El presidente Gustavo Petro enmarcó el asesinato de Gilberto Calao, director de la seccional de la DIAN en Tuluá, en un supuesto entramado de corrupción en el interior de las aduanas nacionales para lograr meter contrabando. Serían más de 8 billones de pesos los que se perderían por cuenta de esta estructura, que manipularía los sistemas digitales de la entidad para evitar controles de los contenedores por parte de la Policía.
“El software con que se hacen los registros de importaciones, por dónde se detecta el contrabando o de declaraciones de renta, está hecho para robar”, expresó el mandatario en una rueda de prensa en la que catalogó los softwares como incapaces de hacer controles de los recursos.
Presidente Gustavo Petro en rueda de prensa. Foto:Presidencia.
Según el Presidente, se trata de “un tema de evasión y elusión. Una asociación para delinquir”. Cerca de 116 funcionarios están siendo investigados por la pregunta participación en este entramado de corrupción.
“El camino de la toma mafiosa de sitios públicos, esta mafia logra tener acceso al programa. No es un empresario que exporta sino que es un mafioso que hace contrabando”, aseveró el Presidente, que complementó explicando cómo funcionaría esta acción. “Una estructura de software modificada, logran acceder desde afuera para que los contrabandista aprovechen el plan Vallejo”.
El Plan Vallejo se trata de una política de Estado que permite a empresas importar materia primas, bienes y otras mercancías sin pago de IVA bajo la condición de que se exporten bienes por un valor equivalente.
Petro se refirió a la orden de cárcel para sus exministros. Foto:Presidencia.
Eva Carolina Madrid, directora de la Agencia del Inspector general de Tributos, rentas y contribuciones parafiscales, explicó a detalle el supuesto entramado delicitivo. “Una estructura de software modificada”, señaló la funcionaria, que explicó que los hallazgos se dieron tras 29 inspecciones de la DIAN. “Una red criminal que demuestra que los sistema están siendo alterados”, de esta forma explicó la funcionaria las irregularidades.
“Cambian nits de empresas y los cambian por operadores del Estado. Entran la mercancía sin ningún control”, añadió la directora, que reveló que hay 116 funcionarios investigados, 120 no funcionarios y 7 fallecidos.
Serían tres áreas las afectadas por este entramado. “Se encontró que en el mercado negro se venden cuentas de funcionarios para hacer operaciones ilegales. Las reglas de selectividad no se están haciendo de manera eficaz”, informó.
La funcionaría dio cuenta de otras irregularidades.
“Se ha encontrado que dentro de los remates de bienes se han dado por inactividad procesal. Los peritos están recibiendo propiedades por mayor valor que el comercial. Trámite de registro único tributario donde se han manipulado los códigos para ingresar materiales de minería sin control”, contó.
También denunció que han aumentado de forma exponencial las devoluciones del IVA, por lo que ha llamado la atención. El área jurídica estaría llevanfo a cabo esa tarea sin cumplir los requisitos. Se habrían devuelto más de 42.000 millones sin contar con las plenas condiciones. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, complementó este punto y aseguró que ese aumento en la devoluciones es debido a la fragilidades en el software.
JUAN SEBASTIÁN LOMBO
Redacción Política