La fiscalía argentina pidió este lunes una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación política perpetua para la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner por supuesta corrupción en la licitación de obras cuando fue mandataria (2007-2015), una acusación que sus seguidores consideran como una persecución.
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Kirchner, acusada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada, tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado.
Se estima que la sentencia de este caso se decidirá a fin de año. Minutos después de conocido el pedido de condena hecho por el fiscal Diego Luciani, la presidencia emitió un comunicado de repudio.
“El gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”, señaló el texto.
“Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del derecho penal moderno”, añadió.
Kirchner es acusada junto a otras 12 personas por supuestamente haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez, contra quien también pidieron los fiscales 12 años de cárcel y el embargo de sus bienes. Los pedidos de condena oscilaron entre los dos y los 12 años de prisión.
La pena máxima para esos delitos es de 16 años. Esta última audiencia de alegatos de la acusación fue instalada en la mañana por el fiscal Sergio Mola, quien repasó los detalles de la causa en la que declararon más de un centenar de testigos.
En la sesión, desarrollada de manera remota, Mola consideró que los acusados “trazaron un plan” que buscaba defraudar al Estado mediante “la discrecionalidad en la utilización de los fondos”.
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Protestas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
“Hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de 12 años. El cuadro probatorio demuestra de manera contundente las maniobras ilícitas. No es creíble que Cristina Fernández (de Kirchner) no se enterara de nada en la soledad de su despacho”, aseveró el fiscal en su alegato final.
La causa abarca también el periodo de gobierno anterior de 2003-2007, cuando fue presidente su esposo Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
La Unidad de Información Financiera (UIF) había considerado “irresponsable avanzar en una acusación” al desestimar los argumentos de la fiscalía sobre la existencia de los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.
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El domingo una carta pública firmada por más de medio millar de alcaldes respaldó a Kirchner, a quien consideraron “víctima de una persecución judicial”.
Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022
También diputados del oficialista Frente de Todos lanzaron un comunicado de respaldo a Kirchner, presidenta del Senado, al igual que una solicitada publicada este lunes en la prensa bajo la firma de referentes políticos y culturales.
La vicepresidenta de 69 años fue sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos períodos presidenciales (2007-2015), pero aún enfrenta cinco procesos.
AFP
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