La creación de un comité temporal de expertos para “esclarecer” las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019 y 2021 ya provoca tensión entre el Gobierno —impulsor de la iniciativa— y la oposición.
El 12 de noviembre, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) publicó el Decreto 1190 de 2025, firmado por el ministro del Interior, Armando Benedetti; el de Defensa, Pedro Sánchez; y el ministro de Justicia encargado, Augusto Ocampo. La norma crea un Comité de Expertos ad hoc como un mecanismo “transitorio, extrajudicial e independiente” que estará en funciones hasta el 31 de julio de 2026, una semana antes de que finalice el actual mandato presidencial.
Estallido social en Cali, en 2021. Foto:Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO
El Comité no tendrá facultades para determinar responsabilidades penales, civiles, administrativas o disciplinarias. Su labor, por lo tanto, se enfocará en tres objetivos: documentar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 2019 y 2021, así como hechos posteriores relacionados con contextos de protesta social; identificar acciones y omisiones de agentes del Estado y de particulares que presuntamente hayan actuado con su omisión, aquiescencia, tolerancia, apoyo o coordinación en esas vulneraciones; y formular recomendaciones al Estado a través de un informe informe final que será entregado al presidente de la República y a la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las manifestaciones públicas.
Con la creación de esta instancia, el Gobierno afirma supuestamente cumplir la Sentencia STC 7641- 2020 de la Corte Suprema de Justicia (que protegió el derecho a la protesta) y lo dispuesto por el Decreto 003 de 2021 (como protocolo de reacción, uso y verificación de la fuerza estatal).
En ese sentido, se establece que “las entidades del Gobierno Nacional, sin excepción, colaborarán con la entrega de información necesaria para el cumplimiento del mandato del Comité de Experto Ad hoc”.
Rueda de prensa del ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto:MinInterior
El Comité estará integrado por tres personas con “calidad ética y profesional, y un amplio conocimiento, experiencia y formación en investigación y Derechos Humanos”. Las personas aspirantes serán postuladas por organizaciones sociales de la sociedad civil y serán elegidos por la Defensoría del Pueblo, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El 28 de noviembre terminó el plazo para la postulación. Las personas integrantes del Comité de Expertos Ad hoc serán contratadas por el Ministerio del Interior, y contarán con un equipo técnico investigativo integrado por nueve personas financiadas por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia.
Estallido social en Cali, en 2021. Foto:Juan Pablo Rueda / Archivo EL TIEMPO
La demanda
La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paola Holguín, demandó ante el Consejo de Estado el Decreto que crea este Comité. Según la Legisladora, el Decreto fue expedido sin competencia, vulnera la reserva legal del Congreso para crear entidades del orden nacional, y se fundamenta en una falsa motivación.
“El Gobierno afirma cumplir la Sentencia STC 7641- 2020, de la Corte Suprema de Justicia, aunque esta nunca ordenó crear comités, comisiones o mecanismos extrajudiciales del tipo que crea la norma demandada. La obligación derivada del fallo ya había sido cumplida mediante el Decreto 003 de 2021”, señaló Holguín.
Holguín advirtió que el Decreto 1190, al otorgar “estructura, funciones, equipo técnico, financiamiento, acceso irrestricto a información estatal y capacidad de incidencia en política pública”, crea de facto una entidad nacional, cuya creación exige Ley del Congreso.
Paola Holguín, senadora del Centro Democrático. Foto:X de Paola Holguín
La demanda también solicita la suspensión provisional del Decreto, para evitar “efectos irreversibles” como la conformación inmediata del Comité, la contratación de personal con recursos del Estado y el acceso a información institucional sensible.
Holguín afirmó que este Decreto constituye “un grave precedente de creación de órganos paralelos sin control democrático y se convierte en un mecanismo que seguramente busca la impunidad de quienes acudieron a la violencia, el vandalismo y el terrorismo en lo que denominan eufemísticamente estallido social”.
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Redacción Política