El impacto del fenómeno de El Niño en los servicios públicos domiciliarios expone la complejidad del sistema energético colombiano y las respuestas regulatorias diseñadas para evitar un racionamiento, de acuerdo con el análisis legal de Jose Plata, socio de Serrano Martínez CMA en el área de Energía e Infraestructura de Servicios Públicos Domiciliarios.
A través de mecanismos financieros preestablecidos y la gestión de la demanda, las autoridades y las empresas buscan mitigar los riesgos asociados a la sequía. Sin embargo, la efectividad de estas medidas se cruza de manera directa con barreras administrativas en proyectos de infraestructura y el surgimiento de disputas legales en múltiples eslabones de la cadena de valor, según advierte el especialista.
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Dentro de la regulación colombiana, la continuidad en el suministro de energía eléctrica en periodos de sequía extrema se fundamenta en la figura del cargo por confiabilidad.
Plata explica que este esquema consiste en un ingreso mensual que pagan todos los usuarios a las empresas generadoras durante los periodos de normalidad climática.
La contraprestación de este recaudo exige que, al presentarse una temporada de escasez de agua, dichos agentes entreguen de manera obligatoria la energía necesaria para el sistema.
Por su parte, las autoridades regulatorias disponen de facultades para implementar acciones adicionales que refuercen la estabilidad del servicio.
Estas herramientas se centran principalmente en la creación de incentivos dirigidos a los usuarios finales. Las medidas buscan, en primera instancia, motivar una reducción voluntaria en el consumo residencial e industrial. En segunda instancia, promueven que los agentes particulares autogeneren su propia energía y vendan los excedentes resultantes al sistema interconectado.
Air-e subió la tarifa de energía 5,5 %. Foto:Archivo EL TIEMPO
Barreras en proyectos e infraestructura disponible
Más allá de los instrumentos puramente regulatorios, el experto señala que la capacidad del Estado para enfrentar las consecuencias de El Niño se vincula con la entrada en operación de nueva infraestructura.
Actualmente, diversos proyectos de generación de energía registran retrasos en sus cronogramas de inicio debido a dificultades en la obtención de permisos y licencias ambientales o gubernamentales.
Para abordar esta situación, Plata identifica la necesidad de que la administración pública elabore un inventario detallado de las obras que están próximas a iniciar operaciones pero que permanecen paralizadas por obstáculos legales y administrativos.
La resolución de estos cuellos de botella implica la adopción de dos caminos institucionales por parte del Gobierno: aplicar procesos de desregulación en los trámites o acelerar de forma directa la expedición de las licencias correspondientes por parte de las entidades competentes.
central hidroelectrica Calderas Isagen Foto:Isagén
Los focos de litigio y tensiones sectoriales
La presión operativa que ejerce el fenómeno climático propicia un escenario propenso a controversias regulatorias y litigios entre las empresas operadoras, los usuarios y los organismos de control.
Con base en la experiencia profesional de Plata, es posible identificar cuatro áreas críticas donde se concentran los conflictos jurídicos durante estas contingencias.
El primer foco de disputa se origina alrededor del cumplimiento estricto de los compromisos derivados del cargo por confiabilidad.
Estas diferencias legales se presentan de manera directa entre las empresas generadoras de energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, encargada de vigilar el cumplimiento de las obligaciones del sector.
Un segundo punto de fricción se traslada al mercado de los combustibles, específicamente en la ejecución de los contratos de suministro de gas natural suscritos entre productores y compradores.
Durante El Niño, las plantas térmicas aumentan de forma considerable su consumo de gas para generar la electricidad que el país requiere ante la baja de los embalses.
Las diferencias surgen cuando los productores se comprometieron contractualmente a vender un volumen de gas superior a su capacidad real de producción, o cuando las empresas compradoras demandan más combustible del pactado inicialmente.
El tercer foco se relaciona con la pérdida de oportunidad económica causada por las demoras en los proyectos de generación, los cuales resultan esenciales durante la sequía.
Al no entrar en operación a tiempo, se pierde la posibilidad de optimizar los activos en el momento de mayor necesidad energética.
Estas reclamaciones se dirigen formalmente hacia el Estado por las trabas en permisos, o hacia los proveedores y constructores por retrasos en la entrega de la infraestructura física.
Finalmente, el cuarto foco de tensión afecta a los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica. Estas compañías tienen la responsabilidad de recaudar la cartera de los usuarios para pagar a los generadores y transmisores, además de canalizar los subsidios estatales para los estratos 1, 2 y 3, siendo la coyuntura de la empresa Air-e un reflejo de esta dinámica expuesta por Plata.
Los incumplimientos financieros de las comercializadoras se acentúan debido a que el recaudo tarifario tiende a disminuir durante el fenómeno climático, una situación que empeora si el Estado presenta retrasos en el giro de los subsidios correspondientes.
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