Ante la determinación de la Corte Constitucional de hundir el código electoral, el país nuevamente queda bajo la tutela de un decreto de 1986 emitido para reglamentar estos aspectos. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), habló con EL TIEMPO para explicar las implicaciones y la ruta a seguir tras la determinación del alto tribunal.
Conforme a los criterios de
Usted ha dicho que era una decisión esperada el hundimiento del Código Electoral, ¿por qué?
Que que se haya tumbado por procedimiento era algo que se había advertido. Los dos debates finales que se dieron en Cámara de Representantes duraron muy pocas horas. Es decir, allí no hubo realmente un debate, eso se advirtió, se le señaló, se le indicó.
¿Qué consecuencias trae para el país esta determinación.
¿Qué tenemos? Pues nuevamente la imposibilidad de hacer una reforma al Código Electoral. La versión del segundo código que se discutió ya era una versión mejorada frente al primero que se hundió, que era un código desastre. Este segundo código ya tenía más herramientas, porque habían hecho una discusión de un primer código, es decir donde había una mayor comprensión de las implicaciones de las decisiones. Entonces fue mejorado, tuvo muchísimas mejoras. Entonces perdemos avances como fortalecimiento de los tribunales de garantías, se establecían unos procedimientos para hacer auditorías, se establecían procedimientos para la revocatoria e inscripción de candidaturas que eso fue lo que no permitió en este proceso electoral saber exactamente cuántos candidatos iban en los tarjetones el día de las elecciones -que eso fue una locura-. Otro de los logros es que se hacía exigible legalmente todo el tema de incorporar ayudas para personas con discapacidad o con necesidades especiales. Es decir, se lograron unos avances. Aunque tenía unos puntos negativos.
¿Cuáles eran esos puntos?
Quizás el principal punto negativo es que concentraba más poder en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y lo que estamos viendo ahora con Venezuela lo que nos demuestra es que una autoridad electoral no puede tener tanto poder. Tiene que poder ser controlada, tiene que poder ser vigilada. Y este código, no obstante, los cambios que se le hicieron, seguía concentrando muchísimo poder. Ese espíritu venía desde la primera versión.
Puestos de votación durante las eleciones en Colombia.
Foto:
¿Cuáles fueron los errores en este segundo trámite?
Los temas de forma que tiene el código electoral, que incluso ya eran advertidos. No tenemos el comunicado de prensa de la Corte Constitucional, pero digamos más o menos con lo que se ha dicho que es la ausencia del análisis de los fondos fiscales, eso se pidió desde el inicio porque además se había pedido con el código uno. Era saber cuánto vale todo lo propuesto porque se estaban poniendo más cargos de libre nombramiento y remoción, se estaban creando nuevos cargos de alto nivel. Entonces, una de las preguntas era: ¿cuánto vale esto? Se estaba incluyendo la posibilidad de avanzar hacia el voto electrónico, pero sin ningún tipo de estudio de nada. ¿Cuánto vale esto? ¿En qué consistiría? ¿Qué es lo que se está buscando? Tampoco aparecía. Entonces, hubo una ausencia de análisis del impacto fiscal. También estaba el tema de consulta previa frente a los derechos de los pueblos étnicos. La prisa con la que se estaba sacando el código adelante no permitió que tuvieran el cuidado y que escucharan las advertencias.
Tras la decisión de la Corte, ¿qué debe tramitarse de nuevo?
El código que se podría tener es uno menos ambicioso, en el que el enfoque sería la revisión de procedimientos y de ajustes. Procedimientos como que uno de los mayores problemas que nosotros tenemos en materia electoral, que está directamente relacionada con la compra de votos y con el clientelismo, es la transhumancia electoral electoral, que está directamente relacionado con el censo electoral y tienes que trabajar en todo un proceso y unos procedimientos para poder tener una mejor calidad de censo electoral y controlando la conformación del mismo. El tema de las auditorías y ese es el espejo de Venezuela. Recordemos lo del error de los 500.000 votos en la elección del Congreso. Aún no se sabe bien qué pasó. Nunca supimos que fue lo que pasó: si fue un problema de sistema, si fue un problema de transmisión de datos, si fue que se le cayó, si fue que lo hackearon, si fue que se le cayó el sistema. No fue cualquier cosa, eran 500.000 votos, que tocó esperar todo el proceso de escrutinio que afortunadamente nosotros tenemos.
Eso demuestra que hoy seguimos teniendo estas falencias en el tema de auditorías. A esto suménle los errores en los software de inscripción de cédulas y más. Entonces, ese nuevo código debe tener todo lo que son los procedimientos de conformación del censo electoral, de registro de candidatos, de inscripción de testigos electorales, todos los procesos de anulación de inscripción de candidaturas, si se va a avanzar en términos de seguridad informática, entonces también cómo se tienen que hacer todos los procedimientos de seguridad informática para salvaguardar la información y la transmisión de la información. Es un código electoral mucho más acotado a lo que tiene que ver con los procedimientos electorales.
En cuanto a un posible nuevo código, ¿ve al registrador Hernán Penagos dando ese debate o cree que ya será para una próxima Registraduría?
No sé si el registrador Penagos lo hará, creo que esa es una pregunta para él. Lo que sí tengo claro es que el registrador Penagos ya está preparando el inicio del proceso electoral que es del 2026 y que inicia en marzo del próximo año. Ya estamos a puertas de un proceso preelectoral. Creo que en principio esa es su prioridad, pero pues yo creo que vale la pena preguntarle a él si considera que es necesario avanzar en una serie de reformas o de un código electoral completo. A la MOE le parece muy interesante que pudiéramos hacer una conversación y empezar a preparar con mucha tranquilidad, no a puertas cerradas, cuáles son los procedimientos que nos dan garantías.
Hernán Penagos Giraldo, registrador Nacional del Estado Civil.
Foto:
¿Es tan urgente el código electoral como dio a entender Alexander Vega el tramitarlo dos veces y meterle mensaje de urgencia?
No es urgente un nuevo código electoral. Incluso, hay cosas que están en ese código electoral que ya se tienen o que son decisiones políticas, por ejemplo, el fortalecimiento de la capacidad técnica en los tribunales de garantías, esa es una decisión política que implica unos procedimientos y eso no necesita una reforma al Código Electoral. O la autonomía presupuestal del Consejo Nacional Electoral, eso ya se logró. No está el deber explícito en la ley de hacer ajustes razonables para personas con discapacidad, pero eso ya se ha venido diciendo. No es urgente, pero hay unos temas que tenemos que resolver y que sería mejor resolverlos si quedan de manera explícita en una ley, porque lo que se ha venido haciendo son ajustes muy importantes pero es por buenas prácticas. Pero hacerlo a través de una ley lo que permite es organizar y que uno sepa que esa es la ruta, que no depende del deseo de adoptar una buena práctica por parte de las personas que tienen que tomar las decisiones. Todo ese afán terminó siendo una gran carrera sin mucha conciliación.
Los elementos tecnológicos fueron cruciales en este código que se hundió, ¿son tan importantes esos temas en un nuevo código?
Es muy importante tener una reglamentación clara es muy muy importante. En este último proceso electoral se incluyeron una gran cantidad de aplicativos y de herramientas tecnológicas que no tenían ningún tipo de regulación. Se necesitaba establecer unos procedimientos para adoptar o no unas soluciones tecnológicas, por ejemplo, para inscribir candidaturas, los funcionarios de los puestos de votación y otras plataformas que no sirvieron. Cuando lo que están decidiendo es la entrega poder, no puede quedar al arbitrio de una sola institución. Se deben tener unos procedimientos claros y tienen que haber unas reglas claras. Entonces, en ese sentido, nuestro código electoral, que es un código viejo, no está pensado en generar mecanismos de acompañamiento, de vigilancia, de control, de veedurías, de auditorías para todo lo que es la inclusión de las tecnologías en los procesos electorales en las diferentes fases.