La Contraloría General de la República (CGR) lanzó una alerta a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al ministerio de Hacienda sobre las graves pérdidas económicas sobre una posible liquidación anticipada del contrato del proyecto vial Mulaló – Loboguerrero, en el Valle del Cauca.
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La vía de Mulaló es de cuarta generación y es la única en su tipo en el país que no ha podido tener avances.
Esta es una de las obras que lleva décadas de promesas y trámites enredados en los últimos 10 años para que se pueda construir a lo largo de 31,8 kilómetros, con el fin de reducir el tiempo de desplazamiento del transporte de carga entre Cali y Buenaventura. Con la carretera se podrían acortar más de 50 kilómetros en ese trayecto.
La carretera va desde el corregimiento de Mulaló, en el municipio de Yumbo que une el centro con el sur del Valle del Cauca, y Loboguerrero, corregimiento de Dagua, ubicado en el occidente de la región.
Los trabajos aún siguen en el papel, configurándose como uno de los ‘elefantes blancos’ del departamento, de acuerdo con la misma Contraloría General de la República.
Fue el 12 de agosto de 2021, cuando en la Concesionaria Nueva Vía al Mar (Covimar), encargada de los trabajos, demandó a la ANI en primer un tribunal de arbitramento. En ese ‘cuadrilátero’, el concesionario pidió la liquidación del contrato de una obra que en este 2024 superó los $ 3,4 billones de inversión de llevarla a cabo. En una fiducia están $ 2 billones que se han ido acumulando en estos ocho años de parálisis.
Debido a la alerta de la CGR, gremios, en especial, el Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca (CIEV), así como otros, entre ellos, Procaña, la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), entre ellos, la vía Mulaló – Loboguerrero emitieron un llamado a la Nación, tras la alerta de la Contraloría General de la República.
“El CIEV y los gremios productivos del departamento expresan su preocupación ante el reciente informe de la Contraloría General de la República que advierte sobre una posible pérdida millonaria, debido a la cancelación del proyecto Mulaló – Loboguerrero”, dice un comunicado de los empresarios, entre los que también figuran la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) o la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi). “Este proyecto, que cuenta con una inversión asignada de $ 3,48 billones, de los cuales, 2,56 billones corresponden al CapEx (capital expenditures en inglés o gastos de capital -inversiones para adquirir, mejorar o mantener activos a largo plazo-, y $ 0,92 billones al opex (operating expenses o gastos operativos), es crucial para la conectividad del Valle del Cauca”, dice la misiva.
Los gremios reiteraron: “La eventual cancelación de esta obra no solo generaría pérdidas financieras para el Estado y el sector privado, sino que también tendría un impacto negativo en la competitividad del suroccidente colombiano. Este proyecto reducirá en 52 kilómetros y en una hora, el tiempo de viaje entre Cali y Buenaventura. Su ejecución es crucial para el desarrollo sostenible, pues disminuye las emisiones de carbono y promueve el bienestar social de la población”.
“Subrayamos que las diferencias contractuales existentes pueden resolverse dentro del marco vigente, evitando así el riesgo de pérdidas millonarias, tanto para el Estado como para el sector privado”, continúa el comunicado. “Respaldamos al contralor general (de la República) y acompañamos su llamado al Gobierno Nacional para que mantenga su compromiso con la ejecución del proyecto, asegurando la conservación de los recursos ya asignados y complementándolos, según los ajustes por el tiempo transcurrido y las variaciones en los precios actuales”, dice el comunicado.
Propuestas de la gobernación del Valle y de otros empresarios
“La vía Mulaló – Loboguerrero está en un comité de arbitramento (tribunal), lo que pide el concesionario es que se aumenten los recursos, pero la Nación no está de acuerdo y quiere hacer una liquidación. Desde la Cámara Colombiana de Infraestructura se ha presentado una propuesta que después de la liquidación se debería hacer otra concesión. Sin embargo, no hubo acuerdo y desde la Fundación Empresarial para el Desarrollo de Yumbo se presentó otra propuesta de adicionar unos recursos al concesionario”, dijo la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro sobre este proyecto.
“se habló de la posibilidad de incluir en un solo paquete este proyecto y el dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura”. De esta manera, precisó “lo importante es presentar las diferentes propuestas al Gobierno nacional y que decidan, lo que nos interesa como vallecaucanos es que las obras se hagan, ya sea por obra pública o por concesión, pero que los recursos que ya tenemos en la fiducia no se vayan para ningún otro departamento, sino que se queden en el Valle y que sirvan para que estas obras puedan ser ejecutadas”, dijo Toro.
La primera propuesta presentada desde la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI). planteó una posible liquidación del contrato. “Lo que estamos buscando es una especie de consenso, la realidad es que el contrato actual está en proceso de liquidación, si eso es así, estamos mirando que le conviene al Valle del Cauca, una nueva obra pública o eventualmente una nueva APP (alianza pública y privada), en la que el concesionario diseña, ejecuta, pero también hace el mantenimiento, es bueno tener esos dos escenarios para escoger el que más le convenga al Valle”, explicó Juan Martín Caicedo, presidente ejecutivo de la CCI.
También se expuso la propuesta encabezada por la Fundación Empresarial para el Desarrollo de Yumbo. Su director, Germán Jaramillo, explicó: “Tenemos un contrato que se ha demorado mucho, pero tiene una ventaja enorme y es que se han honrado los compromisos financieros del Gobierno y el concesionario, tenemos $ 2 billones en las fiducias. Ya es un tema de modelación financiera para garantizar, hay muchas fuentes para completar el costo, por ejemplo, los rendimientos financieros que ya suman casi $ 350.000 millones y a futuro en los próximos cinco años podrían ser casi $ 400.000 millones de intereses, pero hemos hablado de la opción de ampliar el plazo de la concesión”.
La mandataria insistió en que la obra reducirá el desplazamiento desde Buenaventura a Cali en hasta 50 kilómetros, generando beneficios para la competitividad del Valle del Cauca y el país, por lo que el llamado a la Nación es a definir el arranque de esta obra.
En ProPacífico también han señalado que “es una necesidad. Hay un arbitramento, pero como región, sea por obra pública o concesión, es una necesidad. La liquidación del contrato es una posibilidad. Esperemos que se pongan de acuerdo”.
Sin embargo, la comunidad del corregimiento de Pavas, en el municipio de La Cumbre, piden que el trazado del proyecto se modifique, porque consideran que su ubicación a 300 metros de una acuífero que surte de agua al acueducto y a su vez, a unos 12.000 personas, estaría en grave riesgo ambiental. Su clamor lo elevaron, inclusive en la COP16, la Conferencia de las Partes y la cumbre más importante en biodiversidad del mundo que se llevó a cabo en Cali, del 21 de octubre al primero de noviembre pasados.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Cali