Juan Martín Caicedo, el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) explicó los retos que tendrán las obras en el país, el nuevo ministro de Transporte y el sector con el impacto del Acuerdo de Escazú en las obras de infraestructura.
“Hemos conversado, particularmente con el nuevo minhacienda, quien, por lo demás, nos ha puesto de presente su convicción de preservar y seguir desarrollando el modelo de APP en el desarrollo de la infraestructura nacional, dadas las evidentes limitaciones del fisco, y la prioridad que dará el nuevo gobierno al gasto social”, explicó el directivo.
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Además señaló que aunque no se ha nombrado al ministro de Transporte, se espera de él un perfil técnico, que genere tranquilidad a los inversionistas y financiadores que han venido apoyando al modelo concesional, y también a los bancos multilaterales que han confiado en él a pie juntillas.
“Desde esa perspectiva, el nuevo ministro deberá preservar la institucionalidad y el altísimo nivel técnico de organismos como la Agencia Nacional de la Infraestructura (ANI), que hoy lidera el manejo de las concesiones”, señaló.
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Para Caicedo es igualmente importante el perfil técnico de la Unidad de Planeación de Infraestructura (Upit), ya que está creada justamente para supervisar la visión de largo plazo de la infraestructura de transporte.
Esa agenda está prevista en el Plan Maestro de Transporte Intermodal desde el 2015 al 2035, y fue elaborado por Fedesarrollo.
“El perfil técnico que esperamos arrope al nuevo titular de la cartera de Transporte no descarta la sensibilidad política, en el buen sentido de la palabra, que debe adornar al nuevo rector de ese despacho, de cara al imperativo de brindar oportunidades transparentes, a manos llenas, a centenares de firmas de ingeniería medianas y pequeñas, pymes, que bien pueden contribuir al desarrollo de obras indispensables a lo largo y ancho del país”, indicó.
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Sobre el impacto del Acuerdo de Escazú en las obras de infraestructura, el directivo señaló que “genera una problemática de innecesaria tramitomanía para la obtención de licencias y permisos ambientales, que se suma al ordenamiento jurídico ya existente en el país a ese respecto”.
En el caso de las prioridades en obras que deberá tener el gobierno de Gustavo Petro, Caicedo afirmó que sin perjuicio de otras obras estratégicas en frentes como las aeroportuarias, en el sector vial deberá avanzarse “en la contratación del primer tramo Bogotá-Villavicencio, y de obras claves del programa 5G, como la conexión del centro del país con Bucaramanga, el tramo faltante de Villeta-Guaduas en la Ruta del Sol 1 y la vía Pasto-Popayán”.
Para la CCI, la obra pública no concesionada también debe ser una necesidad en términos de adjudicaciones transparentes, que garanticen el cumplimiento legal de los pliegos-tipo.
“Solo así se complementa y articula con la red concesionada. Detrás de la falta ostensible de vías terciarias hay una inmensa paradoja, en cuanto que el Sistema General de Regalías exhibe, sin pudor alguno, saldos billonarios por ejecutar, cercanos hoy a los 7 billones de pesos”, puntualizó.
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