Humberto de la Calle da su opinión sobre el propósito de ‘paz total’ – Congreso – Política

Si alguien tiene claridad sobre la manera de conducir la búsqueda de la paz en Colombia es el exjefe del equipo negociador con las Farc Humberto de la Calle, arquitecto no solo del acuerdo con ese grupo, sino partícipe también de intentos de diálogos con otras organizaciones ilegales en el pasado.

De la Calle habló con EL TIEMPO sobre sus miradas a los pasos que ha dado el Gobierno en su propósito de ‘paz total’ y se cuidó de advertir que él da opiniones, no consejos.

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¿Cuál es su visión de la ‘paz total’ que está buscando el gobierno de Petro?

Todavía es difícil precisar concretamente hasta dónde llegará el Gobierno, entre otras cosas porque lo que se presentó fue el proyecto de prórroga de la Ley 418 o de orden público y falta el de sometimiento, en el que hay una serie de inquietudes. Reconozco la legitimidad del Gobierno para innovar y cambiar. Doy opiniones y no consejos.

Usted que dirigió el equipo negociador con las Farc, ¿cree que es posible lograr en Colombia la ‘paz total’?

Hay algo que está por fuera del proyecto mismo y que obedece más a una visión estratégica de una negociación: a mí sí me preocupa que el Gobierno ha hecho anuncios anticipados en momentos en que ni siquiera tenemos una mesa de diálogo funcionando sobre temas que son extraordinariamente trascendentales en una conversación. Estos temas, incluso, pueden ser la diferencia entre el éxito y el fracaso.

¿A qué temas se refiere?

Estoy hablando, por ejemplo, de extradición, aun cuando el Gobierno ha dicho que lo mirará con Estados Unidos. También está el tema del cese del fuego multilateral y la idea de que los acuerdos parciales se aplicarían de manera inmediata. Estas últimas dos cosas son lo contrario de lo que hicimos en La Habana. Reitero que no es que uno se ponga en plan de arrogante a decir que es el único que sabe de esto. El cese del fuego sin que ni siquiera haya una mesa de diálogo me parece que pone al Gobierno en una situación de relativa debilidad frente al antagonista.

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¿Cómo se manejó esto en el proceso con las Farc?

Nosotros –las Farc y el gobierno de entonces– lo que hicimos fue negociar bajo el fuego. Estas condiciones son muy dramáticas y muy duras, yo lo entiendo, porque la gente decía, ‘pero si están conversando, por qué se siguen matando’. Eso lo entiendo perfectamente. Pero es que un cese del fuego exige haber caminado más en la mesa, que fue lo que nosotros hicimos. Cuando se llegó a esta etapa ya había varios puntos convenidos.

Y en este caso, ¿qué es lo que más le preocupa?

En este caso es aún más preocupante, porque cuando se habla del cese del fuego multilateral es como un llamado a todos los violentos para suspender el uso de las armas. Puede ser que el Gobierno tenga una información que uno no tiene, pero me parece que es una decisión muy compleja y difícil de verificar y la clave de un cese del fuego es la verificación. A mí me tocó instalar la mesa de conversaciones con la Coordinadora Guerrillera, en Caracas, en 1991, y el deseo también fue el de comenzar por el cese del fuego y eso de entrada complica mucho las conversaciones.

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En cuanto a la reactivación de diálogos con el Eln, uno de los puntos de la ‘paz total’, ¿cree que esta vez sí se llegará a algo concreto?

La ventaja con el Eln es que el camino jurídico ya está abierto. Claro que puede haber cambios e innovaciones. Pero el elemento central de la mesa de diálogos con este grupo va a ser más la discusión sobre qué es lo que negocia y no tanto cómo se negocia. Tradicionalmente ha sido muy difícil negociar con el Eln. Y también diría que hay dos notas características.

¿Cuáles serían?

La primera es una estructura de mando muy federalizada. En el Coce confluyen distintos frentes. En el caso de las Farc eran un ejército totalmente vertical y aun así hubo disidencias, pero se sabía con quién se estaba negociando y qué capacidad tenían para tomar decisiones. El Eln es más complejo. Y el otro elemento es que este grupo ha tenido siempre la tesis de que las negociaciones deben ser entre el Gobierno y las comunidades y que el Eln es como una especie de supervisor y eso, naturalmente, puede hacer muy complejas las negociaciones. Para pensar en positivo, diría que desde el punto histórico y político, es el gran momento para el Eln de dejar las armas, porque si lo que ha venido controvirtiendo es que estaba frente a un gobierno oligárquico, que era una marioneta del Departamento de Estado o del Pentágono, pues con la administración del doctor Petro esa argumentación se debilita.

¿Qué opinión le merece el proyecto de ley de modificación de la ley de orden público que se presentó esta semana y que se aplicaría, entre otros, al Eln?

Diría que hay unos avances y cosas interesantes como, por ejemplo, hablar de una política de Estado frente a lo acordado. Esto me parece que es un avance para que no nos vuelva a ocurrir que un acuerdo se somete a palos en la rueda y dificultades como sucedió en el gobierno del doctor Iván Duque. Me estoy refiriendo a los acuerdos logrados, no a la política de paz, porque cada cuatro años los colombianos votamos por un presidente que tiene sus ideas sobre la paz y lo democrático es que el nuevo gobernante tenga un ámbito amplio para formular su política.

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¿Qué otro punto destaca?

Me parece que es un avance incorporar las decisiones de paz en el Plan Nacional de Desarrollo y en los territoriales. Y también que haya una reconfiguración del Fondo de Paz fortaleciéndolo y reuniendo los que hay con ese propósito. Y destacaría la adopción del servicio social en vez del militar.

¿Y qué le inquieta de esta iniciativa legislativa?

Creo que el lema que se adoptó en La Habana de que nada estaba convenido hasta que todo estuviera convenido tiene una inmensa lógica. El Gobierno ha anunciado que habrá acuerdos parciales. Eso tiene unos riesgos y es que el antagonista o la guerrilla coja las ofertas parciales, las convierta en acuerdos, se las eche al bolsillo y al momento de la dejación de armas diga que se retira. Creo que es más sano que un grupo con el que se negocia entienda que todo está condicionado a un acuerdo final.

¿Cómo ve la propuesta de los diálogos y acuerdos humanitarios?

Esa parte también me preocupa. El derecho humanitario es la aspiración de la humanidad y no se discute, pero cuando se localizan los acuerdos humanitarios se están corriendo dos riesgos: uno, que las normas humanitarias existen y son obligatorias para varios países. Es probable que los avances en esta materia sean una reiteración en esta materia y, probablemente, no se cumplirían. Y dos: cuando una comunidad pide un acuerdo parcial humanitario se pregunta en qué puede llegar a consistir.

¿Qué quiere decir esto último?

Voy a poner un ejemplo y espero no ser demasiado dramático: una comunidad y un alcalde con muy poca autonomía, en una situación de conflicto, deciden poner en marcha un acuerdo parcial humanitario que puede significar, por decir algo, que los grupos delincuenciales digan que no secuestran o extorsionan. En esos casos, el Ejército y la Policía se acuartelan y me parece que eso puede ir produciendo una parálisis progresiva en una política nacional que salvaguarda el orden público. Y, además, el riesgo es que queden desprotegidos otros derechos de la comunidad.

¿Cree que los límites para los grupos con los cuales se negociaría quedarían bien definidos en el proyecto?

En principio hay una frase que me produce preocupación y es la que autoriza la negociación con estructuras. Esta palabra estructuras es demasiado amplia. La Ley 418 original y sus prórrogas hablaban de grupos organizados con un cierto dominio de un territorio. Cuando se habla de estructuras de manera tan genérica, es un cheque en blanco. Puede terminar negociando con simples pequeños grupos delincuenciales que no tienen ni siquiera una característica organizativa.

Si esta palabra ‘estructuras’ no se precisa, ¿usted cree que en estas negociaciones podrían terminar organizaciones como el ‘clan del Golfo’?

La ley de orden público no lo dice de manera expresa, pero siempre se ha entendido como una herramienta para negociar con guerrillas. Ahora se amplía a otras organizaciones y las llamadas estructuras, lo cual tiene riesgos. Yo quisiera hacer un llamado a pensarlo dos veces. La estructura de esta norma debería estar dirigida a negociaciones políticas con agrupaciones a las que se reconozca como tal.

En la parte de los diálogos humanitarios hay algunos alcaldes que están preocupados porque no saben hasta dónde llegarían sus atribuciones…

Se debe hacer una mayor precisión de hasta dónde pueden llegar. Los autores del proyecto han dicho que no pueden hacer mesas de paz, sino que simplemente se trata de buscar este tipo de decisiones humanitarias, pero eso puede convertirse en algo que vaya un poco más allá y tenga repercusiones en la política de paz. Mi experiencia en dos ocasiones en estos temas ha sido evitar los llamados diálogos regionales.

En cuanto al sometimiento de las bandas criminales, la otra parte de la ‘paz total’, ¿qué elementos cree usted que debería tener el proyecto que se presente para su tratamiento?

Me parece que ese sometimiento debe ser surtido bajo la sombrilla de la justicia ordinaria. No me parece que deba haber una justicia transicional para grupos que no tienen contenido político. Además, creo que no podemos limitarnos los colombianos a sanciones meramente reparadoras. Eso es lo que se está aplicando frente a las Farc por su condición de reconocimiento político, pero extender cualquier tipo de jurisdicción transicional a grupos criminales me parece que genera unos peligros.

¿Cómo cree que debería ser el tratamiento para estas bandas?

Estos procesos se basan en la búsqueda de una compensación entre las decisiones de suspender el antagonismo y la violencia a cambio de un tratamiento menos severo, pero en el caso de las llamadas estructuras puede haber y, de hecho, hay, según el Fiscal General, bastante información sobre miembros de esas estructuras que no solo han cometido concierto para delinquir, sino homicidios y extorsiones. Creo que la pena debería tener una variabilidad, a diferencia de lo que ocurre con la justicia transicional. Allí es donde están las grandes preguntas.

Hay quienes dicen que mientras exista el narcotráfico es inútil el sometimiento de las bandas, porque van a surgir nuevas. ¿Usted cómo lo ve?

Me parece que esa es la gran reflexión. Hay personas que dicen “para qué negocian si, de todos modos, muere un capo y aparecen otros. El telón de fondo es el narcotráfico, no solo la buena voluntad de esos señores y del Gobierno”, algo que es cierto. Sin embargo, me hago una pregunta: aun a sabiendas de que el riesgo de que vengan las repeticiones, surjan nuevos capos y haya nuevas organizaciones, ¿un gobierno debe o no buscar acuerdos que le permitan quitarle intensidad al conflicto? Yo respondo que sí.

JUAN FRANCISCO VALBUENA
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