El pasado lunes, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley Jineth Bedoya Lima, presentada por la representante Catherine Juvinao. Este le exigiría al Estado que sus funcionarios estén capacitados para atender las violencias de género con enfoque, sensibilidad y responsabilidad. Al respecto, Jineth Bedoya, editora de género de EL TIEMPO, expuso los puntos claves de la iniciativa, que además se basa en las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su caso vs. el Estado colombiano.
Se viene el tercer debate, ¿qué expectativas tiene de cómo pueda irle al proyecto en el Senado?
Confío en que va a ser positivo, porque tengo la convicción de que el Congreso de la República ha entendido que las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mi caso necesitan tener un sustento jurídico para que realmente sean satisfactorias para todas las víctimas del país. Así que tengo la confianza en que en el Senado también van a entender la importancia de este proyecto de ley en particular.
La ley Jineth Bedoya Lima fue aprobada en segundo debate. Foto:LAURA HERNÁNDEZ
¿Se han planteado modificaciones?
Algunas, que realmente son mínimas, por parte de un congresista. Lo dejó como una anotación; quería que se cambiara el término de enfoque de género por derechos humanos. Y el argumento es muy claro con respecto a que, en esta ley en particular, el primero se refiere a la violencia que sufren las mujeres por su condición de mujer. Eso está documentado frente a la CIDH, también frente a los mismos derechos humanos, y es cómo el feminicidio, la violencia intrafamiliar o la violencia sexual siempre es ejercida por la condición de mujer de vulnerabilidad, de supuesta debilidad, de desigualdad frente al agresor. Por eso se conservó el término de violencia de género.
¿Cuál era el propósito de este congresista?
Su visión era que la ley no quedara encasillada en un término que en otro tipo de discusiones ha tenido desavenencias por la palabra género, y que se entienda de otra manera. Pero esto no está ligado a un tema religioso, doctrinal o de ideología, sino a unos derechos fundamentales de cara a una problemática que tiene el país que es la violencia ejercida contra mujeres y niñas.
Jineth Bedoya y Catherine Juvinao Foto:LAURA HERNÁNDEZ
La ley se refiere a realizar capacitaciones a los funcionarios públicos para que no haya revictimización ¿Quiénes serán los encargados de brindarlas?
Este proyecto de ley es para ratificar y darle soporte jurídico a lo que ordenó la CIDH. El programa para capacitar a los funcionarios públicos ya está avanzado, llevamos dos años trabajando en él. Ya tiene un pénsum académico, elaborado inicialmente por la Universidad de los Andes. En este momento está en revisión en la Escuela Superior de Administración Pública, que sería el ente encargado de dar la capacitación a todos los funcionarios públicos del país. Lo que estamos sustentando en la ley es que que quienes hagan esta capacitación deben tener una experticia en género, que hoy académicamente es comprobable. Hay especializaciones en derechos de las mujeres, maestrías con enfoque de género. Estarían encargadas estas personas con esta experticia, y profesionales en temas jurídicos y legislativos.
¿Qué consecuencias existirían para quienes no asistan a las capacitaciones?
Lo que pretende la ley es que cualquier funcionario o aspirante a un cargo público debe, como requisito, presentar el certificado de capacitación. Por ejemplo, si un médico quiere entrar al sistema de salud pública, debería primero hacer ese programa de capacitación y que el certificado garantice que tuvo los conocimientos básicos del marco legislativo colombiano, de la atención psicosocial a una víctima, de la forma como se deben abordar los casos de violencia de género. También aplicaría si se es policía, militar, fiscal, juez…cualquier funcionario público.
La Ley Jineth Bedoya Lima fue aprobada en segundo debate Foto:LAURA HERNÁNDEZ
La entrada en vigor de la iniciativa estaría a cargo del Ministerio de Igualdad, cuya existencia depende de cómo se desarrolle el debate en el Congreso ¿Qué ocurre con la ley en caso de que esta cartera deje de existir?
Para este segundo debate en la Cámara hicimos una observación: que se permita que todo el programa de capacitación de funcionarios públicos quede bajo la sombrilla de la Defensoría del Pueblo. Primero, porque nos da la garantía de que el programa tendrá una institución que lo apalanque y lo supervise porque la Defensoría existe por Constitución, no va a desaparecer. Segundo, es una entidad que es transversal y además independiente de todos los sectores públicos del país. Eso nos garantiza que la formación de cada funcionario estará regulada, recibirá supervisión y se garantizará la medición del impacto que esto genere. Porque no es solo hacer el curso o generar un programa de capacitación, sino medir en cifras eso cuánto nos va a ayudar para frenar la violencia contra las mujeres.
El proyecto dice que las entidades con mejor desempeño serán reconocidas ¿Cómo será este reconocimiento?
Un funcionario que ha hecho la capacitación pero incurra en revictimización, como el comisario de familia que envía como medida de prevención a la víctima a resguardarse en su hogar, pero allí vive el victimario, tendrá que ser sancionado por la Procuraduría. Esto, por no cumplir con la ley en cuanto a garantizar que una persona que haya afrontado violencia basada en género sea revictimizada por quien le presta la atención. O un policía que le hace repetir seis veces el testimonio a una víctima de violencia sexual. Eso acarrea una sanción disciplinaria. En el caso del reconocimiento, por ejemplo en el Congreso se destaca el mejor representante o senador. Se le quiere contar al país qué entidad del Estado está cumpliendo con las normas que garanticen que, de acuerdo a los estándares internacionales, se está cumpliendo con la normativa de cuidado de derechos humanos. El Estado ya será el encargado de mirar qué otro tipo de incentivos se pueden dar a las entidades para garantizar que capacitarán a todos sus funcionarios y que van a ser fieles a esa capacitación que van a cumplir.
ESTEBAN MEJÍA SERRANO
ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO
REDACCIÓN POLÍTICA