La Corte Constitucional tomó una decisión inédita al suspender provisionalmente el decreto de Emergencia Económica y, con él, los impuestos creados al amparo de esa medida, mientras adopta una decisión de fondo sobre su constitucionalidad.
La determinación frena, por ahora, cargas que habían sido impuestas a sectores como cigarrillos y vapeadores, juegos de azar en línea, pequeñas compras por internet, patrimonio, bienes de lujo, sector financiero, industria de hidrocarburos y generadoras de energía, algunas de las cuales, según analistas, podían trasladarse a los consumidores.
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Una decisión de fondo
En una nueva edición de Primer Plano de EL TIEMPO, la senadora Angélica Lozano explicó que la suspensión implica que la norma deja de aplicarse mientras la Corte resuelve el fondo del asunto. “La suspensión, como su nombre indica, suspende la vigencia mientras toma la decisión de fondo. El país necesita que decidan de fondo; es una figura nueva de suspensión”, señaló. Según la congresista, esta herramienta es habitual en el Consejo de Estado, pero es la primera vez que se utiliza en la Corte Constitucional. “Me dijeron que lo harán tan pronto llegue el concepto de la Procuraduría”, agregó.
Corte Constitucional tomó la medida cautelar de suspender el decreto de Emergencia Económica. Foto:Corte Constitucional
Más allá del alcance jurídico, el debate se ha centrado en las implicaciones fiscales y económicas de la emergencia y de su suspensión. Lozano planteó que el país enfrenta una situación fiscal compleja que exige decisiones de ajuste. “Cuando una familia o cualquier empresa o institución tiene menos ingresos de los que necesita pues se tiene que apretar el cinturón, y el gobierno ha dicho ‘no hago ningún ajuste’. La plata es finita”, afirmó.
Se suspendió emergencia económica: razones e implicaciones Foto:
La senadora también cuestionó decisiones recientes de gasto y endeudamiento. Señaló que, si el país necesita recursos para seguridad, “por qué gastaron 23 billones en aviones de guerra”, y advirtió que el crecimiento económico y la inversión, que dijo han caído 17 por ciento, requieren reglas claras. “Colombia necesita crecimiento económico e inversión, pero si la deuda sigue creciendo, se va a estrangular a los contribuyentes”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de la separación de poderes y los controles institucionales.
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Un daño irreparable a los contribuyentes
En el panel también intervino Luis Eduardo Mejía, exdirector de Fedesarrollo y actual director ejecutivo de Lumen Economic Intelligence, quien defendió la suspensión provisional como un mecanismo para evitar daños irreversibles a los contribuyentes. “De no haberse hecho esta suspensión provisional pudo haberse presentado un daño irreparable”, señaló.
Explicó que, aunque impuestos directos como la sobretasa al impuesto de renta o el impuesto al patrimonio pueden devolverse si la Corte declara inexequible la emergencia, no ocurre lo mismo con los impuestos indirectos.
Los impuestos indirectos no serán reversibles. Foto:iStock
“En el caso de los impuestos indirectos, como el IVA a los licores, tabacos o importaciones, esos impuestos son imposibles de devolver”, afirmó Mejía. Según el economista, si la emergencia es declarada inexequible, los pagos realizados por ese concepto no podrían reembolsarse, lo que representaría una pérdida definitiva para los contribuyentes.
Mejía indicó que aún no hay cifras oficiales, pero estimó que el recaudo asociado a la emergencia estaría alrededor de los 800.000 millones de pesos. “Una parte importante de este debe provenir de los impuestos indirectos, como las importaciones”, explicó.
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Recordó que el umbral de exención del IVA para importaciones pequeñas se redujo de 200 a 50 dólares, lo que implicó que, desde el primero de enero, las personas que importaron bienes y servicios por encima de ese monto hayan tenido que pagar IVA. “Esa plata seguramente no podrá devolverse y hará parte de la caja del gobierno”, sostuvo.
Sobre el impacto fiscal de una eventual caída de la emergencia, Mejía afirmó que el gobierno esperaba recaudar 11 billones de pesos con estas medidas. Sin embargo, cuestionó que esa cifra ponga en riesgo la sostenibilidad fiscal. “Once billones de pesos es el 2 por ciento del presupuesto total de este año”, recordó, al señalar que el presupuesto asciende a 546,9 billones de pesos.
Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y director ejecutivo de Lumen Economic Intelligence. Foto:Claudia Rubio. Archivo EL TIEMPO
A su juicio, resulta difícil argumentar que una pérdida de recursos equivalente al 2 por ciento del presupuesto comprometa la provisión de bienes públicos. Como ejemplo, citó la ejecución del presupuesto de inversión de 2024, que fue del 53 por ciento, frente a un promedio histórico del 70 por ciento. “El gobierno dejó de ejecutar cerca de 19 billones de pesos solo en inversión”, cifra que, según dijo, cabe dentro de los recursos ordinarios del Estado.
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Mejía también comparó la situación fiscal de Colombia con la de otros países de la región. Indicó que Chile, México y Perú registrarían este año déficits por debajo del 3 por ciento del PIB, mientras que Colombia tendría un déficit estimado del 7 por ciento del PIB. “Es muy difícil argumentar que Colombia es distinta a esos países que también sufrieron los efectos de la pandemia”, afirmó, y atribuyó el deterioro fiscal a la falta de voluntad política para recortar el gasto.
Déficit fiscal y deuda pública aumentan sin control
Desde otra perspectiva, el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA José Manuel Restrepo calificó la decisión de la Corte como “histórica” y “contundente”. “Es un mensaje claro y necesario que se traduce en que un Estado de excepción no se puede manosear”, afirmó. Según Restrepo, un gobierno no puede fabricar una emergencia económica para luego decretarla, debido a los riesgos irreversibles que se generan para empresarios, ciudadanos y entidades territoriales.
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo es el actual rector de la Universidad EIA Foto:Sergio Acero Yate . EL TIEMPO
Restrepo también expresó dudas sobre la aplicación de la cláusula de escape de la regla fiscal. Afirmó que, de haberse suspendido sin razones de fondo, el daño ya estaría hecho. “Hemos venido creciendo en el déficit fiscal y en la deuda pública sin límites ni control, al punto que tenemos prácticamente los mismos niveles de deuda que en pandemia, pero sin existir una pandemia”, y agregó que el país podría cerrar el año con el déficit fiscal más alto de su historia.
El exministro sostuvo que en el 2023 se produjo un crecimiento acelerado del déficit y la deuda, impulsado por el aumento del gasto público, especialmente en burocracia estatal. Según sus cifras, el gobierno ha creado 400 billones de pesos en nueva deuda y 420 billones adicionales en intereses, lo que suma obligaciones por cerca de 820 billones de pesos.
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Para Restrepo, el camino adecuado sería un recorte de los 11 billones de pesos que se esperaban recaudar con la emergencia, como también plantea el exdirector de Fedesarrollo. “El mal camino es seguir en esta senda de sobreendeudamiento”, advirtió. Además, alertó sobre el impacto para el próximo gobierno, al señalar que el presupuesto nacional estaría desfinanciado en más de 46 billones de pesos, según el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, lo que implicaría un riesgo real de falta de recursos para cubrir las obligaciones del Estado.
Mientras la Corte Constitucional avanza en su decisión de fondo, el debate deja en evidencia las tensiones entre la necesidad de recaudo, el control constitucional de los estados de excepción y el manejo del gasto público en un contexto de alto endeudamiento y bajo crecimiento económico.