El fútbol colombiano vive un recrudecimiento de la violencia en los estadios. El domingo, la barra brava de Atlético Nacional generó desmanes en el Atanasio Girardot, como reacción a la decisión de las directivas del equipo de cortar con los beneficios que les daba, desde boletas hasta contratación para logística. La alcaldía de Medellín le cerró las puertas al equipo hasta que no llegue a un acuerdo con la barra, lo que ha generado un debate sobre el alcance del vínculo entre estos grupos con la dirigencia.
Y el martes, otro caso: hinchas del Once Caldas invadieron la cancha de Palogrande para intentar agredir a los futbolistas. La violencia está descontrolada. Hay pánico, hay preocupación. No hay soluciones. ¿Qué hacer?
El fenómeno de las barras bravas parece desbordado, pero no solo en Colombia. En diferentes países del área se ha convertido en un asunto de Estado, y por eso se han diseñado diversas políticas y programas para intentar minimizar el impacto, de acuerdo a cada coyuntura e incluso a cada legislación. Sin embargo, todo esfuerzo parece insuficiente. Argentina y Chile han librado una larga y ardua batalla y aunque han logrado avances, la problemática se mantiene.
Los disturbios arrancaron previo al encuentro entre Atlético Nacional y América.
Argentina, foco de barras
Las barras bravas nacen en Argentina, y es de allí de donde se ha copiado su dinámica de pasión y violencia, y también es el punto de partida para revisar cómo ha impactado a ese país este fenómeno y qué ha intentado hacer para frenar a los violentos. Juan Manuel Lugones es abogado argentino, autor del libro Combatiendo Barrabravas y quien estuvo por 5 años al frente de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe). Habló con EL TIEMPO de su experiencia.
“El fenómeno en Argentina pasó de ser de un grupo referenciado en la dinámica de los clubes como de hinchas, para pasar a ser una problemática compleja, porque las barras están asociadas con el delito. Hay grupos destinados a la comercialización de drogas a través del narcomenudeo… En nuestra gestión nos dimos cuenta de que no era suficiente con combatir las barras adentro, sino que tocaba atacar la fuente de financiamiento que estaba vinculada con los delitos. Tuvimos éxito en detener y encarcelar a barras bravas de casi todos los equipos. El problema es que esto no se soluciona con encarcelar a los que manejan la barras, porque tienen remplazo: metemos preso al uno y sigue el dos”, opina este experto.
Barras bravas en Argentina.
Desde su experiencia, una forma de minimizar el impacto es filtrando el ingreso. En Argentina, cuenta, lo hicieron con un mecanismo de identificación: “En 2016 o 2017 se aplicó el programa Tribuna Segura que es la identificación en los ingresos a los estadios a través del número de documento de los hinchas o barras requeridos por la justicia; ese instrumento ayudó bastante para identificar quién ingresaba; con una base amplia de hinchas con prohibición de concurrencia ese programa los alejaba porque no se arriesgaban a llegar y quedar presos”, comenta.
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Sin embargo, no basta. Opina que las medidas que se implementen deben estar acompañadas de una política rigurosa desde el Estado. “Hicimos intentos de aumentar las penas, de tipificar en el Congreso el delito de barra brava. Se intentó crear la figura como categoría jurídica y ese proyecto no se aprobó. Nuestro problema en Argentina es que algunas barras sostenidas desde la política entonces tienen una protección que hace que de alguna manera tengan impunidad, y también en algún momento nos quejamos de una puerta giratoria en la justicia: metíamos presos a unos y enseguida eran liberados. Los que detuvimos ya están en libertad, es decir, no hay un concepto de justicia ejemplificador”.
Las barras en Argentina nunca pagan sus entradas a la cancha, es como algo tolerado que está dentro de lo que es un club, que en su esfera decide qué hacer con el espectáculo.
Comparándolo con el caso colombiano y los recientes sucesos, Lugones afirma que hay que determinar la responsabilidad de ciertos dirigentes que sí les dan beneficios a las barras, y tener en cuenta las consecuencias de esta práctica. “Hay que diferenciar hinchas y barra brava: el dirigente debe estar cerca de su gente, no fomentar los delitos de la barra. Las barras en Argentina nunca pagan sus entradas a la cancha, es como algo tolerado que está dentro de lo que es un club, que en su esfera decide qué hacer con el espectáculo. Aquí la persona jurídica de los clubes son entidades civiles sin ánimo de lucro, no hay clubes privados, los presidentes son elegidos por socios, y son sin ánimo de lucro y manejan millones d dólares, y las barras cada vez participan más en los negocios de los clubes, como en pases de jugadores, representación de algún jugador, y hay lugares con lo que tiene que ver con los carteles de droga y lavado de dinero…”.
Y precisa: “Hay responsabilidad de dirigentes de fútbol, no todos, hay distintos tipos de relación: hay dirigentes responsables y sin relación con barras; otros sí, pero porque tienen miedo, sobre todo en equipos de ascenso. Y los otros, que se sienten cómodos con los barras, esos son los más peligrosos”. Finalmente, su propuesta es que a las barras se las puede combatir, pero con decisión política del Estado: “Solo el Estado puede combatir a los violentos, debe haber decisión firme y hacer responsables a los dirigentes si financian a los barras, y tener leyes y jueces que acompañen”.
El caso chileno
Hinchas de Colo Colo viven pánico en estadio.
Chile es otro país que ha vivido el desenfreno de la violencia de las barras. Fue tal el impacto que tuvo, que en 2011 se creó el programa Estadio Seguro, bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera. El programa luego pasó a ser parte del ministerio del Interior y Seguridad Pública, y se creó para minimizar la violencia en los estadios. Una de las personas que más conoce de este programa, porque lo lideró, es Andrés Otero, quien da su visión:
“Con este programa se creó una ley, un reglamento, se les dieron atribuciones a los organizadores del espectáculo, a los clubes, a la Federación (ANFP), y se aumentaron las penas a los delincuentes, además se amplió el ámbito de aplicación de la ley a un kilómetro a la redonda del estadio. Esto trajo una evolución hasta 2019 y cada vez los hechos eran más aislados, con más regulación, infraestructura, tecnología. No se ha solucionado, pero se dio un avance y se está en la dirección correcta”, anal iza. Otero cree que cada caso es particular y que en Chile afectó el estallido social y la pandemia, que, opina, generaron violencia en general en la sociedad. Dice que la ley les ayudó a minimizar el problema, pero este tenía mucho más de fondo, como “el narcotráfico, el crimen organizado o la disputa de territorios…”.
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Entre los avances, en Chile está prohibido a los clubes dar incentivos a las barras bravas. “No se prohíbe la relación, sí el aporte económico o cuantificable; los dirigentes no pueden dar dinero ni elementos ni beneficios a grupos organizados de barras bravas, sí se puede dar beneficios a hinchas regulados si son beneficios informados y autorizados, pero es para el verdadero hincha, no para las barras bravas...”.
Aclara que en Chile hay penas de cárcel por ciertos delitos asociados a las barras, y que la prohibición para algunos hinchas identificados es otro factor que ha ayudado a minimizar la violencia, aunque tiene sus contras. “Eso en la teoría funciona muy bien, pero la infraestructura y la tecnología no dan abasto; los tipos se organizan para entrar, arrasan con la seguridad y la policía y entran violentamente…”. En Chile, explica el experto, por ley todos los estadios tienen cámaras de vigilancia de alta definición. Además, se controla el acceso con la obligatoriedad del documento de identidad. El problema, en su concepto, es que la cámara identifica el rostro, pero no se sabe quién es el agresor.
Tanto Argentina como Chile son solo dos experiencias en las que se puede mirar Colombia, para buscar su propio mecanismo de seguridad para enfrentar este adversario.
PABLO ROMERO
Redactor de EL TIEMPO
@PabloRomeroET
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