Aníbal Gaviria: ‘O se rediseña la ‘paz total’ o vamos para un fracaso total’ – Partidos Políticos – Política

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en entrevista con EL TIEMPO hace un crudo análisis de la situación de orden público en el país. Dice que arrancó la intimidación a candidatos y que bandas deben someterse al Estado y no al revés.

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Usted ha vivido varios episodios graves en materia de orden público en su departamento. ¿Cómo ve el avance de la ‘paz total’?

Siempre he manifestado que el anhelo de la paz es, tal vez, el primer anhelo de los colombianos y es un anhelo que yo he acompañado. Por eso creo que mi aporte a la paz, y a la ‘paz total’, es ser crítico y así lo he sido. He visto muchos vacíos en el proceso de ‘paz total’ y mucha improvisación; al parecer no solo ha sucedido en Antioquia, sino en buena parte del país. Lo he escuchado en conversaciones con otros gobernadores. El anuncio del 1.° de enero del cese del fuego con tres organizaciones al margen de la ley se vio contrastado ese mismo día, o al día siguiente, con una manifestación del Eln de que ellos no hacían parte del cese. Eso muestra, repito, esos vacíos y esa improvisación, pero después hemos asistido a una escalada de todas esas organizaciones que, o están en la ‘paz total’ o están pendientes de entrar a ella. Las actuaciones del ‘clan del Golfo’ en Antioquia y en otras partes desde el 1.° de enero hasta hoy son cada vez más agresivas, siguen en el tráfico de drogas, y aumenta la minería ilegal, siguen los ataques a la población civil, secuestros, asesinatos, igual se puede decir del Eln, de las Farc.

¿Esa improvisación es del Gobierno, de los ministros, del comisionado?

El proceso sigue dando más muestras de esos vacíos, de esa improvisación.

Yo digo que del Gobierno en su conjunto y, obviamente, de quienes tienen relación directa con el tema, como el comisionado de Paz. En Antioquia tuvimos en febrero un asesinato de cuatro jóvenes en Yarumal y en Campamento. El Presidente estuvo allí y manifestó que el cese del fuego no podía ser únicamente cese del fuego, sino cese de hostilidades y eso se quedó en una manifestación. ¿Qué ha habido sobre eso? Además, ¿cómo se verifica el cese del fuego? ¿Cómo se verifica el cese de hostilidades? ¿Cómo se ha operativizado que eso se verifique? No conozco ningún avance desde que el presidente Petro en Yarumal mencionó que tenía que pasarse de un cese del fuego a un cese de hostilidades. El proceso sigue dando más muestras de esos vacíos, de esa improvisación. Ahora se anuncia que van a entrar a la ‘paz total’ una serie de bandas en Medellín y en otras partes del país sin haber avanzado con los que se están saliendo, ahora entran otros. Esto es un galimatías.

¿Cree que la ‘paz total’ ha contribuido a la escalada violenta que vive el país?

Completamente. Y se lo tengo que decir con franqueza: totalmente. Se generó una expectativa con esos grupos al margen de la ley y no se previó ni diseñó esos mecanismos de verificación. Los grupos inmediatamente hablaron de un cese del fuego, pero no lo han cumplido, y mucho menos un cese de hostilidades, entonces cuando el Gobierno les reclama se producen las negativas públicas que han dado estos grupos de que no están haciendo lo que a todas luces el país ve que están haciendo.

El Ejército patrulla una vía en Carepa, Antioquia, por el accionar del ‘clan del Golfo’.

Foto:

Archivo EL TIEMPO / EFE

¿Y la Fuerza Pública?

La Fuerza Pública está, desafortunadamente, en una encrucijada compleja porque no cabe la menor duda de que la ‘paz total’ frena su accionar. Eso que estoy diciendo no es ningún descubrimiento, es que hay un cese pactado con varias de esas organizaciones. Además, la dinámica de la Fuerza Pública es muy compleja, usted no puede estar diciéndole a una institución de ese tamaño, de esa complejidad, “arranque, pare, frene, acelere”. La verdadera ‘paz total’ es el imperio de la ley. Ese imperio tiene que ver con un ejercicio continuo de todo el aparato de justicia y militar del Estado, no un ejercicio por momentos.

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El grupo que lidera alias Mordisco asesinó a cuatro jóvenes porque se negaron a hacer parte de sus filas y el Gobierno rompió el cese con ellos. ¿Así es como debe actuar el Gobierno?

Denuncié públicamente el reclutamiento de menores por todos estos grupos y salieron miembros del Gobierno a decir que yo estaba equivocado y tuvieron que decir a los 15 días o al mes que no, que no estaba equivocado. Ahora las mismas Farc con su actuación completamente rechazable lo están demostrando. Lo mismo está haciendo el Eln, lo mismo el ‘clan del Golfo’, lo mismo las bandas. Le decía que en Yarumal fueron cuatro menores los que asesinaron las Farc. Las mismas Farc del frente 36, pero no se actuó con la rigurosidad con la que se actuó en el sur del país. Claro, es que yo creo que no solo así tiene que actuar el Gobierno, sino que eso debe llevar a un redireccionamiento y un rediseño de la ‘paz total’ porque como va, va para un fracaso total.

¿Ese rediseño implica contemplar, como en el anterior proceso, negociar en medio del conflicto?

Repito, la ‘paz total’ es el imperio de la ley, hay que fortalecer la acción de la Fuerza Pública, la acción y el respaldo a los organismos de justicia, investigación, lucha contra la impunidad, porque eso no solo garantiza que se puede avanzar en la paz o el sometimiento de organizaciones al margen de la ley, sino lo más grave es que, desafortunadamente, el proceso de ‘paz total’ puede convertirse en una gran frustración para el país y para el Gobierno. Aun si uno aceptara que parte de esos grupos se desmoviliza, lo que va a suceder es que ese espacio va a ser llenado por otros grupos delincuenciales. Lo ha dicho todo el país, no se necesita ser demasiado visionario para prever que va a ser así. ¿Y qué es lo único que realmente impide que eso sea así? Que el Estado con la fuerza de la ley ocupe esos espacios. El proceso de paz del gobierno del expresidente Santos fue exitoso, pero lo grave es que el espacio que dejaron las Farc fue ocupado por otra ilegalidad y uno de los más grandes grupos ilegales que ocupó ese espacio fue el ‘clan del Golfo’ y hoy se ha convertido en el principal reto estratégico de seguridad del Estado. Eso que ya nos pasó y nos había pasado antes nos va a volver a pasar y más grave.

Se tramita un proyecto de sometimiento de bandas criminales, ¿es el camino?

El camino es el sometimiento, pero el sometimiento de los delincuentes al Estado y no el sometimiento del Estado a los delincuentes, porque si en un proyecto de ley desequilibrado los beneficios que se le otorgan a la delincuencia son desproporcionados, pues ¿quién se está sometiendo a quién y cuál es el mensaje que se le manda al país? Ojo que los mensajes que se le mandan al país pueden ser gravísimos. Primero, el mensaje que se les envía a los delincuentes de que delinquir sí paga, gravísimo, porque estamos alimentando la delincuencia más fuerte en el futuro. Si a la gente buena de Colombia, a la mayoría de colombianos que trabajan, que generan empleo, que están en el campo, en las ciudades, se les envía el mensaje de que es a los delincuentes a quienes se escucha y se atiende, estamos en una pedagogía perversa de unos resultados de degradación de la cultura y la democracia.

Ya vienen las elecciones. ¿Cómo está viendo las cosas?

Supremamente grave. Hace unos meses había observado públicamente la preocupación de posible injerencia de estos grupos ilegales o la intención de injerencia de estos grupos en las elecciones en Antioquia y otras partes del país, pero las cosas pasan tan rápido que lo que hace un mes decía como una hipótesis hoy lo digo es como la adhesión a un rechazo al comunicado que las Farc saca diciendo que van a hacer eso y seguramente saldrán otros grupos a decirlo y hacerlo, pero otros van a hacerlo sin comunicarlo. Me parece que ese es otro de los frentes que el Gobierno tiene que incluir en el rediseño de la ‘paz total’, porque la dinámica que percibimos en Antioquia, que ya estamos viendo en otros territorios, que yo escucho de otros gobernadores, es que ya arrancó la amenaza a candidatos y la intimidación a los electores.

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Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, dice que arrancó la intimidación a candidatos.

¿Sí cree que las elecciones están amenazadas?

No es que lo crea, es que ya lo hemos visto, es que ya hay un comunicado de las Farc.

Se ha iniciado un diálogo con bandas criminales de Medellín. ¿Eso podría afectar el proceso electoral?

Yo creo que el proceso electoral, y lo muestra ya la actitud de las Farc en el país, va a sufrir amenazas mayores en unos territorios, menores en otros, pero lo que ya se está viendo muestra que esa es una potencial amenaza en otros territorios, específicamente en Antioquia y Medellín. En donde estén con más intensidad los grupos y las bandas al margen de la ley van a tratar de intimidar a los candidatos que de alguna manera no generen inquietud o a los candidatos que hagan críticas sobre, por ejemplo, el proceso de ‘paz total’. Yo le pregunto, ¿en un territorio como Medellín, en donde un candidato critique el proceso de paz, tiene garantías de que esos grupos van a respetar esa posición?

¿Y entonces qué le pide al Gobierno?

Lo que le he pedido desde el principio: un rediseño y un redireccionamiento del proceso de ‘paz total’ y que se escuche a los actores del territorio, a los gobernadores. Los gobernadores definimos una comisión de paz en Caquetá hace seis, siete meses, y esta es la fecha en la que esa comisión no ha podido tener una reunión con el comisionado de Paz o con el Gobierno en su conjunto.

¿Esta crisis de orden público y las reformas que se discuten es lo que lo ha llevado a hablar de una federalización del país?

Antes de pasar al tema del federalismo quiero volver sobre un tema que tiene que ver con la ‘paz total’. Aquí se le ha vendido al país la dicotomía entre inversión social o seguridad. Para mí eso es absurdo, pero ese es un error que hemos cometido los dirigentes del centro y la centroizquierda. La seguridad es la primera política social, es que sin seguridad todo lo demás desaparece. Sin seguridad, los demás bienes y los demás derechos de los ciudadanos desaparecen. Le voy a poner un ejemplo: hace unos meses con el paro minero, allí tuvimos a la gente de toda una subregión de Antioquia, 300.000 o 350.000 ciudadanos, secuestrados por la intervención del ‘clan del Golfo’ sobre ese territorio. No son los mineros artesanales, ni los ancestrales, ellos son las primeras víctimas de los grupos ilegales que los instrumentalizan. Ese paro y ese secuestro colectivo llevaron a que se perdieran para los ciudadanos de ese territorio todos los demás bienes (escuelas, hospitales, vías) y derechos por no tener seguridad. Por eso la seguridad tiene que ser la primera inversión social y creo que el centro y la centroizquierda tenemos que dejar de ser tímidos en esa dirección.

¿Y un Estado fuerte se consigue a través de una federalización?

Es que estamos en contravía de la Constitución que en el artículo primero dice: “Colombia es un Estado unitario descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales”. Yo pregunto, ¿somos descentralizados y con autonomía de las entidades territoriales? No, somos unitarios y centralizados y recentralizados. No solo es un tema de recursos, ese es fundamental, también es de competencias. La Constitución dice taxativamente que cuando se le traslade una competencia a un departamento a un municipio o a un ente territorial, se le debe trasladar antes los recursos, y aquí se nos han traslado competencias sin, ni antes ni después, trasladar los recursos.

¿Está decepcionado?

He sido, y lo reconozco, crítico en esta entrevista. Espero que el Gobierno escuche voces como la mía, que no tienen sino un solo interés que es el país. El Gobierno tiene que rectificar, escuchar, todavía puede hacerlo, pero si no se escucha y no se rectifica, el rumbo puede ser difícil de ajustar en el futuro. Le deseé al presidente Petro, el 7 de agosto, el mejor de los éxitos, se lo sigo deseando, pero mi aporte es hacer una crítica franca y respetuosa, pero sincera.

Hablemos de otros temas de alto impacto nacional. La reforma a la salud que ya pasó un debate en la Comisión. ¿cómo la están viendo ustedes desde las regiones?

Yo hablo específicamente por la Gobernación de Antioquia, pero también he escuchado inquietudes en el seno de la Federación Nacional de Departamentos de otros gobernadores, tuvimos la oportunidad de tener una reunión con la ministra Corcho hace unos tres meses y las inquietudes que allí se presentaron no fueron muy tenidas en cuenta en el proyecto de reforma que está tramitándose en el Congreso.

¿O sea, en el proyecto tampoco están resueltas esas inquietudes?

No están resueltas esas inquietudes. Nosotros, y hablo específicamente por la Gobernación de Antioquia, creemos claramente en el principio de que muchos colombianos han abrazado en este y en otros temas en los últimos meses construir sobre lo construido. No es una estrategia conveniente en el tema de la reforma a la salud, lo mismo que en otros frentes, destruir construcciones colectivas que se han hecho por décadas y que han sido reconocidas por los mismos colombianos y han sido reconocidas por organizaciones muy reputadas en el exterior. Yo no entiendo cómo se demeritan encuestas múltiples en las que los colombianos muestran una opinión crítica, como la tenemos todos, nadie está hablando de un sistema perfecto. Yo, por ejemplo, resalto enormemente, como lo han hecho otros, las iniciativas del gobierno en materia de atención primaria en salud en materia de mejoramiento del acceso de la zona rural, pero eso no quiere decir que se destruya lo otro que está funcionando bien, entonces construir sobre lo construido. Lo otro, francamente creo que acabar con las EPS es un es una gran equivocación y espero que el trámite de la reforma con el nuevo ministro y con el trámite que se anuncia en el Senado de la República pueda llenar los vacíos, mejorar los errores que hasta el momento continúa teniendo la reforma.

Volviendo al tema de la federalización, ¿más descentralización no se puede hacer ajustando las normas hoy?

Sí se puede hacer. Lo primero que nosotros estamos proponiendo es proyectos de ley para que se devuelvan recursos de los que se le han quitado los municipios y los departamentos, para que lleguemos siquiera al 70-30 que teníamos antes de la constitución. Además, proyectos de ley para que las competencias que se nos han entregado se nos entreguen con recursos y eso se puede hacer es cumpliendo la Constitución hoy, cumpliendo el espíritu y cumpliendo el texto de la Constitución del 91, ese es el primer punto, por eso esta gran discusión de federalismo que hemos impulsado los gobernadores. Queremos que vuelva Rionegro y así lo tenemos definido en el mes de julio o agosto, y allí no vamos porque esto no es el plan de una discusión etérea, los gobernadores nos hemos propuesto que volvemos a Rionegro y en Rionegro vamos a concluir todo este periplo de conversaciones y discusiones por todo el país con unos documentos de conclusión. Esos documentos de conclusión no van a ser para un anaquel, son proyectos de ley. Ahora sigue el federalismo, esa es una etapa posterior y de más envergadura, pero como es una etapa, y lo he dicho, que requiere reforma constitucional, en esa los gobernadores hemos sido cuidadosos porque una reforma constitucional inmediatamente se asimila con una Asamblea Constituyente y los gobernadores, por lo que yo entiendo, por lo menos 30 o 31 de los 32 gobernadores hemos manifestado que no queremos contaminar la discusión del federalismo con una Asamblea Constituyente porque la opinión pública sabe muy bien o porque la opinión pública teme, cualquiera de las dos circunstancias, que una asamblea constituyente puede hacer aprovechada para otros intereses. Lo que estaríamos haciendo nosotros es cambiando la discusión conceptual y filosófica del federalismo por una discusión de una Asamblea Constituyente que nos lleva a otro punto. Seguimos avanzando en la descentralización y la autonomía territorial con los proyectos de ley que presentaremos y seguimos avanzando en la discusión de federalismo para cuando las circunstancias del país permitan que esa discusión se lleve a una escenario de participación ciudadana o a cualquier otro que permita una reforma constitucional.

¿Usted cree que un proyecto de esa iniciativa o de esas características tendría ambiente en un Gobierno como el que tenemos hoy?

No, completamente, no. Yo tengo que decir que ni en este ni en los gobiernos anteriores. Todos los gobiernos anteriores, con matices, han avanzado en la recentralización del país y los congresos también. El problema es que quien tiene la función de desarrollar la Constitución es el Gobierno Nacional a través de decretos y de proyectos presentados al Congreso y el Congreso. Ninguno de los dos ha tenido la voluntad política de avanzar en el federalismo, ni en la descentralización, ni en la autonomía territorial, por el contrario han avanzado en proceso de descentralización.

Le quedan siete meses al frente de su departamento, ¿cuál es el balance que hace hoy en materia de infraestructura, en materia de generación de empleo…?

Pues uno siempre es muy malo para autocalificarse. Pero entonces yo me acompaño de cifras para mostrarle los avances que hemos tenido. En primer lugar, nuestro gobierno siempre ha tenido una prioridad: la defensa y la protección y el cuidado de la vida. Y obviamente tenemos mucho por hacer, como en todos los campos, pero en los cuatro gobiernos de nuestro proyecto político, que inició mi hermano Guillermo Gaviria Correa, después nos ha llevado por decisión de los antioqueños dos veces a la Gobernación de Antioquia de una alcaldía de Medellín, en los cuatro gobiernos siempre se han logrado las mayores disminuciones históricas de homicidios en Antioquia y en Medellín.

¿Hoy está en cuánto?

El año pasado, el año 2022, la cifra de homicidios de Antioquia nos llevó a una tasa de 27.7 homicidios por 100.000 habitantes, la tasa de homicidios más baja de los últimos 43 años; por supuesto es altísima. Yo siempre digo que un solo homicidio, una sola muerte violenta es inaceptable para el gobierno y para la sociedad, pero vamos avanzando. No en vano es la tasa de homicidios más baja de los últimos 43 años y la tasa de homicidio de mujeres más baja de los últimos 40 años. Y seguimos bajando. En este año 2023, la tasa que llevamos hasta el momento es de 23, o sea, ya bajamos del 27.7 a 23.

Segundo resultado: la economía. La tasa de desempleo de Antioquia, la última consolidada, es de 9.8 frente a 11.4 del país, o sea, un 1.6 por debajo. Pero lo más importante que le quiero mostrar porque esa es parte fundamental de mi visión, de la labor del gobernador de Antioquia y de la tarea de la Gobernación de Antioquia son los territorios. Por primera vez en la historia de Antioquia la tasa de desempleo de las 8 subregiones de Antioquia, diferentes al Valle de Aburrá, es menor a la tasa de desempleo del Valle de Aburrá. O sea, en Urabá, la tasa de desempleo es menor que el valle, en suroeste, en oriente, en nordeste, en el Bajo Cauca, en el norte, en el Magdalena Medio, en occidente, en las 8 subregiones de Antioquia donde hay 115 municipios y están 2 millones 700 mil antioqueños por primera vez en la historia tasas de desempleo inferiores a la tasa de desempleo del Valle de Aburrá y en algunas de esas sus regiones, desempleo por debajo del 5 %, que es el desempleo estructural.

Tercer punto: la Gobernación de Antioquia acabamos de recibir la calificación triple A, como calificadora de riesgo de las finanzas de la Gobernación de Antioquia, la más alta y acabamos de recibir la calificación E1f +, que es la calificación de corto plazo las dos calificaciones más altas para el departamento en sus finanzas, después de pandemia, de crisis económica, de estallido social y el Idea, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, acaba de cerrar el año 2022 con 80 mil millones de pesos de utilidad, la utilidad más grande que el Idea había tenido en la historia es la del año anterior de nuestro gobierno, 36.000. Hemos decidido capitalizar esos 80.000 millones de pesos para que el Idea siga sirviendo como motor de desarrollo para los municipios y para Antioquia. En términos de infraestructura, no puedo dejar de mencionarle el túnel Guillermo Gaviria Echeverry, el túnel más largo de América, lo vamos a entregar en los tiempos, como estaba definido, una obra de más de dos billones de pesos y vamos en los cronogramas o un poquito antes de los cronogramas, terminaremos lo que nos compete a la Gobernación de Antioquia.

¿Y el tren del río?

El tren del río. Uno tiene que hacer en un gobierno tres cosas: uno, terminar responsablemente los proyectos que le llegaron de otros gobiernos; dos, iniciar proyectos que duren menos de cuatro años y terminarlos; pero también dejar siembras para el futuro. Eso estamos haciendo, estamos terminando el túnel Guillermo Gaviria, estamos iniciando y terminando las pavimentaciones de las vías secundarias, estamos terminando elefantes blancos que nos habían dejado de la anterior administración, pero también estamos dejando siembras grandes para el futuro. Una de las más grandes es el tren del río, el proyecto de desarrollo urbano y de movilidad más importante del Valle Aburrá, un tren de cercanías de 63 kilómetros entre el municipio de Caldas, en el sur del Valle de Aburrá, y el municipio de Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá, recorriendo los 10 municipios no sólo para mejorar la movilidad, como un nuevo componente del sistema complejo de transporte masivo del Valle de Aburrá, del cual la columna vertebral es el Metro de Medellín, pero complementándolo perfectamente, un proyecto de ciudad sostenible, un proyecto amigable con el medio ambiente, un proyecto que permite el desarrollo del Valle de Aburrá en áreas nuevas que le disminuyan la de la excesiva condensación en zonas céntricas de Medellín y otros municipios que ya se vuelve una afectación para los ciudadanos y para el medio ambiente.

ERNESTO CORTÉS FIERRO
EDITOR GENERAL DE EL TIEMPO
En Twitter: @ernestocortes28

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