El discurso de lucha contra la corrupción es tal vez uno de los más comunes y repetitivos para los funcionarios públicos y durante las campañas políticas. De hecho, una de las principales tareas encomendadas al recién elegido contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, es liderar la lucha contra la corrupción en el país.
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Diversas organizaciones como la Misión de Observación Electoal (MOE) y Transparencia por Colombia han hecho un análisis de lo que sucede en esta materia. Los trabajos van desde un balance del Ejecutivo y el Legislativo hasta las acciones relacionadas a prácticas que generan riesgos de corrupción.
Se requiere que el nuevo Congreso 2022-2026 saque adelante proyectos estructurales, manteniendo el diálogo con la sociedad civil.
Sin embargo, antes de evaluar las prácticas, vale la pena analizar el estado actual de las cosas. El cuanto al Legislativo, Transparencia por Colombia realizó un seguimiento a la legislatura 2018-2022 donde se identificaron 186 proyectos de ley que de alguna forma podían aportar a la lucha contra la corrupción. 75,3% terminaron archivados o siendo retirados y 12 se convirtieron en leyes.
Asimismo, en el ámbito anticorrupción se cuenta ahora con las siguientes medidas anticorrupción:
– Acto Legislativo 04 del 2019, que promueve el fortalecimiento de las capacidades de prevención e investigación con la reforma al régimen de control fiscal.
– Ley 2014 de 2019, que regula las sanciones para los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, también relacionada con una pregunta de la consulta popular anticorrupción.
– Ley 2195 de 2022, que adopta medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción desde diferentes frentes importantes, aunque de esta ley se eliminó el articulado correspondiente a protección de denunciantes.
– Ley 2207 de 2022 que reestableció los tiempos de respuesta a los derechos de petición y favorece la garantía del derecho al acceso de la información pública.
– Ley 2181 de 2021, que establece normas para fortalecer el comercio exterior.
Por esta razón, asegura la organización, se requiere que el nuevo Congreso 2022-2026 saque adelante proyectos estructurales, manteniendo el diálogo con la sociedad civil.
Seguidores en apoyo a Hernández en Barranquilla.
Entre las temáticas a priorizar se encuentran la reforma al financiamiento de las campañas políticas; la reforma al estatuto de la contratación pública (para limitar los regímenes especiales y unificar las inhabilidades para la contratación de personas naturales y jurídicas); la reforma a los mecanismos de transparencia presupuestal (gastos e ingresos públicos en diferentes niveles del gobierno); las reformas que promuevan a independencia de los poderes públicos y de los órganos de control; y la permanente necesidad de brindar una protección integral a los denunciantes de corrupción. Tanto la OCDE (2022) como la sociedad civil (Transparencia por Colombia, 2021) le han solicitado al país una ley de protección a denunciantes y reportantes de hechos de corrupción en diversos momentos.
“Como resultado del Congreso anterior, Colombia cuenta con 12 nuevas leyes para la lucha contra la corrupción, pero si queremos una contribución más profunda desde el legislativo, debemos apuntar a reformas estructurales, muchas de las cuales están pendientes desde hace varios años”, señala Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.
¿Qué dejó Iván Duque y qué viene para Gustavo Petro?
Foto de la reunión de empalme entre Iván Duque y Gustavo Petro.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Según Transparencia por Colombia, entre los avances más significativos durante el periodo del presidente Iván Duque se concentran en medidas normativas para incrementar la sanción de la corrupción: se eliminó la figura de casa por cárcel para los corruptos; se fortaleció la inhabilidad para volver a contratar con el Estado de empresas sancionadas por hechos de corrupción; se aprobó la posibilidad de investigar a los beneficiarios finales de personas jurídicas involucradas en hechos de corrupción; entre otros aspectos.
Asimismo, se destaca la creación de un Fondo Nacional para la Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción, a partir del cual se podrán iniciar procesos de reparación a los afectados directos por hechos de corrupción.
Asimismo, entre las tareas pendientes para el nuevo Gobierno está la necesidad de abordar problemáticas estructurales (como empleo público, contratación, sistema político, control interno, presupuestos públicos y descentralización), así como la reglamentación e implementación de varias de las normas y acciones realizadas por el gobierno saliente.
Igualmente, “será fundamental garantizar el derecho de acceso a la información pública, evitar la concentración del poder en la rama ejecutiva, y revisar la arquitectura institucional anticorrupción”, asegura la institución.
Los retos de la lucha anticorrupción
Con la decisión de modificar la Ley de Garantías se abrió la puerta a la celebración de contratos entre entidades públicas y derivado de estos, con empresas privadas.
Estas son las prácticas que la Misión de Observación Electoral ha identificado, las cuales pueden generar riesgos de corrupción.
– Financiación de campañas: al no contar con un seguimiento, control y vigilancia efectivo a los recursos empleados durante y con motivo de las campañas electorales, se imposibilita identificar tanto el posible ingreso de recursos prohibidos a las contiendas, como si quienes aportan recursos a las campañas posteriormente son retribuidos a través de la contratación pública.
– Contratación estatal: hay una amplia discrecionalidad en la contratación de las entidades públicas, que si bien en muchas ocasiones está amparada en excepciones previstas en la ley, incrementa los riesgos de corrupción, ya que reduce los controles y los márgenes de competencia.
– Modificación a la Ley de Garantías: con la decisión de modificar la Ley de Garantías se abrió la puerta a la celebración de contratos entre entidades públicas y derivado de estos, con empresas privadas. Situación que conllevó a mayores riesgos de corrupción, y a la utilización de estos mecanismos para incidir en los procesos electorales en curso, precisamente por la enorme dificultad en su seguimiento.
– Contratación de la Registraduría Nacional del Estado Civil: es importante que se realice tanto una adecuada planeación de las contrataciones electorales, en el marco de las recomendaciones formuladas por Colombia Compra Eficiente, como que desde los procesos de contratación se garantice el acceso a la información de las distintas etapas de los procesos electorales, para garantizar un efectivo control y vigilancia tanto de la ciudadanía, como de las propias organizaciones políticas.
REDACCIÓN POLÍTICA
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