La Fiscalía General de la Nación le confirmó a EL TIEMPO que la monja Catalina Cañón, quien laboraba en la fundación Hogar Monserrate, ubicada en la vereda Tilatá en el municipio de Chocontá, fue imputada por el delito de tortura agravada en contra de un niño que estaba internado allí. Hay audiencia preparatoria para el 5 de septiembre.
Cuando este diario investigó los hechos se enteró de que el lugar tenía buena reputación. Los internos eran niños con dificultades que encontraban en este lugar un espacio para estudiar y formarse como buenos ciudadanos.
La gente de la vereda Tilatá en el municipio de Chocontá guardaba un afecto especial por su causa y muchos dueños de fincas de la zona donaban dinero o ayudas, e incluso organizaban fiestas para los niños en fechas especiales, por lo menos eso es lo que cuentan los lugareños.
Por eso, cuando la noticia de la presunta tortura a un niño de solo 9 años, internado en este lugar desde el 5 de julio de 2021, salió a la luz pública en boca de sus familiares, muchos no lo podían creer. Y no es para menos.
La madre del menor confió el cuidado del niño a la fundación porque había recibido buenas referencias por parte de una vecina y pensó que allí su hijo iba a poder superar sus problemas de comportamiento y de lenguaje que le diagnosticaron en la EPS Famisanar, también que iba a poder avanzar académicamente pues se encontraba algo atrasado para su edad. “Él estuvo de acuerdo y como una decisión de familia confiamos en el tratamiento que allí se impartía”, contó la tía del menor.
Cuando lo matricularon le dijeron que solo podía recibir visitas cada seis meses y que únicamente los días jueves, a las 5:30 de la tarde, podría comunicarse por teléfono con el menor. Nunca pensaron que el supuesto tratamiento incluiría tratos tan aberrantes como el que este niño dijo haber recibido.
Durante la pandemia, con la excusa de evitar contagios, la madre del niño solo había podido ver a su hijo por videollamada, menos el día de su bautizo, que se concretó en el mismo lugar en donde estaba internado.
Para ese momento, el pequeño no les había comentado nada a sus familiares pues, precisamente, uno de sus problemas es la imposibilidad de comunicarse. De hecho, tiempo después, en octubre de 2021, pasó tres días con su familia, debido a que en el internado les habían pedido que lo vacunaran contra el covid-19. “Nosotros le preguntábamos si estaba bien y él no nos decía nada raro”, contó la familia, que lo llevó nuevamente al internado.
Pero esta historia dio un giro dramático el 12 de diciembre, cuando la madre del menor fue a recogerlo pues ya terminaba el contrato. Ya en casa el niño comenzó a enfermarse. Manifestaba que le dolían sus genitales, pero no permitía que su madre lo mirara. “Por eso llamamos a un tío para que hablara con él. Lo que pasó fue que quedó conmocionado porque su pene estaba inflamado. Lo llevamos de inmediato al médico”.
Entró por urgencias del hospital de Engativá y luego lo vieron los médicos del hospital San José Infantil. Superada la primera etapa de la emergencia llamaron a los padres de familia para que se hicieran presentes el martes 14 de diciembre. “Los médicos hallaron que el pene de mi hijo estaba amarrado con cabellos largos de una persona. Habían sujetado su miembro desde la base y eso le impedía orinar”, les contó la mamá de la víctima a las autoridades al momento de poner la denuncia.
El niño les dijo a sus padres y familiares que una monja a la que le decían ‘Cata’ era la que le había hecho eso debido a que se orinaba en la cama. También que a un profesor de nombre Ferney le gustaba mucho pegarles a los niños coscorrones, palmadas en la cabeza y que cuando el castigo era mayor los golpeaba con ortiga.
Luego de semejante revelación, la familia del niño puso la denuncia ante la Fiscalía el día 16 de diciembre de 2021, con la esperanza de que se investigara qué más había detrás de estos escalofriantes vejámenes de los que el niño dice haber sido víctima y por lo cuales no solo tendrá una larga recuperación física, sino que también tendrá que ser tratado psicológicamente.
El ente investigador recogió testimonios y pruebas; el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, ofreció todo su apoyo para esclarecer los hechos en su momento; delegados de la Procuraduría General de la Nación designaron a un funcionario judicial especializado para intervenir en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos ante la Defensoría de Familia del Centro Zonal Barrios Unidos, y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, anunció que la entidad verificará los derechos de todos los niños y niñas atendidos en ese lugar. “Tenemos que volver a reiterar que cualquier trato cruel que degrade o vulnere la dignidad de los niños y niñas en nuestro país es condenable y repudiable”, dijo ante la ocurrencia de estos hechos.
Los vecinos de la Fundación Hogar Monserrate no pueden creer que allí se haya violentado a un niño.
Opiniones contradictorias
Luego del escándalo que conmovió a la región comenzaron a aparecer testimonios de exestudiantes de la fundación que dicen haber recibido o visto malos tratos, pero también de otros que, al contrario, agradecen lo que este hogar, sus maestros y las siervas del sagrado corazón y de los pobres, como se llaman las religiosas, lograron en ellos. Uno de ellos asegura haber estado internado en la fundación. “Yo estuve hace años, había mucho maltrato. Recuerdo a un profesor de nombre César, él fue uno de los agresores. Yo fui uno de tantos niños que la pasó mal, se robaban lo que nos regalaban”.
También una mujer de 25 años, quien prefiere ocultar su identidad, le contó a EL TIEMPO que estudió su primaria en esa institución como externa. Relató que durante y después de sus estudios vio cómo ponían a los niños a quemar la basura, a arriar las vacas y cosas que, obviamente, no tenían que hacer. “Aparte de eso, a las monjas les daban donaciones de yogur y cosas ricas para los niños y ellas vendían esos productos a la gente de la región”.
Agregó que fue testigo de cómo los dueños de las fincas hacían novenas donde les daban regalos a los menores de edad internos y que esos presentes luego los ponían a la venta en un almacén de ropa que manejaban dentro de la institución. “Lo sé porque los jefes de mis papás eran unos de los que hacían estas novenas y nosotros una vez fuimos al almacén y vimos en venta las cosas que estos señores les dieron a los niños”.
La mujer relató también que cuando asistían al mercado de la hermana conocida como ‘Cata’, una vez esta le dijo a un niño que cargara la carretilla con lo que habían comprado. “Como estaba mi esposo, yo me opuse, ya que eso no era un trabajo para el niño, y por esta razón no me volvieron a vender. Lamento demasiado el no haber hecho algo a tiempo”.
Otros, en cambio, guardan un buen recuerdo, incluso alumnos que estudiaron allí hace más de 11 años. “Yo cursé mi primaria ahí y estuve ingresado por tres años debido a que estaba solo en mi casa y mis dos hermanos mayores estaban internados ahí, fui yo quien quiso ingresar. En ocasiones nos corregían, pero no es de la manera que está circulando en las noticias. Creo que están embarrando a mucha gente y solo deberían castigar y juzgar a los culpables. Cuando a mí me corregían era por algo, además eso no es tortura, hay familias que hacen peores cosas”, dijo el exestudiante que prefiere ocultar su identidad.
Aceptó que los sacaban a trabajar y cada quien tenía responsabilidades como lavar su ropa. “Creo que si al niño le hubieran amarrado el pene en el internado y durado diez días con eso, alguien se hubiera dado cuenta porque todos los niños nos bañábamos juntos a la misma hora, en el mismo baño”.
Añadió: “Sí nos ponían a hacer cosas, pero era por nuestro bien. Nos enseñaron muchas cosas como ordeñar, ayudar en la cocina, tender la cama, lavar los dormitorios, entre muchas cosas más, pero eso no es un castigo, eso es una enseñanza para el futuro”.
Los mismos comentarios se escuchan de vecinos de la fundación. “Estoy realmente sorprendida con las noticias del Hogar Monserrate. Conozco la institución desde hace más de 40 años. Conocía a su fundador, el padre Bernardo Acosta Padilla, quien con mucha generosidad, dedicación y esfuerzo logró consolidar esta obra. Él se enfermó y encontró a la Comunidad Mexicana de Yermo y Parres, a quienes confió su gran obra. Durante todos estos años he sido muy cercana al hogar y a los niños. Tuvimos además la oportunidad de asistir a las misas dominicales y el principal encanto era compartir con ellos, oír sus cantos y rezos”.
Jorge Restrepo, abogado asesor del hogar, aseguró en su momento que siempre se ha colaborado con la investigación y que el proceso garantiza “una imparcialidad” que debe ser “motivo de tranquilidad, tanto para la opinión pública como para las familias de los menores vinculados al hogar”.
Manifestó que “se han realizado varias visitas a las instalaciones permitiendo el acceso a la documentación necesaria, tanto de los menores como la del personal vinculado a la institución; se practicaron también entrevistas a las directivas y al personal encargado de los menores. De la misma manera, se suministraron las grabaciones de los sistemas de circuito cerrado de televisión que monitorean permanentemente las áreas donde se encuentran los menores, las cuales datan de marzo de 2021”.
El abogado agregó que el hogar tiene personería jurídica desde 1961 –que se renovó en 2017– y cuenta con los permisos para la atención de menores y adolescentes “conforme a la ley vigente, y con el aval del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)”.
Por su parte, la Fiscalía designó un grupo especializado para que acompañe la investigación por el grave caso de maltrato al menor denunciado en la fundación religiosa Hogar Monserrate, ubicada en la vereda Tilatá de Chocontá, Cundinamarca.
Fuentes del ente acusador señalaron que el caso fue asignado a un fiscal de Chocontá, pero que se enviaron desde Bogotá peritos expertos para acompañar la investigación, los actos urgentes y las entrevistas a los testigos de lo sucedido con el menor.
En la investigación también se recolectó información sobre las personas encargadas del cuidado de la víctima.
CAROL MALAVER
SUBEDITORA BOGOTÁ
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