Ambientalistas, preocupados frente a decisión de la Corte sobre consultas populares – Medio Ambiente – Vida


La Corte Constitucional acaba de abrir una gran discusión. Esta tarde resolvió una tutela a favor de la multinacional Mansarovar Energy, y dejó sin piso la consulta popular que se votó en Cumaral en junio del 2017, en la que el 97 por ciento de los ciudadanos (de 7.703 votos) le dijeron ‘no’ a la explotación de hidrocarburos en su territorio.

Esta tarde, en una votación de cinco contra uno, la Corte estableció que poner las consultas populares por encima de los intereses de la Nación va en contra del precedente que indica que el Estado es dueño del subsuelo. 

A través de un comunicado de prensa, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Santiago Ángel Urdinola, mostró su “optimismo” frente a la decisión de la Corte pues “no solo da vida a varios proyectos mineros que se habrían visto truncados por ese mecanismo sino que empieza a dar señales positivas en materia de seguridad jurídica, reiterando la propiedad del subsuelo en cabeza del Estado”.

Para el presidente del gremio minero, “el uso incorrecto y desmedido” de las consultas populares llevó a que existan 158 iniciativas de consultas populares y acuerdos municipales en 135 municipios del país, de las cuales se han realizado 9.

EL TIEMPO consultó al abogado experto en temas ambientales, Rodrigo Negrete, sobre la situación de derechos humanos en la que quedan las comunidades locales que se oponen a proyectos extractivos en su territorio. 

¿Cómo recibe esta decisión, se imaginaba el resultado?

Sí, claro. Desde que la Corte seleccionó esta tutela para revisión a solicitud del Gobierno Nacional, manifestó que era para limitar el alcance de la consulta popular, así lo dijeron en su momento las magistradas Cristina Pardo y Diana Fajardo. Es un fallo regresivo.

Sin embargo, la Corte no está reconociendo sus propios fallos, como la sentencia T445 de 2014 y el auto 053 de 2017 donde dice que los municipios tienen la facultad de convocar consultas populares para temas mineros porque tienen autonomía, porque la minería genera graves afectaciones sociales y ambientales que se materializan en el territorio municipal y porque son parte del Estado y por ende copropietarios del subsuelo.

¿Con esta decisión, en la práctica, los municipios ya no tienen el peso para decidir sobre el subsuelo?

Las actividades extractivas afectan y deterioran el suelo, por lo que los municipios tienen derecho a decidir sobre sus propias formas de desarrollo, aunque en la práctica muchas veces esas decisiones se toman desde el nivel central, favoreciendo intereses particulares.

¿Cómo es posible que yo no me pueda oponer a decisiones tomadas en Bogotá que me afecten? A través de las consultas populares se garantiza el derecho fundamental a la participación 

Adicionalmente, la ley 136 de 1994, en su artículo 33, dice que “los proyectos que generen cambios significativos en los usos del suelo, como la minería, el turismo, entre otras, deberán ser consultados”. No es facultativo, es obligatorio. Es una ley de la República y la Corte la cambia sin que exista una ley que la modificara antes.

En la sentencia C123 de 2014 la Corte le dijo al Gobierno que los títulos mineros no se pueden seguir otorgando sin acordar con los municipios, pero desde entonces la Agencia Nacional de Minería ha otorgado 146 títulos sin el debido proceso, sin una ley que establezca ese procedimiento como ordenó la Corte y sin garantizar la participación ciudadana cono se ordenó en la Sentencia C-389/16 de manera que se están incumpliendo fallos judiciales y aquí no pasa nada.

La Corte viola el principio democrático, la participación y la autonomía territorial de la constitución política

¿Y la sentencia T445?

En esa sentencia y en el Auto 053 de 2017, la Corte dispuso que los municipios pueden prohibir la minería a través de consultas populares, acuerdos de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y mediante acuerdos municipales en defensa del patrimonio ecológico, y ahora resulta que no, que cierran una puerta que está prevista en la Constitución y generan incertidumbre jurídica.

¿Qué pasará con el resto de consultas populares que se opusieron a la minería en sus territorios, en qué escenario quedan estas?

En este momento la incertidumbre es total. Las leyes que regulan la consulta popular señalan que las decisiones son obligatorias y vinculantes, no se podría cambiar nada de lo que ya se realizó. Es nuestra lectura en términos de seguridad jurídica.
Ese fallo viola el principio democrático de la Constitución Política, la autonomía territorial y el derecho fundamental a la participación. Ahora más que nunca el gobierno y las empresas van a pretender imponer su agenda.

¿Entonces, si una comunidad quiere decirle ‘no’ a una actividad extractiva en su territorio, por considerar que afecta su derecho al ambiente sano, por ejemplo, ¿ahora la consulta popular deja de ser un mecanismo viable?

Hoy por hoy, quienes organizan y deciden el uso del suelo son la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Es claro que no se puede acceder al subsuelo sin afectar al suelo, así que prácticamente la Corte le está dando el aval a la Nación para que decida sobre los usos del suelo, sin reconocer la facultad que tienen los municipios para decidir sobre ese aspecto y defender su patrimonio ecológico y a sus habitantes.

¿Cuántas consultas populares están en curso?

Hasta el momento se han hecho 9, 15 fueron bloqueadas porque el Ministerio de Hacienda decidió no girar los recursos a la Registraduría y, aproximadamente, pueden haber otras 50 en trámite y cumpliendo con todos los requisitos establecidos.

¿Con esta decisión dónde quedan el derecho a la participación?

Esto es una violación del principio democrático y, por consiguiente, de las garantías a los derechos fundamentales, a la vida, a la integridad, la dignidad, a un ambiente sano, a los derechos de la naturaleza. Es un mensaje que va en contravía del deber ser, pues es la Corte quien tiene que proteger estos derechos.

Ahora están privilegiando actividades extractivas, que son particulares, frente a derechos fundamentales y colectivos. A esto hay que añadir que en el país no solo se limita la participación cerrando las puertas, sino que se criminaliza la protesta y se asesina a quienes defienden el territorio y los derechos humanos. Es una asimetría terrible.

¿Qué sigue ahora, qué acciones interpondrán?

Estamos estudiando una posible solicitud de nulidad y acudir al sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) y otras instancias internacionales.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE
@ElTiempoVerde



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