguridad y defensa institucional.
La llamada política de paz total ha demostrado avances nulos, pese a las amplias prerrogativas y expectativas generadas desde el inicio del gobierno. Los grupos armados no solo no han cesado sus acciones, sino que han ampliado su control territorial, su capacidad de intimidación, su participación en economías ilegales, y con un aliado fundamental; Otty Patiño. La ausencia de resultados verificables, sumada a la permisividad frente a las disidencias, ha creado un escenario de enorme incertidumbre para la seguridad nacional.
De seguir por este rumbo, el país podría enfrentar una degradación aún mayor del orden público, una pérdida progresiva de autoridad del Estado y una profunda erosión de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la paz y la protección de la vida. Es urgente corregir el rumbo para evitar que esta crisis se consolide como un riesgo a largo plazo para el futuro de Colombia.
MATEO GARCÍA
Subeditor de Política