Una fuerte controversia se desató este fin de semana contra el gobierno de Gustavo Petro por cuenta de la ausencia de la delegación colombiana en la sesión extraordinaria del consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del viernes, en la que los países condenaron la represión del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.
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En la sesión, el consejo permanente adoptó una resolución en la que condenó al Ejecutivo de Ortega por “el hostigamiento” a la Iglesia católica y la persecución a la prensa y a las oenegés, y exigió al Gobierno que libere a los presos políticos.
Sectores de oposición al Gobierno han manifestado su rechazo, como el expresidente Álvaro Uribe, quien manifestó: “La Carta Democrática obliga a cumplir internamente con la democracia y a que se respete en todos los países signatarios como Nicaragua”.
Asimismo, el exalcalde de Medellín y excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, expresó: “La ausencia de Colombia en la OEA, no es otra cosa diferente a la complicidad con Nicaragua. Posición muy diferente a la de gran mayoría de Colombianos. ¡Lamentable!”.
El excandidato presidencial Sergio Fajardo escribió en su cuenta de Twitter que la ausencia de un delegado colombiano que condenara la situación en Nicaragua fue una gran vergüenza”.
Dicha resolución fue aprobada con 27 votos a favor, de los 34 miembros activos, uno en contra (San Vicente y las Granadinas) y cuatro abstenciones (Bolivia, El Salvador, Honduras y México). Pero durante el encuentro hubo dos ausencias importantes: la de Nicaragua, como era de esperarse, y la de Colombia.
La ausencia desató una fuerte polémica en varios sectores políticos, que se mostraron preocupados por la posición que asumirá el presidente con el Gobierno nicaragüense.
Vale la pena anotar que aunque el Gobierno Petro ya nombró a embajador de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, este aún no se ha posesionado en su cargo.
Luis Ernesto Vargas Silva
Luis Ernesto Vargas Silva
Vargas, oriundo de Cajamarca, Tolima, es abogado de la Universidad Libre de Colombia y especializado en derecho de familia de la misma institución, doctor en derecho privado, derecho de la persona y de la familia de la Universidad de Zaragoza (España).
Fue magistrado de la Corte Constitucional en el periodo comprendido entre el 1º de marzo de 2009 y el 28 de febrero de 2017, para el cual fue elegido por el Senado de la República. Desde allí presidió la Sala Especial de Seguimiento creada para la ejecución de la sentencia estructural T-025 de 2004 mediante la cual esa corporación declaró un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado.
Ocupó el cargo de comisionado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2017, tras terminar su periodo como magistrado de la Corte Constitucional, hasta el 31 de diciembre de 2019, para completar el periodo por el que fue elegido Enrique Gil Botero en junio de 2015.
Ha sido catedrático en varias universidades del país y conferencista internacional. Autor de numerosos ensayos en derecho procesal, como miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y como socio del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.
REDACCIÓN POLÍTICA
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