Luego de dos días de conversaciones en el marco de una asamblea popular en Bogotá, más de 1.200 campesinos y representantes de 800 organizaciones de víctimas, indígenas y afrodescendientes tomaron la decisión de radicar este lunes ante la Registraduría Nacional una consulta popular que consta de cinco preguntas enfocadas en la garantía del acceso a la tierra, la participación directa en decisiones en materia agraria y la reglamentación del artículo 64 de la Constitución Política.
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La consulta, que es impulsada por el Gobierno y en particular por Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, deberá recoger 4 millones de firmas para ser enviada al Congreso, en donde se evaluará la viabilidad del proyecto y la posibilidad de convocar a los colombianos a las urnas.
“Durante muchos años el campesinado ha sido excluido del acceso a sus derechos. En torno a la defensa de esos derechos y a la reforma agraria nos hemos organizado. Hoy nos unimos como movimiento campesino para presentar al país nuestra apuesta. Su resistencia ante el despojo, la marginación y el exterminio hoy se levanta y sigue luchando a través de la movilización. Por ello vamos a la consulta por los derechos del campesinado, porque su voz es raíz de vida, fuerza y dignidad”, señaló William Orozco, uno de los promotores de la iniciativa, tras el encuentro del campesinado.
Preguntas de la consulta popular. Foto:Archivo particular
Dicho encuentro tuvo lugar este 30 y 31 de agosto, y además de Harman también estuvo presente la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino. “Quiero comprometer al Ministerio de Agricultura y al Gobierno Nacional en la decisión de acompañar, respaldar e impulsar la decisión del campesinado en Colombia”, dijo.
Entre las conclusiones que salieron de la reunión, y que recogen las preguntas radicadas ante el organismo electoral, aparecen: el acceso y redistribución de la tierra; productividad y comercialización; crédito y extensión agropecuaria; dimensión ambiental del campesinado; derechos del campesinado y sus territorialidades; y acceso a la justicia y construcción de paz.
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“Para nosotros resulta muy valioso este gran proceso de unidad. La diversidad de visiones, lecturas y prácticas asociadas al tejido campesino son la mejor garantía de que esto termine consolidándose como un escenario de incidencia nacional importante para la continuidad de la reforma agraria”, afirmó Harman, responsable de implementar el primer punto de la agenda de paz, uno que, pese a los avances de este Gobierno, sigue rezagado.
Estas son las preguntas que se pondrían a consideración y revisión del Congreso en caso de que se reúnan las firmas requeridas por la Registraduría:
- ¿Está usted de acuerdo con que el Estado, a través de la Agencia Nacional de Tierras, recupere baldíos sin fase judicial, adquiera predios y disponga de los bienes rurales incautados al narcotráfico, la corrupción y a los grupos armados, para destinarlos a comunidades campesinas sin tierra como estrategia para superar la desigualdad y la violencia?
- ¿Está usted de acuerdo con que el Estado transforme entidades y fortalezca programas con participación directa del campesinado, para impulsar la producción, transformación y comercialización de productos de la economía campesina, familiar y comunitaria como estrategia para acabar con el hambre?
- ¿Está usted de acuerdo con que el Estado garantice que las comunidades campesinas que habitan en áreas ambientalmente protegidas puedan permanecer, participar en su ordenamiento y cuidar dichos territorios con acompañamiento, inversión pública y proyectos agroecológicos?
- ¿Está usted de acuerdo con que todas las instituciones del Estado garanticen la protección de los derechos del campesinado, sus territorios y su desarrollo integral bajo el cumplimiento del artículo 64 de la Constitución Política y con enfoque de género?
- ¿Está usted de acuerdo con que el Estado garantice mecanismos especiales para la protección de la vida y la paz en el campo y en las comunidades, en particular para la protección integral de los liderazgos campesinos y ambientales?
Martha Carvajalino, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO
Esta consulta también se radica cuando el proyecto de jurisdicción agraria cuenta con mensaje de urgencia desde el periodo legislativo anterior en el Congreso.
Hay que recordar que la Jurisdicción Agraria y Rural fue aprobada en junio de 2023 mediante un acto legislativo que la incluyó en la Constitución, y que durante la siguiente legislatura se aprobó la ley estatutaria que define sus principios. Ahora solo falta esta ley ordinaria, la cual tiene como propósito definir sus procedimientos y competencias. Este es uno de los compromisos incluidos en el Acuerdo de Paz de 2016, firmado entre el Estado y las extintas Farc.
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Esta ley ordinaria (que ha generado críticas desde sectores de oposición al Gobierno) sienta el piso jurídico para dar celeridad a los procesos de tenencia, deslinde y extinción de dominio agrario. El propósito es darle más dientes a la Agencia Nacional de Tierras, una entidad administrativa, para que falle en este tipo de pleitos y se logre descongestionar los despachos y agilizar la restitución o adjudicación de los predios al campesinado y a las víctimas, que es el corazón de la reforma rural.
CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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