Este lunes se decidió aplazar la votación para decidir si se abre o no una investigación formal contra la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022. Esta vez se corrió, al menos, dos semanas la determinación sobre la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, que pidieron imputar al esfuerzo electoral y sus responsables.
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De esta forma, el CNE no ha podido salir del atasco de una etapa en la que lleva desde abril de 2024. Fue en ese momento que se radicó el proyecto de resolución en la que se solicitó la imputación. Desde entonces el tribunal electoral no ha avanzado ante las recusaciones a Prada -por sus comentarios en redes sociales contra el primer mandatario-, las rotaciones y el debate sobre las competencias.
Actualmente solo ocho magistrados del CNE pueden votar.
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Esta demora en la toma de una decisión para tan solo confirmar si se abre o no una investigación formal comienza a despertar los fantasmas de la caducidad del proceso. La razón es que el ordenamiento colombiano fija un tiempo máximo de tres años para sancionar temas administrativos.
“Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado”, dice el artículo 52 de la ley 1437 de 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca).
Esto quiere decir que para el caso puntual, de posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial, se estaría acercando cada vez más a la fecha de caducidad. Como las elecciones fueron el 29 de mayo -primera vuelta- y 19 de junio -segunda vuelta-, se tiene hasta dichas fechas del 2025 para proceder en todas las fases del proceso en primera instancia o el caso queda automáticamente archivado.
Aunque queda poco más de 9 meses para llegar a la caducidad del caso, el ritmo que se ha llevado este proceso hace pensar que podría llegarse a fechas cercanas al límite. Por ejemplo, esta vez se hizo una rotación de dos semanas para que la magistrada Alba Lucía Velásquez pudiese ver el caso y pronunciarse debido a que no lo había podido hacer por enfermedad.
Esto hace que la próxima sesión sea el 30 de septiembre. A lo que hay que sumarle la resolución del regreso de Altus Baquero como magistrado. En medio del tire y afloje, su reincorporación podría demorar aún más las cosas y extender una decisión por otras dos semanas más.
También deben tenerse en cuenta los recursos que se han interpuesto desde el Ejecutivo por el supuesto choque de competencias que hay en el proceso. Aunque han sido rechazados los últimos, como estipularon los togados en un comunicado de este lunes, aún hay acciones que podría posponer las decisiones.
También están las posibles recusaciones. En esta ocasión llegó un recurso contra todos los togados que no fue considerado debido a omisiones de forma, pero se abrió la ventana a una subsanación que podría demorar una decisión de fondo en el caso mientras se considera la solicitud.
Incluso hay que tener en cuenta que, tal como van las cosas, se podría trastocar los tiempos por temas como la vacancia judicial. Además, debe agregarse el tiempo que se demore la sala en dejar una decisión en firme. Es tan delicado el tema en cuestión que puede tomar más de una sala plena.
Además, para finalizar, hay que esperar el transcurso de todo el proceso si se llega a imputar cargos. Aunque la vía administrativa toma mucho menos tiempo que la justicia ordinaria, eso no impide proyectar que una decisión en firme, con notificación, esté dándose al límite del plazo fijado por la ley. Y hay que recordar que, si no hay una decisión notificada en la fecha límite, el caso se archiva.
JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO
Redacción Política