En la revisión que viene haciendo el Consejo Nacional Electoral (CNE) de los informes de ingresos y gastos de campaña que deben presentar quienes fueron candidatos en las pasadas elecciones territoriales, se conoció un dato sobre el cual el tribunal electoral ya tiene la lupa puesta: 337 funcionarios que resultaron elegidos en las elecciones regionales del 29 de octubre del año pasado no han entregado sus cuentas de campaña.
Así lo reveló un reciente informe elaborado por el despacho del magistrado del CNE César Lorduy. De acuerdo con el documento, a la fecha hay 5 alcaldes, 3 diputados, 128 concejales y 201 ediles que no han entregado sus cuentas de campaña ante el CNE.
(Además: 337 elegidos en las regionales no han presentado sus cuentas de campaña ante el CNE).
Por el contrario, los 32 gobernadores que hoy están en sus cargos ya cumplieron con sus obligaciones en esta materia.
(Lea: ¿Qué significa que el Presidente tenga en la red X su principal vía de comunicación?).
Todos los candidatos estaban obligados a presentar la información legal de sus cuentas de campaña hasta el 29 de octubre, pero desde el CNE insisten en que la responsabilidad es mayor sobre quienes resultaron elegidos, pues ahora son funcionarios públicos.
Si bien no se revelaron los nombres de los funcionarios que están incumpliendo con la ley, EL TIEMPO conoció que en el caso de los alcaldes son todos de municipios pequeños, de cuarta, quinta y sexta categoría.
“Al analizar por género los 337 casos de funcionarios elegidos que no han presentado su informe, se tiene que el mayor incumplimiento viene por parte de los hombres, que representan el 67 por ciento de este universo, versus el 33 por ciento que representan las mujeres”, señala el documento del magistrado Lorduy.
(Lea también: ¿Por qué es clave para el proceso de paz con el Eln la prórroga del cese del fuego?).
El análisis también detalla los casos por organización política. La colectividad con más casos de funcionarios electos que incumplen la norma es el Partido Conservador (94), seguido de Alianza Verde (28), Centro Democrático (22), Polo Democrático (19) y Creemos (17).
Los 96 casos restantes corresponden a organizaciones políticas que tienen menos de siete funcionarios públicos que no han reportado sus cuentas a la autoridad electoral.
De otro lado, los departamentos con más casos son de incumplimiento a la ley son Antioquia (51), Tolima (24) y Nariño (21), La Guajira (20), Magdalena (20) y Sucre (20).
Estos son los nueve magistrados que conforman el Consejo Nacional Electoral.
El informe prendió las alarmas en las colectividades, pues no solo se verán afectados los hoy funcionarios a título personal, también los partidos podrían tener sanciones.
En diálogo con EL TIEMPO, el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, dijo que se pondrá al frente de la situación, que calificó de grave.
“Se envió la solicitud a la auditoría del partido para que rindan un informe porque esas cuentas debieron haberse presentado hace rato y están extemporáneas. Quien no haya presentado las cuentas, incluso, les hace daño a las listas porque entonces la reposición de votos no se puede dar. Por eso estoy pidiendo un informe inmediato”, aseguró el congresista.
(Siga leyendo: José Jaime Uscátegui: ‘El presidente Petro es preso de la negociación con el Eln’).
Elecciones regionales 2023.
Mauricio Moreno. EL TIEMPO
Las sanciones
El mayor castigo es que mientras no haya informe no les dan el dinero de la reposición de votos. No obstante, como ya incumplieron con la fecha límite, son sujetos de sanciones entre los 18’497.637 y los 184’976.375 pesos.
Además, los partidos los puede sancionar incluso con la pérdida de la credencial como miembros de la colectividad.
Pero estos también se podrían ver afectados por el actuar de sus candidatos.
Se envió la solicitud a la auditoría para que rindan un informe. Quien no haya presentado las cuentas les hace daño a las listas porque entonces la reposición de votos no se puede dar
Si las colectividades no demuestran ante las autoridades electorales sus exigencias a los candidatos a presentar dicho informe, podrían ser objeto de investigación que puede llevar a la suspensión o privación de la financiación estatal, así como de los espacios otorgados en los medios de comunicación social que hacen uso del espectro electromagnético de la nación.
Este documento es el resultado del cruce de información de tres bases de datos: la de funcionarios electos, la de los 14.059 candidatos que no han presentado su informe –en enero eran 14.909– y la de los 114.615 aspirantes que sí cumplieron con su obligación.
MATEO GARCÍA
REDACCIÓN POLÍTICA