El Concejo de Bogotá aprobó recientemente casi por consenso el proyecto que busca garantizarles el acceso a internet a los estratos 1, 2 y 3, personas en condición de vulnerabilidad y fragilidad social y de zonas rurales. Sin embargo, aún no está claro si contará con el apoyo de la administración distrital. La preocupación es por el alcance de la norma y el impacto que esta puede tener en las finanzas del Distrito.
El acuerdo establece en su artículo 2 que “la Administración distrital definirá los planes, programas y proyectos para la prestación progresiva, gradual y sin costo alguno de una cantidad mínima de internet para la población pobre y vulnerable, y se hará universal en toda Bogotá, conforme a las determinaciones regulatorias que defina la entidad competente”.
El proyecto le da un plazo de 12 meses a la Alcaldía para reglamentar el acuerdo y le ordena priorizar de manera progresiva a las poblaciones objeto del beneficio del mínimo vital de internet (estratos 1, 2 y 3, población en condición de vulnerabilidad y fragilidad y zonas rurales). Se estima que podrían beneficiarse 3,7 millones de personas.
“Con este mínimo vital más de 540.000 hogares que hoy no tienen acceso a la red podrán acceder a este derecho (…) hoy más que nunca el acceso a internet es tan necesario”, señaló el concejal Oscar Ramírez Vahos, uno de los autores de la iniciativa, junto con Julián Rodríguez Sastoque.
Con base en cifras del Dane, Ramírez indica que el 20 por ciento de la población bogotana no cuenta con conexión a la red y que el 41 por ciento de los que no la tienen argumentan los altos costos.
En la exposición de motivos la iniciativa plantea el acceso a internet como “un derecho humano” y como una forma de cerrar la brecha de conectividad en la capital del país. También destaca a la internet como herramienta de esencial para el trabajo, el estudio, la información, la cultura y la comunicación, un tema que se hizo evidente durante la pandemia de covid-19.
Durante los debates en el cabildo distrital el proyecto tuvo como ponentes a los concejales Álvaro Argote, quien apoyó la iniciativa, y a María Victoria Vargas, que presentó ponencia negativa y argumentó razones de constitucionalidad y de impacto fiscal.
“Defiendo la necesidad de internet y que el acceso a la red es vital. Sería ideal que toda la población de Bogotá lo tenga, pero el Distrito no tiene los recursos para garantizar la universalidad y la gratuidad que plantea el proyecto de acuerdo en sus artículos 2 y 3”, le dijo la concejal a este diario.
Vargas agregó que se necesita que el Congreso de la República apruebe una ley que reglamente el mínimo vital de internet y recordó que ya en tres ocasiones iniciativas en ese sentido no han prosperado en el legislativo.
Las preocupaciones
En principio el proyecto no tuvo el aval de la Alcaldía, por los costos (en equipos y de operación) y, por ende, el impacto para las finanzas de la ciudad. Sin embargo, durante la discusión en el cabildo distrital se concertó el texto con los autores y ponentes y que por eso se espera la norma finalmente sea sancionada por la alcaldesa.
No obstante, en la última semana los análisis generan más incertidumbres que certezas. Entre las preocupaciones está el alcance que se propone, pues solo en los estratos 1, 2 y 3 hay 1’400.000 hogares y que pueden terminar recibiendo el subsidio familias que otros niveles socioeconómicos.
Otro elemento que está sobre la mesa entre el grupo de funcionarios que vienen revisando el proyecto de acuerdo es si es o no constitucional. La norma estaría elevando a derecho fundamental el acceso a internet.
Una fuente de la administración distrital que pidió no ser citada dijo que “no se tiene claro qué se debe entender por mínimo vital de internet, si es un número de megas o velocidad o señal de celular o en la vivienda”.
Este concepto existe para el servicio de acueducto, que sí es clave para la subsistencia de las personas. La ley lo considera un servicio esencial. En Bogotá el mínimo vital en agua es un beneficio establecido desde 2012 y consiste en otorgar 6 metros cúbicos sin costo alguno para los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2.
El mínimo vital de internet es una idea reciente en el país -en julio pasado una norma con el mismo objetivo fue aprobada por el Concejo de Medellín- y según la fuente de la alcaldía primero hay que esperar que sea reglamentado mediante una ley de la República. “Estamos de acuerdo en cerrar brechas y en ampliar la cobertura, pero no vía mínimo vital”, señaló la fuente.
Algunos funcionarios en la Alcaldía interpretan que el mínimo vital puede ser que haya acceso en puntos en todas las localidades, donde la gente puede conectarse a la red, pero recuerdan que esto ya se viene haciendo en bibliotecas públicas, colegios, algunos parques y en los quioscos Vive digital, un programa que se ha venido implementado con el apoyo del Ministerio de las TIC.
Destacan incluso que el Distrito está avanzando en dar acceso a la red en estaciones de TransMilenio y en los Centros de la Felicidad. Además, algunos centros comerciales han hecho esfuerzos en la misma dirección.
“En la práctica ya se le está dando cumplimiento al proyecto de acuerdo con la estrategia de conectividad que se viene adelantado junto con el Gobierno nacional”, señaló otra fuente de la administración distrital que participó en las discusiones en el Concejo y que también pidió no ser citada.
Igualmente causa preocupación el posible impacto que tendría la aplicación del acuerdo en las finanzas de la ciudad. Si bien aún no hay un valor estimado, algunos consideran que puede ser miles de millones de pesos y que no hay una fuente de esos recursos y tampoco no se tienen previstos.
Las dudas de la administración también son frente a quién operaría dicho servicio, si la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) u operadores privados y que en cualquiera de los casos representaría un costo con cargo a la ciudad.
Según estableció EL TIEMPO, esta semana se tomará una decisión al respecto y todo indica que puede ser la objeción. La Alcaldía puede abstenerse de sancionar la norma y objetarla por razones legales, fiscales o de inconveniencia, pero en este caso, según una fuente del Concejo, el cabildo distrital tiene la posibilidad de discutir las objeciones y ajustar el texto, con lo que el proyecto pasaría de nuevo a sanción.
La opción para desarrollar el proyecto
EL TIEMPO conoció que en principio desde la Alta Consejería Distrital de TIC se estaría pensando una alternativa y es que en el desarrollo del proyecto de acuerdo se contemplen los diferentes programas e iniciativas que se vienen adelantando en la ciudad para ofrecer internet a la ciudadanía en general, entre ellas la conectividad de la localidad de Sumapaz.
No obstante, si bien la norma plantea beneficiar a 540.000 familias, se tendría que realizar un estudio financiero para definir las modalidades de conectividad y cuántos hogares se podrían beneficiar realmente.
GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ
EDITOR BOGOTÁ
En Twitter: @guirei24
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