La reacción inicial de la administración de Joe Biden a la propuesta del presidente Gustavo Petro de suspender la extradición de narcotraficantes que se entreguen a la justicia y prometan no reincidir fue bastante diplomática y un poco ambigua.
(En contexto: ¿Qué opina EE. UU. de la propuesta de Gustavo Petro sobre la extradición?)
En una rueda de prensa en la embajada de Estados Unidos en Bogotá, Todd Robinson, subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, dijo que era un tema que debía ser revisado por el Departamento de Justicia de su país, que la extradición era una herramienta valiosa en la lucha contra la delincuencia y que continuarán dialogando.
(Lea aquí: Gustavo Petro y su propuesta sobre extradición: estos son los retos y escenarios)
Robinson, que precisamente se encontraba en el país con toda la cúpula antinarcóticos de Estados Unidos, incluyendo al zar antidrogas Rahul Gupta, dijo además que no existían “tensiones” con el nuevo gobierno colombiano sino el ánimo de trabajar de manera conjunta.
Los narcotraficantes saben que mientras permanezcan en Colombia retienen algo de su poder. Pero lo pierden todo una vez son extraditados
Pese a ello, es obvio que se trata de un tema mucho más complejo, y hasta explosivo, que podría complicar las relaciones bilaterales entre ambos países.
Por dos razones fundamentales. La primera es que Estados Unidos siempre ha defendido la independencia de su sistema judicial y la clara separación de poderes que existe entre las cortes y el Ejecutivo. En otras palabras, si un Gran Jurado emite una orden de captura con fines de extradición contra una persona frente a la que existen cargos por narcotráfico en Estados Unidos, el Gobierno no tiene el poder para desecharla.
Como dijo a este diario una fuente diplomática en Washington, “nadie tiene la facultad de dejar sin efecto un encausamiento elevado de manera legítima”.
Alias Otoniel fue extraditado recientemente a Estados Unidos.
Esa es la razón principal por la que Estados Unidos se opuso a la garantía de no extradición que les ofreció el expresidente Álvaro Uribe a los paramilitares, como parte del proceso de Justicia y Paz. Asimismo, a ese mismo pedido para los miembros de las Farc que hizo Juan Manuel Santos en el marco de las negociaciones con este grupo guerrillero, y que culminaron con el acuerdo de paz del año 2016.
En ambas situaciones, Estados Unidos nunca levantó los pedidos de extradición ni las circulares rojas de la Interpol que pesaban contra algunos de ellos.
En el caso de las Farc la postura fue aún más diciente.
La administración de Barack Obama, en ese entonces en el poder, se la jugó toda por las negociaciones de paz al punto de nombrar a un Enviado Especial, Bernie Aronson, para que las acompañara los diálogos en La Habana. Pese a ello, cuando llegó la solicitud oficial en cuanto a la extradición, la respuesta fue un tajante “no”.
Eso a pesar que el tema se había convertido en un obstáculo para la firma de un acuerdo que buscaba poner fin a cinco décadas de conflicto, ya que los líderes de las Farc temían que en el futuro pudieran ser enviados a Estados Unidos, donde tenían cargos por narcotráfico.
Una postura varias veces repetida por Aronson: “La decisión de extraditar o no es una que le corresponde al gobierno de Colombia y la respetamos. Pero nosotros no somos parte de los acuerdos y nuestra justicia opera de manera independiente”.
En otras palabras, si bien Estados Unidos dejó de insistir en ellas de manera pública para proteger los acuerdos, estas nunca desaparecieron. Y es improbable que suceda ahora cuando la garantía se le está ofreciendo a criminales puros sin una agenda política.
La segunda es que para Washington la amenaza de la extradición sigue siendo una pieza muy útil en el arsenal con el que cuenta para la lucha contra el narcotráfico. Si bien en la propuesta de Petro esta no desaparece -pues quien reincida o no negocie será sujeto a ella- sí creen que le resta dientes.
Marco Rubio, senador republicano. Se estima que la propuesta no caería bien en este partido.
“Los narcotraficantes saben que mientras permanezcan en Colombia retienen algo de su poder. Pero lo pierden todo una vez son extraditados”, afirma otra fuente.
Pero más allá de la postura oficial y no oficial de Estados Unidos, el anuncio del presidente Petro podría tener otras serias implicaciones. De entrada, se anticipa que en el Congreso, especialmente entre los republicanos, no será bien recibida. Este mismo jueves la oficina de prensa del Senador Marco Rubio resaltó una declaración que dio hace un mes en las que dijo que había que “oponerse enérgicamente a cualquier intento de cambiar nuestro acuerdo de extradición”.
El también senador Ted Cruz habló hace algunas semanas de su intención de presentar un proyecto de ley que restringiría la ayuda a Colombia si el gobierno Petro toma decisiones que afecten los esfuerzos antinarcóticos. Y la no extradición de capos podría ser considerada en esta categoría. En este momento, dado que los demócratas controlan ambas cámaras del Congreso, es improbable que se aprueben este tipo de castigos para el país.
La decisión de extraditar o no es una que le corresponde al gobierno de Colombia y la respetamos. Pero nosotros no somos parte de los acuerdos y nuestra justicia opera de manera independiente
Pero si los republicanos recuperan el control del legislativo en noviembre, algo factible, este tipo de sanciones se volverían viables.
Adicionalmente, si bien la administración del presidente Biden se ha mostrado abierta a explorar alternativas diferentes en la lucha contra las drogas, no cuenta con mucho capital político, y tendrá menos si los demócratas pierden el Congreso. Y en ese sentido, es poco factible que lo emplee para defender una propuesta que de por si le genera dudas.
“Es probable que el tema de la extradición se convierta en una de las principales fuentes de tensión entre Washington y Bogotá bajo el gobierno de Petro. Para el presidente colombiano la no extradición de narcos es una medida crucial para lograr la paz total. Pero si bien la administración Biden y muchos demócratas en el Congreso simpatizan con el objetivo general de Petro, están comprometidos con el instrumento y son inflexibles frente a esta cuestión. Los republicanos son más críticos con Petro en general y la extradición podría convertirse en un grito de batalla. Adherirse a la extradición es una cuestión tanto legal como política en los Estados Unidos. Esta diferencia fundamental podría tensar las relaciones y será difícil de manejar”, sostiene Michael Shifter, exdirector del Diálogo Interamericano y hoy profesor en la universidad de Georgetown.
En cualquier caso, este nuevo desarrollo implica una ardua tarea para el embajador Luis Gilberto Murillo, que tendrá que explicar en Washington los alcances y objetivos de la polémica propuesta.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
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