Tres días después de que el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se reuniera con líderes comunitarios del barrio Crespo para abordar los impactos del proyecto de ampliación del aeropuerto Rafael Núñez, el Distrito impuso un sello de suspensión a una de las obras, argumentando que avanzaban sin los permisos legales requeridos.
La suspensión se ejecutó sobre una obra de cerramiento en el predio con referencia catastral No. 010205540006000, ubicado en el corazón del barrio Crespo.
Operativo tras reunión con la comunidad
Según la Alcaldía, la intervención se realizaba sin contar con la autorización legal correspondiente, lo que motivó una acción conjunta liderada por la Dirección de Control Urbano, la Secretaría del Interior, la Gerencia de Espacio Público y la Inspección de Policía.
El Distrito explicó que el operador aeroportuario OINAC, encargado de las obras de ampliación, no presentó los documentos que acrediten la legalidad de los trabajos ni las autorizaciones emitidas por las autoridades competentes, como la Aeronáutica Civil.
Esta omisión obligó a las autoridades a actuar, en concordancia con lo prometido durante la reunión sostenida el sábado anterior con la comunidad, en la cual se acordaron medidas jurídicas, administrativas y policivas para garantizar el respeto por los derechos de los habitantes de Crespo.
Este es un primer paso para poner orden y garantizar que ninguna intervención continúe afectando a la comunidad sin cumplir la normativa vigente”,
Emilio MolinaDirecto Control Urbano
El inspector de Policía a cargo del caso concedió un plazo de 60 días al operador para que presente la documentación que sustente la legalidad de la obra suspendida. En particular, deberá probar que el predio donde se ejecutaba la intervención hace parte del polígono aeroportuario y que cuenta con el aval explícito de la Aeronáutica Civil, tal como exige la normativa nacional.
El argumento del operador: una excepción que no convence
El aeropuerto internacional Rafael Núñez, de Cartagena. Foto:Carlos Capella. Archivo EL TIEMPO
Por su parte, el concesionario OINAC argumentó que, según el Decreto 1077 de 2015, las obras en aeropuertos están excluidas del régimen de licencias urbanísticas, por lo que no se requerirían trámites ante el Distrito. Sin embargo, la Alcaldía señaló que esta excepción no puede aplicarse automáticamente, y que el operador no ha logrado acreditar que el terreno intervenido está efectivamente dentro del ámbito exento de licenciamiento.
“La supuesta exclusión del régimen de licencias debe ser sustentada con pruebas técnicas y jurídicas que no fueron allegadas. Por tanto, mientras no se verifique la legalidad del proyecto, las obras permanecerán suspendidas”, afirmó el inspector de Policía en su resolución.
La comunidad de Crespo ha venido denunciando desde hace meses que las obras del aeropuerto están generando impactos significativos en el entorno urbano, ambiental y social del barrio, incluyendo afectaciones al espacio público, alteración del paisaje, ruido excesivo y posibles riesgos estructurales para viviendas aledañas. Además, critican la falta de concertación por parte del concesionario y las autoridades nacionales.
Seguimiento estricto y compromiso institucional
Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. Foto:Cortesía Sacsa
En respuesta, la Alcaldía se comprometió a mantener una supervisión rigurosa sobre las intervenciones relacionadas con el proyecto de ampliación, y a establecer un canal permanente de diálogo con la comunidad.
“Vamos a seguir visitando el terreno, revisando los permisos y escuchando a los vecinos. No permitiremos que el desarrollo de infraestructura se haga a costa de los derechos ciudadanos”, declaró un vocero de la Secretaría del Interior.
En paralelo, líderes del barrio y colectivos vecinales han anunciado que seguirán ejerciendo presión social y jurídica para que cualquier intervención en el territorio respete las normas urbanísticas y cuente con la participación de los afectados.
Este caso se convierte así en un precedente importante en el marco del megaproyecto aeroportuario, que sigue avanzando, pero ahora bajo una lupa más exigente de la administración distrital y de una comunidad cada vez más organizada.
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