Una fuerte polémica se ha desatado en el país por cuenta de un borrador de decreto presentado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para discusión, el cual endurecería las condiciones que deben cumplir las personas que alquilan sus viviendas en aplicaciones turísticas como Airbnb y Booking, bajo la idea de ‘nivelar la cancha’ en materia competitiva y de gestión de dicha actividad en un sistema de información unificado de carácter tributario y de seguridad.
Si bien en principio la idea tiene un sentido lógico de ordenamiento, las exigencias que impondría a quienes obtienen ingresos a través de arriendos cortos en plataformas digitales supondría, prácticamente, un impedimento para poder continuar con su actividad.
Dicho borrador de decreto modificaría sustancialmente las reglas del juego para la obtención del Registro Nacional de Turismo (RNT), pasando del actual modelo declarativo por un riguroso esquema de requisitos bajo un nuevo Sistema de Verificación y Control del Registro Nacional de Turismo, una herramienta que obligaría a las cámaras de comercio y a las plataformas digitales a realizar cruces de información en tiempo real con bases de datos de alcaldías y autoridades fiscales.
Sin embargo, el punto más álgido del texto es la exigencia de requisitos documentales que hoy no son obligatorios para el registro simplificado que, de quedar en firme, sacaría de tajo a miles de viviendas e inmuebles de alquiler corto turístico y, con ello, el sustento de miles de familias y la derrama económica asociada al turismo que alojan en todas las regiones del país.
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Nuevas exigencias para Airbnb
Según el borrador, quienes deseen alquilar viviendas turísticas deberán adjuntar certificados de uso del suelo (POT) expedidos por autoridades municipales y, en el caso de apartamentos, el reglamento de propiedad horizontal donde se autorice explícitamente la prestación del servicio de alojamiento.
Para la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), estas medidas no constituyen una simple actualización administrativa, sino la imposición de una “licencia hotelera de facto” que pone en riesgo un ecosistema económico vital.
El gremio advirtió que el modelo de vivienda turística ofertado a través de aplicaciones ha generado más de 215.000 empleos en el país y aportó cerca de 554 millones de dólares al PIB turístico en 2024.
La preocupación del sector tecnológico es que la imposición de estos trámites burocráticos terminaría asfixiando una fuente de ingresos que ha democratizado el turismo en más de 600 municipios.
Según Alberto Samuel Yohai, presidente ejecutivo de la CCIT, “el efecto multiplicador en las economías locales se vería truncado: por cada 10 dólares destinados al alojamiento en estas plataformas, se generan 48 dólares adicionales en sectores como la gastronomía, el comercio y el transporte”.
Bajo esta óptica, el proyecto de decreto es visto como un mecanismo que desincentiva la formalización y restringe el turismo comunitario, al imponer cargas propias de grandes comerciantes a pequeños prestadores que, en su gran mayoría, son familias de clase media que dependen de estos ingresos adicionales para sostener sus hogares.
Según la CCIT, el 95 por ciento de los alojamientos en estas plataformas están formalizados con su RNT, pagan impuestos por sus transacciones digitales, entre otros formalismos.
Por su parte el exsenador Horacio José Serpa, quien fue ponente de la Ley de Turismo 2068 de 2020, calificó el borrador gubernamental como una “expropiación administrativa del derecho de la propiedad”, al señalar que el Ejecutivo pretende, vía decreto, imponer requisitos que la ley no contempló.
En su análisis, exigir autorizaciones explícitas de asambleas de copropietarios y usos del suelo específicos es una carga absurda que, en la práctica, le está diciendo a miles de colombianos que “usted no puede ejercer su libertad económica, a pesar de que la ley original buscaba simplificar trámites para impulsar la innovación”.
Serpa advierte además que el decreto generaría un colapso institucional a nivel local, pues traslada a las alcaldías la responsabilidad de gestionar verificaciones de uso del suelo para miles de inmuebles individuales, una carga de trámites que el exsenador considera “imposible de manejar” y que terminará empujando a los prestadores hacia la informalidad.
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“Es necesario regularlas”
En la otra orilla del debate se encuentran la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), quienes han cerrado filas en apoyo a la iniciativa gubernamental, argumentando que el crecimiento del turismo debe ser ordenado y legal.
José Andrés Duarte, presidente ejecutivo del gremio en un video publicado en redes sociales, sostuvo que no se trata de prohibir la actividad ni la operación de plataformas, sino de establecer “condiciones mínimas de cumplimiento” que permitan equilibrar las cargas para todos los actores del mercado.
Para los hoteleros, la actualización del RNT es una herramienta necesaria para avanzar hacia un turismo sostenible y competitivo que no precarice el empleo ni afecte la convivencia en las zonas residenciales.
El argumento central de Cotelco gira en torno a la discrepancia entre la realidad y los registros oficiales. Duarte enfatiza que “los datos del RNT versus lo que se oferta en plataformas divergen sustancialmente”, una brecha de información que, a su juicio, afecta la seguridad de las comunidades y del consumidor.
El gremio hotelero defiende que el decreto promueve la transparencia y protege a la niñez de la explotación sexual comercial, al exigir verificaciones que hoy son laxas en el entorno digital, alineando a Colombia con regulaciones que ya operan en países europeos y en Estados Unidos.
Esta posición es respaldada por Paula Cortés, presidente de Anato, el gremio de las agencias de viajes, quien destaca la importancia de la interoperabilidad tecnológica propuesta en el decreto.
Para Cortés, también en una publicación de redes sociales, es fundamental que “exista un cruce de información entre el Ministerio, las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio para facilitar la identificación de los operadores turísticos”. Desde su perspectiva, el objetivo no es la desaparición de las plataformas, sino que estas se regulen bajo parámetros de “seguridad, calidad e igualdad de condiciones”, tal como se exige a los demás prestadores de servicios turísticos en el país.
Turistas en Cartagena. Foto:John Montaño / Archivo EL TIEMPO
Exigencias complejas
El texto del borrador de decreto impone obligaciones operativas a las plataformas que la industria tecnológica considera desproporcionadas.
El articulado exige a las empresas digitales verificar semestralmente que los prestadores que pautan en sus sitios tengan el RNT activo y retirar los anuncios que no cumplan con este requisito o cuando una autoridad administrativa lo ordene.
La CCIT argumenta que estas medidas trasladan a intermediarios privados responsabilidades de fiscalización y control que son competencia exclusiva del Estado, generando una inseguridad jurídica que podría ahuyentar la inversión extranjera en el sector digital.
Un punto técnico de gran fricción es la exigencia sobre la propiedad horizontal. Al requerir que el reglamento del edificio autorice explícitamente el turismo, el Gobierno podría estar sacando del mercado legal a una vasta cantidad de inmuebles, dado que modificar dichos reglamentos requiere mayorías calificadas en asambleas de copropietarios, procesos que son complejos y costosos.
Los críticos señalan que esta medida desconoce la Ley de Propiedad Horizontal vigente y crea una barrera de entrada casi insuperable para el pequeño propietario, favoreciendo la concentración del mercado en grandes operadores.
La discusión también aborda la capacidad de fiscalización tributaria. El decreto establece que las plataformas deberán suministrar, a solicitud de la DIAN o Fontur, datos detallados sobre las transacciones de los prestadores para fines de control fiscal.
Si bien esto busca combatir la evasión, los gremios digitales advierten que la sobrerregulación podría tener el efecto contrario: al hacer inoperable el cumplimiento legal, se empujaría a la oferta turística hacia canales clandestinos como redes sociales o mensajería directa, donde no existe trazabilidad alguna, ni garantías de seguridad para los viajeros, ni recaudo tributario.
Tour en el Valle del Cauca. Foto:Compromiso Valle
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT, ver recuadro) defiende la medida como parte de la política de reindustrialización y formalización del gobierno nacional, asegurando que un sistema de información robusto es indispensable para la toma de decisiones y el ordenamiento territorial.
El decreto busca prevenir la suplantación y el fraude, garantizando que la información presentada al consumidor sea veraz y que los prestadores cumplan con las normas sanitarias y de seguridad, como los certificados de bomberos, que hoy son requisitos a menudo evadidos en la informalidad.
Por ahora, el decreto se mantiene para discusión y recepción de comentarios hasta el 17 de diciembre.
En comunicación con EL TIEMPO, Airbnb señaló que continúa su actividad “con normalidad en Colombia. Los viajeros pueden seguir reservando con confianza y los anfitriones pueden seguir compartiendo sus espacios, como lo han hecho durante años, generando ingresos complementarios y dinamizando las economías locales en todo el país”.
La plataforma señaló que “desde la última actualización del Registro Nacional de Turismo, Airbnb ha trabajado de manera activa con las autoridades para promover el cumplimiento de esta obligación”.
También destacó que “desde su promulgación y según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (datos a diciembre de 2024), el Registro Nacional de Turismo (RNT) creció un 109,8 por ciento y, hasta julio de 2025, de los 112.582 registros activos, el 58,3 por ciento corresponden a viviendas turísticas. Este crecimiento demuestra que las plataformas no solo han sido compatibles con la nueva regulación, sino que han sido un motor clave para promoverla, contribuyendo al turismo popular, al empoderamiento económico de comunidades y la descentralización del turismo”.
En datos de 2024, según Airbnb, “la actividad de anfitriones y huéspedes generó un impacto económico estimado en más de 10,6 billones de pesos en el país2 y contribuyó a apoyar más de 215.000 empleos”.
Finalmente puntualizó que seguirán “trabajando de manera colaborativa, constructiva y técnica con el Gobierno Nacional, los gremios del sector y demás actores, para que cualquier ajuste normativo fortalezca el turismo sin afectar innecesariamente a miles de familias que dependen de esta actividad”.
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“No estamos para perjudicar a nadie”: MinCIT
La ministra asegura que el borrador del decreto lo que busca es avanzar a través del diálogo. Foto:Mincomercio
Diana Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo, explicó en Diálogo con EL TIEMPO los alcances del borrador de decreto en mención, señalando que la idea es avanzar “a través del diálogo y la participación de todos los actores el fortalecimiento del Registro Nacional de Turismo” para que “todas las empresas que ofrecen servicios de alojamiento, incluidos quienes lo hacen a través de plataformas digitales, operen bajo reglas claras, justas y en condiciones de transparencia”
La Ministra Morales fue enfática en afirmar que “este proceso no busca limitar a las plataformas, sino reglamentar de manera equilibrada para que todos los actores tengan claridad, seguridad jurídica y condiciones que permitan desarrollarse sin afectar a otros”.
También agradeció a “los gremios, la propiedad horizontal, las autoridades locales, los anfitriones y a las propias plataformas. Con todos hemos mantenido un diálogo abierto, respetuoso y técnico”.
Finalmente señaló que “las mesas (de discusión) están instaladas y los canales abiertos. Seguimos escuchando cada inquietud y cada propuesta, porque este es un proceso que construimos entre todos. Queremos un sector en el que cada actor, grande o pequeño se sienta cómodo, acompañado, reconocido y protegido. Con absoluta claridad, Colombia necesita que todos quienes participan en la actividad turística, cuenten con las mismas garantías y responsabilidades”.
JOSÉ CARLOS GARCÍA R.
Editor Multimedia
@JoseCarlosTecno