El presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa la posibilidad de una nueva declaratoria de emergencia económica y social para atender la dura emergencia por el desbordamiento del río Sinú en el departamento de Córdoba. El mandatario aseguró que sería la única alternativa en caso de que la Corte Constitucional no revoque la suspensión que aplicó al mismo estado de excepción al que recurrió a finales de diciembre.
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El Ejecutivo apuntó que se necesitan alrededor de 8 billones para asumir toda la contingencia, desde la fase primaria de la emergencia hasta la posterior atención para la recuperación productiva de la comunidad. En ese sentido, ha causado dudas el cálculo y se ha puesto en duda si es un aproximado de orden técnico o si es una “mera cuenta de servilleta”.
Algunos han puesto en duda el cálculo hecho por el Ejecutivo, como el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo: “¿De dónde sacan que se necesitan 8 billones de pesos? Es clave que nos muestren el detalle. La suma parece desproporcionada y merece una auditoría académica externa”.
En ese sentido recordó la caída de la ley de financiamiento y de la emergencia económica emitida en diciembre. Mauricio Salazar Saenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, expresó sus dudas en una entrevista con EL TIEMPO. Apuntó que “lo primero que uno podría llamar en términos de sospecha es que es la mitad del recurso de la ley de financiamiento por 16 billones de pesos”.
Para el director del Observatorio, resulta prematuro lanzar un monto de 8 billones cuando “no se han mostrado los cálculos de por qué son 8 billones, no es más, no es menos”,
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, explicó que la cifra de 8 billones de pesos mencionada por el Gobierno para atender la emergencia derivada de las lluvias corresponde a un estimado para la fase de recuperación, basado en antecedentes históricos y en los daños preliminares identificados.
Carrillo señaló que la atención de la emergencia tiene distintas etapas. La primera es la respuesta inmediata, que incluye asistencia humanitaria, alojamientos temporales y acciones de rescate. Para esta fase, explicó, la entidad cuenta con los recursos de la vigencia 2026, que suman 190.000 millones de pesos, por lo que esa atención inicial está cubierta.
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Carrillo añadió que el cálculo responde a los daños ya identificados y a los costos de reconstrucción en varios frentes. Entre ellos, mencionó 4.000 viviendas destruidas, cerca de 200 colegios afectados, una amplia red de infraestructura vial dañada, así como obras en acueductos, saneamiento básico y proyectos hidráulicos.
Sin embargo, advirtió que la UNGRD no dispone de recursos suficientes para esa fase de recuperación, lo que llevó al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo —tras una sesión de casi nueve horas— a recomendar al presidente declarar la emergencia económica, social y ambiental.
Fuentes al interior de la entidad explicaron con más detalle de dónde salen los 8 billones de pesos. Desde un primer momento hacen énfasis en que es un estimativo y que la cifra puede variar, tanto para arriba como para abajo. Además explicaron que la cifra no es un cálculo “a ojo”, sino que parte de un diagnóstico que hace cada Ministerio sobre las necesidades que asume cada cartera.
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Si bien es cierto que el primer mandatario apenas estuvo entre lunes y martes en el territorio, los ministerios han estado en la zona desde los primeros días de la emergencia climática y humanitaria. Ha sido a través del trabajo de campo que se ha podido hacer un estimativo de lo que necesitan para proceder en las distintas fases de la atención de la emergencia.
Por ejemplo, desde el Ministerio de Agricultura se ha hablado de cifras cercanas a 700.000 millones de pesos en costos para la atención. De acuerdo con la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, el censo inicial apunta a más de 27.075 predios afectados, que equivalen a 231.208 hectáreas. Asimismo, 546.718 bovinos/bufalinos afectados y 3.166 de estos especímenes reportados como muertos por las inundaciones. Asimismo se anunció una afectación de 30.113 hectáreas de cultivos de plátano, arroz, maíz, algodón, yuca, patilla, hortalizas y cacao.
Las cifras reportadas en el Consejo de Ministros apuntan a otros gastos como el drenaje de los suelos, lo que incluye adecuaciones como canales, cunetas y sangrías. Serían cerca de 139.590 millones de pesos. Otro de los rubros expuestos por el Ministerio de Agricultura es el de la adecuación de los cultivos para recuperarlos. En ese caso se necesita una cifra de 81.000 millones de pesos. “Estamos hablando del futuro de la comida de la región”, alertó Carvajalino, que fue categórica al decir que era un tema que debe ser manejado “como de seguridad nacional”.
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En ese mismo sentido, la cartera puso de presente que el Banco Agrario tiene una caja pendiente de 1,8 billones en la zona de las inundaciones, por lo que es muy probable que haya problemas de pagos por parte de una población campesina que ha visto sus cultivos y ganado afectado por las inundaciones. Como el Ministerio de Agricultura, otras carteras han reportado las cifras que consideran que necesitarán para atender la emergencia.
En esa cifra está también el costo de los alivios financieros en las tarifas de servicios públicos y otras ayudas anunciadas desde el Ministerio de Vivienda. Asimismo la ministra de Vivienda, Helga Rivas, hizo una aproximación del gasto que implicaría la reconstrucción de la vivienda. 5,8 billones de pesos es el cálculo que hacen desde la cartera, siendo el rubro más grande el de agua y saneamiento básico, con un total de 4,4 billones de pesos.
Tan sólo serían 1,4 billones de pesos para vivienda y mejoramiento de esta, basándose en los primeros censos hechos por la UNGRD. No obstante, desde esta entidad se ha hecho énfasis en que es una primera cuenta y que puede ser más o menos recursos. Asimismo, se hizo la precisión de que los números pueden ser mucho mayores debido a que el Ejecutivo se ha enfocado en las cifras de Córdoba y no se ha totalizado el tema de Antioquia y Sucre, otros departamentos afectados.
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Otros antecedentes
Desde la UNGRD han hecho énfasis en que los 8 billones son un cálculo preliminar y lo comparan con lo ocurrido durante el fenómeno de La Niña de 2010-2011, cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos destinó cerca de 10 billones de pesos para la recuperación tras los daños ocasionados por las lluvias, incluyendo la ruptura del Canal del Dique. Según Carrillo, actualizada a precios actuales, esa cifra sería superior a los 8 billones, por lo que el monto anunciado por el Gobierno se considera prudente y conservador.
Carrillo enfatizó que el costo total de la recuperación podría crecer a medida que se conozca el alcance real de los daños, por lo que los 8 billones deben entenderse como una estimación inicial basada en precedentes y en los impactos ya contabilizados. En ese contexto, el Gobierno sustenta la necesidad de la emergencia económica en la magnitud de los daños y en experiencias anteriores de eventos climáticos similares.
Cuestionamientos por el escándalo de la UNGRD
Una posible declaratoria de emergencia económica y una gestión de la UNGRD en el territorio, han hecho que distintos sectores recuerden el escándalo de corrupción en la gestión de Olmedo López. Apunta a que fue más de un billón de pesos el que se perdió en uno de los peores entramados de corrupción del gobierno de Gustavo Petro.
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Sin embargo, también están los datos revelados por la propia entidad, que destaca que se ha iniciado una estrategia de recuperación de dichos dineros. Varios de estos recursos comprometidos no salieron nunca de la entidad. También se habrían recuperado 7.722 millones de pesos, como anunció Carlos Carrillo en su rendición de cuentas del 2025.
Inundaciones en Córdoba Foto:
JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO
Redacción política